El Banco de España calcula que el paquete anticrisis del Gobierno restó 2,3 puntos a la inflación de 2022 y elevó el PIB un 1,1%

El Banco de España calcula que las medidas de apoyo contra la crisis energética desplegadas en 2022 por el Gobierno (bajadas del IVA, bonificaciones a los carburantes, tope al precio del gas en la generación eléctrica...) tuvieron un impacto positivo sobre la tasa de crecimiento del PIB de 1,1 puntos porcentuales y redujeron la inflación en 2,3 puntos.

El organismo ha publicado este martes un capítulo especial sobre energía de su informe anual de 2022. En él explica que la denominada solución ibérica “habría tenido una notable incidencia a la baja sobre la inflación en nuestro país durante 2022”. 

La entidad, dice su director general de Economía y Estadística, Ángel Gavilán, no tiene una lectura “positiva ni negativa” del tope al gas, al no ser especialistas en mercado eléctrico. Pero “nuestro análisis es que ha reducido la inflación en la economía española en torno a medio punto en el conjunto de 2022” y ha tenido “un impacto importante sobre la inflación y sobre la actividad”, favoreciendo el consumo y la inversión de las empresas. En 2022, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la economía española creció un 5,5% pese al histórico golpe de la inflación, que fue de media del 8,3%.

En su informe, el Banco de España critica una vez más que la mayoría de medidas del Gobierno para mitigar el zarpazo de la inflación por la guerra en Ucrania “han tenido un carácter generalizado y no han estado focalizadas en los colectivos más vulnerables”. Valora “positivamente” una que sí lo está, la ayuda de 200 euros destinada a hogares con bajo nivel de renta y riqueza aprobada a finales del año pasado. Pero también ve margen de mejora.

El organismo estima que este cheque para familias con rentas de menos de 27.000 euros al año y cuyo patrimonio no supere lo 75.000 podría beneficiar a unos 3,6 millones de hogares, que suponen en torno a la mitad de los que están situados en el 40% que menos renta tienen, y de los que un 51% presentan un gasto energético desproporcionado, un claro indicativo de pobreza energética.

Sin embargo, la entidad propone que a la hora de conceder estas ayudas, y para optimizar el uso de los recursos públicos, se tenga en cuenta no solo el nivel de renta, sino cuál es la estructura de gasto de los hogares más pobres.

El documento señala que las medidas adoptadas a escala europea ante la invasión rusa y la capacidad de la UE para reducir su demanda de gas (un 13% en 2022) han evitado escenarios “muy disruptivos”, como cortes generalizados de suministro o contracciones muy intensas de la economía, al poder sustituir gran parte de las materias primas que se importaban de Rusia por las de otros proveedores.

La entidad reconoce la rápida respuesta comunitaria a la onda expansiva derivada de la invasión de Ucrania, con el programa REPowerEU, y las medidas de naturaleza “muy diversa” de los países de la UE: de límites de precios en energía o alimentos a medidas para el sostenimiento de rentas, con un esfuerzo equivalente a unos 2 puntos del PIB.

Pese al shock inflacionista, en el tramo final de 2022 y a comienzos de 2023 la actividad económica europea ha mostrado una considerable resiliencia, con un comportamiento mejor de lo esperado. Y el pico de inflación “parece haber quedado atrás”, pese a la “considerable resistencia a la baja” de la inflación subyacente y la de los alimentos. España, que fue de los primeros países en sufrir el golpe de la inflación, está experimentando, recuerda, “una desaceleración más rápida de la inflación general”, como consecuencia del tope al gas y de la configuración de la tarifa regulada de la luz, directamente vinculada al mercado mayorista eléctrico.

Prudencia

Pero el organismo cree que aún es pronto para valorar si las economías europeas podrán consolidar en el futuro la capacidad que han demostrado para ajustar a corto plazo su demanda de energía y reconfigurar sus fuentes de suministro. Y factores coyunturales que han favorecido estos ajustes, como un invierno suave y la reducción de las importaciones de gas de China, podrían desaparecer.

“Si estos factores revirtieran a corto plazo —China ya abandonó su política de «COVID cero» a finales del año pasado— y se materializaran ciertos escenarios adversos, no se pueden descartar nuevos tensionamientos en los precios del gas natural en Europa ni la posibilidad de que se produzcan episodios de desabastecimiento de este combustible en algunos países de la UE [no en España] durante el próximo invierno”.

“Mirando las dinámicas más recientes de los futuros para finales de 2023 se espera un aumento no muy significativo pero apreciable del precio del gas. Llegará el invierno, habrá que rellenar inventarios y posiblemente la demanda china se incremente”, resume Gavilán.

El informe avisa del riesgo de pérdida irreversible de tejido industrial en la UE si Europa no rebaja sus costes energéticos. Si “persistiera” el diferencial de la UE en los precios de la energía respecto al resto del mundo observado en el último año, “se produciría un descenso apreciable de la producción industrial europea, que se sustituiría por importaciones, especialmente en los sectores productores de insumos intermedios, como la metalurgia, los productos químicos, los papeleros y los plásticos”.

En pleno debate en Bruselas sobre la reforma del mercado eléctrico, para la que España pide más ambición a la Comisión Europea, el organismo subraya que alcanzar los “muy ambiciosos” compromisos de descarbonización que se han fijado es “un desafío de una extraordinaria envergadura”. La transición energética, de cuyo carácter inflacionista ya ha advertido la entidad, implica desafíos tecnológicos y relacionados con la demanda de materias primas, como las tierras raras, escasas en la UE, lo que podría dar lugar a nuevas dependencias externas de terceros países. 

Lo positivo: que el impulso a las renovables “podría suponer una gran oportunidad para nuestra economía”, dado España “es el segundo país de la UE con mayor potencial de producción de energía eólica terrestre y el primero de energía solar, y cuenta con empresas que son líderes mundiales en estos sectores.

Financiación común

El Banco de España recuerda la importancia de dar certidumbre regulatoria a los inversores para incentivar ese despliegue. Y advierte de que el esfuerzo económico que va a requerir los próximos años la descarbonización excede el presupuesto europeo actual y las posibilidades de muchos países, por lo que se requerirán avances más decididos en su financiación común. Por ejemplo, a través de una capacidad fiscal permanente a escala europea. 

Gavilán pone el ejemplo de un Next Generation que podría ser “permanente”, a expensas de la reforma de las reglas fiscales que se está debatiendo en Bruselas: “Ante retos estructurales y comunes a la UE para producir bienes públicos europeos, tiene sentido que lo financiemos de manera permanente con fondos comunes para que unos países no avancen más rápido” que otros por tener más margen fiscal. 

El organismo también advierte de que “sin la participación activa del sistema financiero no será posible canalizar, de forma eficiente, el cuantioso volumen de recursos que se requiere para abordar la transición ecológica”.

Otras asignatura pendiente para reducir la dependencia energética de la UE y abordar la transición ecológica es mejorar las interconexiones para mejorar la integración del mercado de luz y gas en Europa, capítulo en el que España tiene mucho recorrido por delante. De finalizarse los proyectos de interconexión eléctrica europea actualmente planeados, reduciría permanentemente un 2,5% los costes eléctricos mayoristas, según cálculos de la Comisión Europea que recoge el informe.

Otro reto pendiente son las grandes diferencias entre países en la forma de trasladar los precios mayoristas de la luz a lo que paga el consumidor. En España esa traslación, recuerda el informe, es “rápida e intensa”, al estar indexada la tarifa regulada al denominado pool. La entidad da la bienvenida a la reforma del precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC) que ultima el Ejecutivo y que exige Bruselas.

Otro factor diferencial en esa traslación al consumidor final es el distinto peso que tienen los impuestos y otros conceptos regulados en la factura energética final: España, recuerda, tiene menos presión fiscal que la media europea en los carburantes. También son inferiores los impuestos y costes regulados en la factura del gas y la luz, si se exceptúa a los hogares. 

Pero el Banco de España cree que cargar partidas a los Presupuestos, como llevan años pidiendo las eléctricas, no tendría sentido si no se acomete una reforma fiscal integral que está pendiente y debe incorporar por ejemplo criterios de fiscalidad ambiental para impulsar la transición verde, que como recuerda su director de Economía y Estadística, “previsiblemente será inflacionaria”.