La red española de autopistas de peaje en explotación tiene una extensión de 3.404 kilómetros, una longitud por la que podría llegar a circularse a un máximo de velocidad de 140 kilómetros por hora, según una proposición no de ley presentada por el grupo popular en el Congreso de los Diputados.
Según datos de cierre de 2011 de la Asociación de Concesionarias de Autopistas de Peaje (Aseta), cerca del 22 % de las carreteras son autopistas de peaje, mientras que el 78 % restante corresponde a las autovías.
El pasado año, los ingresos de las concesionarias de estas carreteras alcanzaron los 1.820,6 millones de euros, un 0,65 % menos que el montante logrado un año antes.
Del conjunto de la red de autopistas de peaje, el 83,4 % pertenece a la Administración Central; el 6,4 % a Cataluña; el 5 % al País Vasco; el 3,3 % a Navarra; el 1,8 % a Galicia y el 0,10 % a Baleares.
Después de que el PP plantease hoy incrementar la velocidad máxima en estas vías desde los 120 a los 140 kilómetros por hora, el sector concesionario español confía en que esta medida repercuta en un aumento del tráfico de estas carreteras, consideradas más seguras.
Y es que, desde que comenzó la crisis en 2007, el tráfico en las autopistas estatales de peaje se ha desplomado un 27 % hasta el primer semestre del año, un periodo en el que se ha contabilizado una media de 15.775 vehículos diarios, un nivel que no se registraba desde hace catorce años.
Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Fomento, en los seis primeros meses del año la Intensidad Media Diaria (IMD) en estas vías se redujo además un 30 % desde los máximos que registraba este indicador hace seis años, justo antes de la desaceleración económica.
Desde 2006, el tráfico en las autopistas de peaje se ha reducido de forma progresiva, lo que, unido al sobrecoste de las expropiaciones, la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos, el incremento de los carburantes y la existencia -en muchas ocasiones- de carreteras gratuitas que cubren el mismo trayecto, ha llevado a muchas autopistas de peaje al borde de la quiebra.
Así, desde mayo, la AP-41, que conecta Madrid y Toledo; la AP-36, que discurre entre Ocaña (Toledo) y La Roda (Albacete); la R-3, entre Madrid y Arganda; la R-4, cuyo trazado discurre desde la M-50 (Madrid) hasta Ocaña (Toledo); la R-5, entre Madrid y Navalcarnero, y la que discurre entre Cartagena (Murcia) y Vera (Almería), se encuentran inmersas en procedimientos concursales.
La deuda de estas concesionarias asciende a 1.367,2 millones en el caso de la R-3, a 654,8 millones en el de la R-5, a 575 millones la correspondiente a la R-4, de 550 millones es la autopista de peaje Cartagena-Vera, de 522 millones la de la AP-36 y de 380 millones la AP-41.
Desde el inicio de la crisis, el tráfico diario en algunas de estas vías ha llegado incluso a desplomarse un 50 %, como es el caso de Madrid-Ocaña.
Atendiendo al tipo de vehículo, destaca el descenso que han protagonizado los vehículos pesados (camiones y autobuses), cuyo tráfico diario se remonta a hace diecinueve años.
Entre las principales concesionarias españolas se encuentra Iberpista, Abertis, Cintra (Ferrovial), Itínere (Citi), Globalvía (FCC), OHL o Iridium (ACS).
En este contexto, el Ministerio de Fomento, que investigar los “desorbitantes” sobrecostes de las expropiaciones, reconoce que mientras no se recupere el tráfico las alternativas son difíciles y, en estos momentos, las cuentas de compensación y los préstamos participativos son las “únicas herramientas financieras con las que se puede ayudar a las concesionarias con problemas”.