El Banco de España admite, “como ha quedado constatado en los últimos trimestres”, que la transición ecológica “puede tener una incidencia muy significativa sobre el nivel de la inflación”. Pero, a medio y largo plazo, también es innegable que el cambio climático implica una grave amenaza social y para el crecimiento, sobre todo si no se actúa desde ya para mitigar el impacto y favorecer la transformación de la actividad económica.
Según explica la institución en su Informe anual 2021, “en efecto, una parte del fuerte repunte de los precios que ha tenido lugar a escala global desde principios de 2021 ha estado asociada a las políticas que los diferentes gobiernos mundiales han venido adoptando recientemente para impulsar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en sus economías”.
La lucha contra el calentamiento global y “los riesgos físicos” que conlleva (inundaciones, incendios, desertificación, tornados, sequías...) aceleran la inflación por distintos motivos. Por ejemplo, el impacto directo de los impuestos medioambientales o de los derechos europeas de emisión de CO2 (diseñados para reducir los gases de efecto invernadero) sobre los precios de la energía.
Pero también el impacto indirecto de esta fiscalidad, de las inversiones para favorecer la transición ecológica (en las mismas energías verdes, en la movilidad eléctrica o en el consumo general sostenible) o el incremento del gasto público para paliar las múltiples perturbaciones y la extinción gradual de las actividades más contaminantes.
Según los patrones de consumo actuales, son las familias con menos ingresos, las más grandes o las que tienen un menor nivel educativo, junto con aquellas cuya cabeza tiene entre 35 y 45 años y las que viven zonas rurales las que más sufren la inflación verde.
Unas conclusiones bajo las que Ángel Gavilán, director general de Economía y Estadística del Banco de España, pide acción para luchar contra el cambio climático y, al mismo tiempo, medidas públicas, “temporales y específicas”, para proteger las colectivos más afectados y ayudarles en la transformación.
Ayudas tanto en el desarrollo de nuevas infraestructuras, la adquisición de equipamientos adecuados o el acceso a información, como en la adaptación a nuevas actividades. O, desde otro punto de vista, en la permisividad con las regiones en desarrollo y la mayor exigencia en sostenibilidad a las más ricas. Y lejos del descuento general a los hidrocarburos o las bajadas de impuestos a la energía incluidas en el Plan de respuesta a la guerra en Ucrania.
Pérdidas por hasta 8 puntos del PIB mundial hacia el año 2.100
El propio banco central recoge en el informe la estimación de NGFS (Red para la ecologización del sistema financiero, desde sus siglas en inglés) de un golpe de hasta 8 puntos porcentuales hacia el año 2.100 en el Producto interior bruto (PIB) si se mantienen las políticas actuales. “Unas pérdidas” que serían de 2,5 enteros si, por el contrario, se alcanzaran las cero emisiones netas en 2050, según la misma previsión.
Para nuestro país, Ángel Gavilán, director general de Economía y Estadística del Banco de España, incide en que el cálculo sobre el impacto es muy incierto. Así como valorar si España saldrá más o menos perjudicada de la transición ecológica respecto a otras economías comparables de la Unión Europea (UE) es imprudente, pese a la conocida ventaja en la generación de electricidad con energías como la solar o la eólica. “El porcentaje de renovables debería aumentar del 43% en 2020 al 74% en 2030”, afirma.
Aunque el economista reconoce su efecto en los precios. “La mitigación del proceso de cambio climático y la adaptación de las economías a este no solo afectarían al nivel de la inflación, sino también a su volatilidad”, recalca.
“Por una parte, un amplio abanico de estudios señala que, en la medida en que el proceso de calentamiento global está asociado con la ocurrencia de fenómenos meteorológicos adversos cada vez más intensos y frecuentes, los precios de determinados productos —como los alimentos— posiblemente presentarán una mayor volatilidad en el futuro. Por otra parte, las distintas políticas económicas desplegadas para favorecer la transición ecológica también podrían incrementar la volatilidad de la inflación”, detalla el documento publicado por la institución.
Ejemplos de subidas de precios
Buscando un ejemplo concreto del impacto de la lucha conta el cambio climático, y de las políticas para la transición ecológica, se observa que tras el anuncio por la Comisión Europea del paquete legislativo Objetivo 55, el 20 de julio de 2021, el precio de los derechos de emisión en la UE se incrementó un 56% —un 142% a lo largo de todo el año 2021—.
“Una vertical escalada que supuso una presión al alza adicional sobre el precio de la electricidad, tanto en los mercados mayoristas como en los minoristas”, continúa el Banco de España.
Otro efecto concreto y que se multiplica son los cuellos de botella que se están sufriendo en el comercio mundial al coincidir en el tiempo muchos y grandes actores económicos en el proceso de transición ecológica. Multinacionales y países que demandan, de golpe, grandes cantidades de litio o cobre, y de otros materiales relacionados con la electrificación de la movilidad o con la conectividad.
Los que más sufren el cambio climático y la inflación 'verde'
“El impacto de los riesgos físicos y de transición asociados al cambio climático podría ser muy dispar entre individuos, en función no solo de su lugar de residencia, sino también, entre otros aspectos, de su estado de salud, edad, nivel educativo y renta”, se detiene el Banco de España.
Así, por ejemplo, un gran número de estudios apuntan a que tanto el calentamiento global como los altos niveles de contaminación atmosférica podrían tener un considerable impacto negativo sobre la salud de las personas, incidencia que sería particularmente adversa en niños, ancianos y personas con enfermedades crónicas.
“En el mismo sentido, parece probable que aquellos hogares con un mayor nivel de renta o de formación podrían gozar de un margen de maniobra más amplio para adoptar diversas medidas que les permitan una mejor adaptación a los distintos riesgos vinculados al cambio climático”, observa la institución en su informe.
“El patrón de consumo de los hogares españoles con menores niveles de renta mostró un mayor contenido en carbono”, continúa el banco central, y añade: “La intensidad de las emisiones de CO2 por euro gastado también varía de manera acusada con la edad [ver gráfico]”.
La cantidad de emisiones por euro gastado también es mayor entre los hogares españoles con menor nivel educativo, los que no son propietarios de su vivienda, los más numerosos y los que residen en municipios de menor tamaño.
“A la luz de esta evidencia, sería conveniente que las políticas públicas articularan mecanismos para compensar, con carácter temporal, a los hogares más vulnerables dentro de cada uno de estos colectivos por los mayores costes que la transición ecológica les podría suponer”, advierte el Banco de España.
Según argumenta, la necesidad de desplegar este tipo de medidas compensatorias también estaría justificada con el objetivo de lograr el suficiente e imprescindible “consenso social” para llevar a cabo el profundo proceso de transformación estructural que la economía y la sociedad necesitan abordar en los próximos años para enfrentar los importantes desafíos climáticos futuros.
La debilidad de este consenso se refleja en que España se encuentra entre el grupo de economías de la UE en las que la fiscalidad medioambiental presenta una menor recaudación relativa de manera persistente durante las dos últimas décadas.
El diferencial de recaudación de nuestro país con el promedio europea “se explica en buena medida por una menor tributación sobre la energía, y en particular por los impuestos sobre los hidrocarburos. Un tercio del diferencial recaudatorio de España se debe a una menor imposición sobre el transporte”, concluye el informe.