Los ayuntamientos se niegan a pagar los nuevos ‘distritos de compras’ ideados por Guindos
Las Áreas Comerciales Urbanas (ACU), la última idea del Ministerio de Economía para diversificar la oferta turística nacional y resituar a España como uno de los principales destinos mundiales, también en el ámbito del turismo de compras, se han topado con un importante escollo: la oposición frontal de los ayuntamientos a que se financie con cargo al IBI los servicios adicionales asociados a la puesta en marcha de estas zonas comerciales.
Las ACU o BID, Business Improvement District, según su denominación original en inglés, son una novedosa fórmula de gestión público-privada de espacios comerciales abiertos que permite a los comerciantes de un barrio determinado implicarse en la gestión y prestación de servicios del mismo para mejorar su imagen y resultar así más atractivos para los consumidores.
Este formato jurídico tiene importantes ventajas para los vendedores, ya que les permite impulsar la mejora de servicios que no son de su competencia, como la limpieza, el mantenimiento de las calles, la vigilancia y la seguridad, el diseño urbano o incluso la regulación del transporte público, en el ámbito en el que operan y sin tener que esperar a la acción de la iniciativa pública.
En los países anglosajones, donde empezó a utilizarse esta fórmula de colaboración público-privada, la dotación de estos servicios extra se ha venido financiando mediante el cobro de una tasa específica a los comerciantes agrupados en alguna de estas ACU, de forma que tienen derecho a unos servicios mejorados… a cambio de financiarlos.
Sin embargo, la versión española de este modelo, que el Ministerio de Economía ha plasmado en un borrador de proyecto de ley reguladora de centros comerciales abiertos, prevé un sistema de financiación algo diferente y, sin duda, más controvertido.
En concreto, prevé que las obras de acondicionamiento de los espacios públicos de esta suerte de ‘distritos de compras’ y la dotación de servicios extra sean financiados por las propias empresas, sí, pero con los recursos liberados por la aplicación de una bonificación del 95% sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que les corresponde pagar por los locales que ocupan.
El sistema tiene la virtud de estimular la mejora de los principales espacios comerciales del país sin grandes sobrecostes para el castigado tejido empresarial… pero supone un importante rejón para las cuentas municipales, que tienen al IBI como su principal sostén.
No extraña, por tanto, que la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), la principal organización representativa de los ayuntamientos españoles, haya trasladado formalmente al Ministerio de Economía su absoluto rechazo a estos planes.
El problema: la financiación
La FEMP considera que el proyecto gubernamental ataca la autonomía municipal, entra en competencias que no le corresponden al Estado y modifica un impuesto radicalmente local, como es el IBI.
“Consideramos positivo y necesario el impulso a las Áreas Comerciales Urbanas entendidas como una forma de colaboración público-privada en el ámbito del Gobierno Local, pero cualquier modificación que afecte al IBI ha de analizada con detalle en la Comisión Nacional de Administración Local y contemplada en la normativa de Haciendas Locales, no en una ley sectorial”, ha recalcado el organismo a través de uno de sus órganos de expresión, la publicación 'Carta Local'.
El asunto de la financiación de las Áreas Comerciales Urbanas viene a alimentar el descontento existente con el Gobierno en el mundo del municipalismo por la ausencia total de medidas en su ámbito dentro de la reforma fiscal.
De hecho, la Federación de Municipios ha forzado al Ministerio de Hacienda a constituir un grupo de trabajo para analizar diferentes aspectos de la fiscalidad local.
Precisamente, una de las cuestiones en que hacen más hincapié los asesores de la Federación de Municipios en materia de fiscalidad es en limitar la acción del Estado y de las comunidades autónomas en la aprobación de incentivos y bonificaciones en impuestos locales, singularmente en el IBI, ya que se traducen en menos ingresos para las arcas de los ayuntamientos y, en muchas ocasiones, se orientan a aspectos que no son de competencia municipal.
