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La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha realizado un informe a petición del Ejecutivo de Pedro Sánchez en el que establece que con una renta mínima con un coste fiscal de solo 3.500 millones de euros se podría reducir en un 60,4% la pobreza severa en España beneficiando con esta medida a 1,8 millones de hogares.
La propuesta de la AIReF viene a modificar el planteamiento de renta mínima que los sindicatos CCOO y UGT llevaron al Congreso mediante una Iniciativa Legislativa Popular y propone una serie de modificaciones para “aumentar la eficacia de la prestación, mejorar su diseño institucional y asegurar la eficiencia y coherencia de la prestación con la situación fiscal de España”.
La AIReF responde así a la petición del Gobierno de Mariano Rajoy de analizar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), presentada a propuesta de los sindicatos UGT y CCOO en 2016 con el aval de 700.000 firmas, cuya finalidad era establecer una prestación de ingresos mínimos (426 euros para los ciudadanos sin recursos y en extrema pobreza) en el ámbito de la protección social de Seguridad Social.
En un extenso informe de 170 páginas al que ha tenido acceso en exclusiva eldiario.es, la institución que dirige José Luis Escrivá apunta que esta propuesta de renta mínima, desde el punto de vista de la eficacia, permite reducir la tasa de pobreza un 12,1% y un 27,6% la tasa de pobreza extrema, “no obstante, la falta de focalización en el objetivo principal, materializada en los requisitos para acceder a la prestación, dificulta una mayor reducción de la pobreza”.
Ante esta posición, la AIReF ha diseñado dos alternativas de actuación que incidirían, según sus cálculos, en una reducción de la tasa de pobreza severa mayor, con un coste fiscal inferior e incrementarían el número de hogares beneficiarios.
La primera alternativa propone dos tramos para la asignación de la prestación. Si los ingresos por hogar se encuentran por debajo del 20% de la mediana, los adultos percibirían una prestación cuya cuantía se situaría en el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), el índice empleado en España como referencia para la concesión de ayudas, y 1.200 euros/año por hija/o a cargo. Si los ingresos varían entre el 20% y el 60% de la mediana, se tendría derecho a 1.200 euros/año por hija/o a cargo. Esta medida afectaría a 1,8 millones de hogares y tendría una reducción del 60,4% de la tasa de pobreza severa mientras que el resultado en la caída de la tasa de pobreza sería mucho más modesta: un 2%.
La segunda alternativa también tiene dos tramos para la asignación de la prestación. Si los ingresos del hogar se encuentran por debajo del 30% de la mediana habría una ayuda decreciente desde el 80% al 10% del IPREM más un complemento por hija/o a cargo equivalente a 1.680 €/año. Si los ingresos del hogar oscilan entre el 30% y el 60%, los beneficiarios tendrían derecho a la asignación por hija/o a cargo de 1.200 €/año. Esta propuesta también afectaría a 1,8 millones de hogares, pero la reducción de la tasa de pobreza extrema sería menor, un 46%, mientras que la disminución de la tasa de pobreza sería de un 4,7%.
La AIReF destaca que su propuesta “podría sustituir las prestaciones existentes nacionales y autonómicas, permitiendo a las comunidades autónomas complementar la prestación tanto en términos de cobertura como de generosidad”. Su prestación “se encuadraría dentro del sistema de Seguridad Social como una prestación no contributiva y podría ser gestionada mediante el principio de ventanilla única a través de los trabajadores sociales de las corporaciones locales incluyendo el perfilado de los beneficiarios y la derivación hacía los servicios que necesiten, sean políticas activas de empleo o de lucha contra la exclusión social”.
Según el organismo supervisor “ambas alternativas tendrían un coste de 5.500 millones de euros, en lugar de los 7.000 millones de la propuesta de los sindicatos, con lo que se permiten alcanzar o superar los objetivos de reducción de la pobreza con un menor coste fiscal. Las alternativas propuestas tienen un menor coste fiscal, unos 1.500 millones de euros menos al que hay que añadir un ahorro en torno a 2.000 millones por la supresión de duplicidades, por lo que el coste neto sería de 3.500 millones de euros. Además, presenta entre un 50% y un 60% de mejores resultados en términos de reducción de la pobreza severa.
La propuesta de este nuevo sistema debería introducirse, según la AIReF, de manera gradual (3 años), lo que supondría “anualmente una décima más de déficit estructural, cuya compensación con otras medidas resulta factible”.
Resumen de la propuesta de renta mínima de la AIReF
Análisis de la propuesta de los sindicatos
En este sentido, el organismo supervisor apunta que la propuesta recogida en la ILP “reduce la desigualdad en la distribución de la renta un 4,2%. El índice de Gini, que mide la desigualdad de la distribución de la renta, toma un valor en 2017 de 0,341, que se reduciría con la introducción de la esta renta mínima hasta el 0,3267. El número de personas por debajo del umbral de pobreza, definido como el 60% de la renta mediana, se sitúa en torno a 9,9 millones de personas, un 21,6% del total de la población. Según la AIReF ”la introducción de la nueva prestación reduciría este número de personas a 8,7 millones de personas. Tomando un criterio más restrictivo de umbral de pobreza, el 30% de la renta mediana, la nueva prestación reduciría las personas bajo ese nivel de renta de 3,1 millones a 2,2 millones“
El problema de esta nueva prestación es que “no está totalmente focalizada en los segmentos inferiores de la distribución de renta”, de manera que “hay 7,5 millones de individuos pobres que no son beneficiarios” de esta renta mínima. El umbral de pobreza se sitúa en 2017 en ingresos de 8.522 euros.
“El establecimiento de una cuantía fija de prestación introduce ineficiencias en el sistema”, avisa la AIReF. La cuantía general corresponde con el 80% del IPREM, que se deja de percibir en cuanto se supere en un euro el límite de renta. En consecuencia, el coste marginal de obtener un euro de renta más por otros medios es muy elevado.
La AIReF destaca que “la necesidad de estar inscrito de manera ininterrumpida como demandante de empleo al menos durante los 12 meses anteriores a la solicitud supone identificar pobreza con desempleo de larga duración”, cuando hay otros factores causantes de la pobreza. En el último informe Foessa se vuelve a colocar a la vivienda como principal factor de exclusión social. Adicionalmente, la autoridad fiscal apunta que “la combinación de límites de renta individuales con límites de renta por hogar para percibir la prestación impide focalizar la prestación en los colectivos más vulnerables”.
La AIReF abunda en que el requisito de ser desempleado puede agravar los desincentivos de salida al mercado laboral identificados en algunos de estos programas, cuando este efecto parece mitigarse en el caso de aquellas prestaciones que permiten cierta compatibilidad con el empleo como es el caso de la Renta de Garantías de Ingresos del País Vasco.
Esta vinculación del desempleo de larga duración con el número de beneficiarios de la ILP y su coste fiscal hace que en 2014 se multiplicasen por 7 las cifras de 2008, pasando de 272.000 en 2008 a 1.929.000 en 2014 de personas que se acogerían a esta renta mínima utilizando como la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) desde 2004 hasta 2017. Asimismo, la proyección para los próximos años sería de una reducción notable de beneficiarios y coste fiscal.
“Elevado coste fiscal”
La prestación de la ILP de los sindicatos “presenta un elevado coste fiscal en relación con la reducción de pobreza severa que obtiene”, según el estudio de la AIReF, que lo cuantifica en para 2017 “en más de 7.000 millones de euros, con máximos que alcanzarían los 11.000 millones en situaciones de crisis graves y prolongadas y con riesgo de un efecto llamada que lo elevaría en 2.600 millones”.
La AIReF explica que el efecto llamada se produciría por los 515.000 parados de larga duración (12 meses en desempleo) que no están activamente buscando trabajo, según la ECV de 2017. Si esos individuos se inscribieran en un servicio público de empleo el coste de la renta mínima se incrementaría en 2.600 millones de euros, además de elevar artificialmente las tasas de actividad y desempleo.
Para el organismo supervisor “este elevado coste fiscal debe contextualizarse dentro de la situación actual de déficit estructural de las administraciones públicas en España superior a 2 puntos del PIB y de un nivel de deuda cercano al 100% del PIB. Por lo tanto, la creación de una nueva prestación debería enmarcarse en una estrategia fiscal a medio plazo creíble que asegure la sostenibilidad de las administraciones públicas”.
“Debilidades en el diseño institucional”
Además, la AIReF identifica “debilidades en el diseño institucional de la prestación” por el “evidente el solapamiento que se produciría con programas actuales tanto a nivel nacional (PREPARA, RAI, Subsidio Extraordinario de Desempleo…) como con los programas de rentas mínimas autonómicas”, añade que se da una “falta de integración con otras políticas sociales desarrolladas por las corporaciones locales” y “no define los sistemas de gestión, seguimiento y evaluación, que resultan fundamentales para establecer un proceso de mejora continua de todas las políticas públicas”.
La compatibilidad con otras prestaciones, especialmente con las rentas mínimas autonómicas no está resuelta en la propuesta sindical, resalta la AIReF. En el supuesto de que se eliminaran las rentas mínimas de las comunidades autónomas al incorporar la iniciativa de CCOO y UGT en las regiones con programas de rentas más generosos se produciría un impacto negativo en la distribución de la renta: Asturias, País Vasco y Navarra.