El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha decidido imputar a Volkswagen por el fraude de las emisiones de sus motores diésel. En un auto, el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional ha acordado iniciar un procedimiento contra la compañía alemana Volkswagen AG en calidad de investigada (antigua imputación) por presuntos delitos contra el medio ambiente, de fraude que causa perjuicio a una “generalidad de personas” y fraude de subvenciones.
Una vez notificado el auto, el juzgado ya ha cursado la Comisión rogatoria a Alemania, sede de la multinacional, que tendrá que designar a una persona para que la represente, así como abogado y procurador.
La causa se inició tras la presentación de sendas querellas por el Sindicato Manos Limpias y por la Asociación Internacional Antifraude para la Defensa de Afectados por Motores Volkswagen. La investigación judicial se centra en la presunta manipulación de determinados motores diesel de 4 cilindros del fabricante alemán, desvelado el pasado septiembre en Estados Unidos.
Según el relato del juez, el fabricante, para lograr fabricar un motor que consumiera poco, mantuviera gran potencia y al mismo tiempo no desprendiera gases por encima de los límites legales, introdujo un software capaz de detectar cuándo un vehículo estaba siendo testado, de manera que en ese momento de sometimiento a control, tuviera un funcionamiento menos eficiente y, por consiguiente, menos contaminante.
Una vez analizados los hechos y haciendo constar que el grupo Volkswagen ha reconocido públicamente esos hechos y la adopción de medidas para solucionar el problema, el juez ha decidido investigar estas conductas e imputar a Volkswagen “al objeto de poder tener conocimiento de las actuaciones y se le garantice, entre otros, el derecho de ser asistido por letrado y, en definitiva, el derecho de defensa en su más amplio sentido”.
El auto del juez recoge el informe del fiscal en el que solicitaba esta medida ahora acordada. Según el Fiscal, debe ser la empresa radicada en Alemania la que responda por su posible responsabilidad penal como persona jurídica porque “existen elementos que permiten indicar que Volkswagen AG y Seat, S.A. no actúan en el mercado cual compartimientos estancos, sino que aquella mantiene de hecho la dirección de sus actuaciones, cual correa de transmisión directa sobre ésta”.
Mientras en Estados Unidos el gigante alemán se va a gastar cerca de 15.300 millones de dólares en indemnizar a los conductores afectados con un mínimo de 5.100 dólares por vehículo, en Europa Volkswagen no ha ofrecido compensación alguna a los propietarios de los coches trucados. De hacerlo, tendría que hacer frente a una factura adicional de más de 38.000 millones de euros.
Esa diferencia de trato a sus clientes en Europa y Estados Unidos, unida a la actual falta de soluciones en el horizonte, han recrudecido la guerra judicial para exigir a la empresa alemana compensaciones. En el caso de España, el procedimiento en la Audiencia Nacional se suman las demandas individuales, de las que solo unas pocas están siendo valoradas por los jueces, y las demandas colectivas, canalizadas por las asociaciones de consumidores.