El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y el Ayuntamiento de Madrid han confirmado que mañana, jueves, tendrá lugar el anuncio del acuerdo alcanzado entre ambas instituciones y la sociedad Distrito Castellana Norte (DCN) sobre el proyecto conocido como Operación Chamartín.
Según el borrador sobre el que trabajan todas las partes implicadas (el Ministerio de Fomento, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y Distrito Castellana Norte, compañía formada por BBVA y la constructora San José), se reducirá la edificabilidad un 36% con respecto al plan inicial de la época de Ana Botella, informaron a Europa Press fuentes próximas a la mesa técnica que estudia el plan.
El número de nuevas viviendas quedaría en 10.500, por debajo de las 17.000 del plan del PP y por encima de las 4.600 que planteaba Ahora Madrid.
El Pleno de Madrid rechazó en mayo de 2016 la conocida como Operación Chamartín que planteaba para el norte de la ciudad la mayor intervención urbanística de Europa que iba a prolongar en 3,7 kilómetros el paseo de La Castellana -principal arteria de Madrid- con la urbanización de más de tres millones de metros cuadrados y la construcción de 17.000 viviendas.
Bajo el nombre de Madrid Puerta Norte, Carmena planteó en su día rebajar a la mitad el área urbanizable -1,7 millones de metros cuadrados- y reducir de 17.000 a 4.600 el número de viviendas construibles.
Fuentes municipales han avanzado una valoración positiva del acuerdo a presentar dado que ha sido liderado desde el Ayuntamiento y se ha basado en el proyecto presentado por el Gobierno municipal. Las mismas fuentes han remarcado que en este acuerdo la reforma y modernización de la estación de Chamartín constituye uno de los ejes clave del proyecto dado que Madrid “necesita una nueva estación de Chamartín, moderna y referencia en Europa”.
Comisión liderada por el Ayuntamiento
A finales de noviembre, el ministro de Fomento declaraba que “lo peor” que le podía pasar a la prolongación de la Castellana, la antigua “operación Chamartín”, sería “no hacer nada”, lo que le llevó a anunciar una comisión conjunta de trabajo, integrada por el Ministerio, el Consistorio, la Comunidad, ADIF, Distrito Castellana Norte y la comunidad de propietarios de Malmea, con el liderazgo del Ayuntamiento.
En esa rueda de prensa conjunta, y ante el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, y el presidente de ADIF, Juan Bravo, tanto el ministro como la alcaldesa, Manuela Carmena, pusieron el acento en la palabra “consenso”.
El área afectada sería de unos 2 millones de metros cuadrados, frente a los 3,2 millones planteados inicialmente, y se distribuirían en cuatro ámbitos.
Estas cuatro zonas responden a Fuencarral-Tres Olivos, Fuencarral Malmea, Las Tablas y el distrito de Negocios, que tendrían coeficientes de edificabilidad independientes. El uso residencial global también disminuiría, hasta un 36%.
Además, la gestión del plan pasaría a manos del Ayuntamiento de Madrid, controlando tiempos y actuaciones, de modo que los técnicos municipales son los que se encargarían de la reforma a través de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
El borrador también recoge que la estación de Chamartín se convertiría en el centro del nuevo barrio de servicios. Para compensar a los operadores privados de la reducción de sus plusvalías, el Ayuntamiento de Madrid asumiría el coste de las infraestructuras viarias previstas.