En la web de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) se pueden leer las bondades de los programas sociales de esta empresa semipública. Una entidad que fue creada para absorber los activos inmobiliarios tóxicos de los bancos por valor de más de 60.000 millones de euros. Sin embargo, los datos anunciados por la sociedad sólo reflejan la parte más amable de estas iniciativas dirigidas a “los colectivos más desfavorecidos”. Así sucede en el caso de su parque social de viviendas. La Sareb, participada en un 45% por el Estado a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y en un 55% por accionistas privados, asegura que ya ha cedido más de 2.350 pisos para que se destinen a alquiler social. Lo que no dice esta empresa, más conocida como el banco malo, es que las administraciones beneficiarias, 11 Comunidades Autónomas (CCAA) y seis ayuntamientos, han rechazado una de cada cuatro de estas viviendas.
El mal estado de los pisos, sobre todo, pero también su ocupación irregular han sido los principales motivos de rechazo. En menor medida, la imposibilidad de transformar las viviendas en espacios habitables y la oferta en ubicaciones donde no hay demanda social también han determinado su exclusión.
Todas las administraciones receptoras (menos Galicia, el País Vasco, Cantabria y Málaga, con el 100% de las viviendas comprometidas) esgrimen que las reformas necesarias para poner a punto estos pisos superaban el máximo estipulado por convenio. La cifra, de entre 5.000 y 7.500 euros, se debe abonar a partes iguales entre las administraciones beneficiarias y la Sareb. De hecho, las entidades usufructuarias han gastado en conjunto más de 1,2 millones de euros para actualizar aquellos pisos cuya intervención sí se ajustaba a estos criterios económicos.
“Se trataba de hacer una reforma integral”
“Ya sabíamos que las viviendas eran malas, pero estaban peor de lo que esperábamos”, aseguran desde el Servicio de Vivienda de Navarra respecto de los pisos rechazados. En la misma línea se expresa Vanesa Valiño, jefa de gabinete de la Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, para quien no sólo se trataba de actualizarlos, de arreglar la cocina, el baño y pintar, sino “de hacer una reforma integral”.
Las CCAA y los ayuntamientos consideran que ni tiene sentido, ni pueden asumir gastos superiores a los pactados, sobre todo porque se trata de cesiones en régimen de usufructo de una duración media de cuatro años. “No es una inversión inteligente de los recursos, [a partir de cierta cifra] es invertir dinero público para arreglar el problema de un privado” porque los pisos, explican desde Visocan, la empresa pública canaria de promoción de la vivienda, no son del gobierno.
La Sareb alega que “no eligió los inmuebles que le fueron transferidos, ni el estado en el que se encontraban” y que “una vez se ofrece un paquete de viviendas a una administración, se inspeccionan, se revisan, y se descartan las que no cumplen las condiciones”. Además, la sociedad semipública defiende que su programa social debe acompañar el cumplimiento de la misión de la Sareb, es decir, su obligación de vender todos los activos que adquirió de los bancos antes de noviembre de 2027.
De momento, las administraciones cuentan con 1.779 de los 2.390 pisos conveniados. Una cifra que toma mayor significado si tenemos en cuenta que Jaime Echegoyen, presidente de la Sareb, amplió, en 2015, a un total de 4.000 los inmuebles que esta empresa quería destinar al alquiler social. Así, tres años después de su anuncio, sólo el 44% de estas 4.000 viviendas son o están en disposición de convertirse en alquileres sociales en un país que tiene uno de los parques de vivienda social más pobres de Europa y que se gastó 64.900 millones de euros en rescatar a los bancos.
“Hay muchos temas como el estado de los pisos cedidos, el coste de las reformas o la ubicación de los mismos en los que nos cuesta mucho ponernos de acuerdo con la Sareb y eso ha retrasado un proceso ya de por sí muy lento” reconocen fuentes de Visocan. Algo que ha sucedido en buena parte del resto de gobiernos municipales y autonómicos. De hecho, de las 1.779 viviendas conveniadas y aceptadas por las administraciones sólo cerca de 900 ya funcionan como alquileres sociales (sin contar con los casos de Cantabria y el municipio de Hospitalet del Llobregat, en Catalunya, que al cierre de este reportaje no han facilitado datos claros al respecto).
Navarra y Aragón no han aceptado ningún piso
El gobierno de Navarra, que no ha aceptado ninguno de los 30 pisos acordados, resume así la situación: “Algunas viviendas no cumplían con las condiciones de habitabilidad, algunas estaban ocupadas, en una había una plaga de cucarachas…”. Con todo, el detonante de la renuncia fue, aseguran las mismas fuentes, el error por parte de la Sareb de la dirección de uno de los domicilios. “Casi se entra por la fuerza en una vivienda propiedad de ciudadanos particulares; pensamos que aquello no era serio y le dimos fin”, explican.
Aragón, como Navarra, ha rechazado todos los pisos de la Sareb. De acuerdo con el actual gobierno socialista “revisando los términos del convenio [firmado en febrero de 2015 por el anterior ejecutivo popular], el estado y la ubicación de las viviendas ofertadas, se estimó que no podía ser ratificado”. Fuentes del departamento de Vivienda afirman que los pisos cedidos, 25 de los 80 acordados, precisaban inversiones de entre 6.000 y 9.000 euros y que esto “resultaba inadmisible” teniendo en cuenta que, en el acuerdo suscrito en el caso aragonés y a diferencia del resto de convenios, Sareb sólo estaba obligada a abonar 600 euros por piso.
Otras muchas comunidades solamente han podido incorporar una parte de los pisos comprometidos a su parque social. Andalucía, por ejemplo, cuenta con 219, el 55% de los pactados y Extremadura, con 25 de los 45. En ambos casos, la Sareb ofreció menos viviendas de las acordadas, algo que difiere de la tendencia general. En términos globales, la empresa semipública ha cedido más pisos de los conveniados aunque buena parte de ellos no cumplieran con los requisitos estipulados. En este sentido, el caso de Islas Baleares es más paradigmático: la Sareb ofreció 83 viviendas de las 75 pactadas y el gobierno balear se quedó con 45.
Tanto en el caso de Andalucía y la comunidad balear, como en el de los ayuntamientos de Madrid, Barcelona y Sevilla, a la casuística del mal estado de las viviendas hay que sumar la de las ocupaciones sin posibilidad de regularización. La Sareb justifica que estas viviendas deben cederse porque es la administración pública quien tiene la potestad de regularizar la situación de los inquilinos. Con todo y pese que algunos convenios recomendaban un cupo máximo de viviendas ocupadas irregularmente, la cifra prefijada en estos contratos, como ha sucedido en la capital andaluza, se ha superado en diversas ocasiones. Sevilla ha aceptado 6 de los 15 pisos que marcaba el acuerdo y Madrid sólo ha incorporado un 36% del total.
Vanesa Valiño, jefa de gabinete de la Concejalía de Vivienda Ayuntamiento de Barcelona, asegura que, en las negociaciones con la Sareb, el gobierno municipal estableció que no aceptaría pisos ocupados si las familias no se encontraban en una situación vulnerable y, por consiguiente, su situación en el piso no podía ser regularizada. La regularización in situ, sin embargo, no funciona en todas las administraciones, muchas de las cuales exigen a los ocupantes que abandonen el domicilio para luego evaluar si pueden beneficiarse de un piso social.
“Si los inquilinos de la Sareb generan problemas con la comunidad o tienen suficiente capacidad económica para pagar el alquiler [y no lo están haciendo], la Sareb es la que debe gestionar el procedimiento de desahucio”, considera Valiño. La jefa del gabinete municipal afirma que algunos de los pisos rechazados por el Ayuntamiento de Barcelona, que cuenta con 173 de los 200 conveniados, eran inhabitables. “Se trata de pisos que no pueden cumplir con las condiciones de la cédula de habitabilidad ni invirtiendo todo el dinero del mundo. Rechazamos un sótano que, por ejemplo, no tenía ventilación”, precisa Valiño. No se trata de un caso aislado, el ayuntamiento de Madrid, las Islas Baleares y Cantabria, pero también Catalunya y Castilla y León, dos comunidades donde el balance del acuerdo ha sido muy satisfactorio, se han encontrado con el mismo problema.