La banca busca una vía para proteger a los hipotecados vulnerables presionada por el Gobierno

Primero fue la atención a los clientes de mayor edad. Después, los servicios en las zonas rurales. Y, próximamente, la protección para los hipotecados más vulnerables frente a la subida de los tipos de interés. La vicepresidencia de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha emplazado a la banca a alcanzar su tercer acuerdo sectorial en lo que va de año para afrontar los problemas que pueden tener los hogares para devolver sus préstamos por la subida de precios y de tipos de interés. Con ello, el Gobierno camina de nuevo en la senda de la “autorregulación”, es decir, compromisos que no se convierten en ley, para solucionar problemas del sector bancario.

Las negociaciones para este tercer acuerdo ya han comenzado. Sobre la mesa están las tres patronales del sector. De un lado, la Asociación Española de Banca (AEB), que engloba a Santander, BBVA, Sabadell y Bankinter, entre otros. Por otro lado, se encuentra la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), que aglutina a las antiguas cajas, fundamentalmente CaixaBank y, en menor medida, Unicaja, Kutxabank o Abanca. Por último, también participa Unacc, la patronal que une a las cajas rurales y cooperativas de crédito. Sigue de cerca la evolución de las conversaciones la Vicepresidencia que dirige Nadia Calviño, que emplazó a los bancos la semana pasada.

Pese a algunas filtraciones, el sector guarda todavía cautela por unas negociaciones que acaban de empezar y que no cuenta todavía con ningún acuerdo concreto. “Está muy verde”, comentan algunas fuentes del sector consultadas por este medio. Entre la banca se trabaja sin un calendario fijo para llegar a un plan que mejore la situación de los hipotecados más vulnerables, pero a quienes se pregunta reconocen, sin querer identificarse, que se aprecia la presión del Ministerio para que se llegue a un entendimiento pronto.

Es la tercera vez que las patronales del sector reciben un encargo de este tipo en lo que va de año. En la primera ocasión, a comienzos de curso, una campaña por la atención de las personas mayores en las sucursales llevó a Calviño a reclamar medidas para paliar esta exclusión. Aquella iniciativa se saldó en un decálogo de medidas genéricas. La segunda vez ha sido hace apenas unas semanas, cuando el sector presentó al Ministerio un método para mantener servicios financieros en población rural. Entre otras cuestiones, los bancos se comprometieron a poner cajeros de marca blanca en municipios sin oficina si no proponían otra solución en los próximos seis meses.

Ahora la materia es, si cabe, más compleja. La guerra de Ucrania y la crisis de precios ha llevado a que desde la pasada primavera subiera de manera continuada el euríbor, la referencia que marca el coste de las hipotecas variables. Los clientes a quienes les toque ahora una revisión de su hipoteca verán cómo tras años con un euríbor en negativo, se va a producir una subida del coste de la mensualidad. A ello se suman los precios de la luz o la subida del coste de la cesta de la compra. Esta tormenta perfecta para muchos hogares puede provocar problemas para afrontar los pagos. Es por ello que desde hace unos meses se ha asentado en el debate económico la idea de plantear opciones para evitar que esta situación se traduzca en impagos o desahucios como en el pasado. Unidas Podemos ha planteado la idea de poner límites a las subidas por decreto, aunque en el Ministerio de Asuntos Económicos, responsable de la materia, aboga por esta vía de “autorregulación”.

Congelar subidas

En esto trabaja la banca, con reuniones entre las tres patronales. Las antiguas cajas de ahorros y los bancos se encuentran en organizaciones separadas pese a que, en la práctica, son el mismo negocio. Aunque la coordinación es habitual y es común la publicación de comunicados conjuntos, en el sector no se esconde que hay una diferencia de planteamientos entre las entidades.

Hace unos días, El Periódico de Catalunya informó de que CaixaBank había propuesto una congelación de 12 meses de las subidas de tipos. Estas cantidades pasarían a cobrarse al final de la duración del contrato, aplazando el impacto para los hogares. Fuentes de CaixaBank no confirman que haya salido de la entidad, cuyo segundo accionista es el Estado, aunque en el sector se señala como una de las propuestas que hay sobre la mesa. Esta idea, sin embargo, no convence a todos y hay quien expresa sus dudas, apostando en lugar de por una única propuesta por un abanico de posibilidades que permita una atención más individualizada de cada caso.

En la banca se habla de que uno de los principales puntos de esta negociación será delimitar adecuadamente quiénes son los clientes vulnerables. Esto pasaría por ampliar las definiciones que ya se manejan en el sector como en el caso del código de buenas prácticas que las entidades tienen firmado desde hace años para acometer alternativas de renegociación en situaciones de posibles impagos. Sin embargo, en el sector se defiende que no se trata de un problema urgente. Aseguran que los datos de morosidad siguen bajando y que por el momento no se espera un aumento generalizado de los impagos. Si se acomete ahora, señalan, es por la presión política.

Código de buenas prácticas

Todo apunta a que la base para este acuerdo sectorial será el del código de buenas prácticas que firmó el sector hace una década y cuya última modificación se produjo en 2019. Este texto iba encaminado a desarrollar políticas de protección de deudores hipotecarios. Aquel texto incluía alternativas a las que se comprometía el banco que hubiese firmado el código con sus clientes. Esto era: un límite a los intereses de demora en caso de impago, modificar condiciones, acordar un periodo de carencia o ampliar el plazo de devolución hasta los 40 años. A ello se suma también la última ley de crédito hipotecario, aprobada en 2019 y que dota de más derechos a los clientes.

Sin embargo, la propia Calviño reconoció hace una semana que estas medidas estaban “diseñadas en un momento muy diferente al actual”. “Esta crisis puede afectar a la capacidad de pago de familias que en otro contexto no tendría problemas”, apuntó. Desde el Ministerio se explica que no existe un calendario marcado para este plan, aunque distintas informaciones hablan de finales de este mes o la primera mitad de noviembre. Asuntos Económicos pretende que de la negociación de la banca se pueda extraer un análisis certero del problema y conocer las posibilidades más adecuadas para ayudar a estos deudores hipotecarios.

En el sector se resta gravedad a la situación actual de los deudores hipotecarios y se evitan las comparaciones con el contexto de la crisis financiera. Se habla de una normalización de los tipos de interés que vuelven, en muchos casos según aseguran, a los niveles en los que los hogares firmaron originalmente sus hipotecas. Sin embargo, no se esconde que el último de los objetivos de la banca es verse de nuevo con un volumen de activos inmobiliarios difíciles de gestionar y que podría devenir en pérdidas. Es por ello que se muestran abiertos a buscar soluciones. Con matices. El acuerdo deberá concretar bien la población que puede adherirse a las propuestas y, en ningún caso, debería traducirse en exigencias regulatorias como la formalización de provisiones.

Así, no es descartable que la solución a este proceso se base en las medidas que ya existen en el código de buenas prácticas y a las que se sumen otras nuevas ideas que puedan surgir y que todavía no se han concretado. La diferencia respecto a aquel texto se fundamentará en la definición que se dé de cliente vulnerable para intentar que el número de clientes que puedan beneficiarse sea mucho mayor. Ese número tendrá que encontrarse en un punto intermedio entre las pretensiones del Gobierno y las del sector bancario. En las próximas semanas, el resultado.