El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, compareció este miércoles en la comisión de economía del Congreso de los Diputados para presentar el informe anual de la institución y pidió que pensionistas y funcionarios se incluyan en el pacto de rentas, el mecanismo de negociación colectiva que debería repartir el daño de la inflación entre empresas y trabajadores y que está encallado ya desde hace semanas por los desacuerdos entre patronal y sindicatos mayoritarios.
En concreto, De Cos insistió en que las pensiones no se actualicen este año según el IPC (Índice de precios de consumo), que según la previsión del Banco de España cerrará 2022 por encima del 7,5,% de media, y en que los sueldos de los funcionarios suban por debajo de este indicador. Una demanda que se extiende al resto de trabajadores.
Para las empresas, las propuestas del gobernador son menos concretas: “Sería necesario que el pacto se acompañe con compromisos explícitos y verificables de moderación de los márgenes empresariales [capacidad de obtener beneficios de las ventas]”.
Ni mencionó límites de precios, ni ninguna otra medida respecto a este control de las ganancias de las compañías, que según los datos conocidos hasta ahora estarían trasladando la mayor parte del incremento de los costes —por la subida de la factura energética y de las materias primas— a los precios de sus productos.
“Hasta ahora se ha producido un pacto de rentas implícito”, admitió, en relación a que “ha habido una caída significativa de los salarios reales”, según reconoció.
Plan de choque del Gobierno
“Se debe evitar un impulso fiscal generalizado y evitar un uso muy extendido de cláusulas de indexación automáticas en las partidas de gasto”, recomendó De Cos. De esta manera, el gobernador hizo referencia al Plan de choque por el impacto de la guerra en Ucrania a la economía que este mismo jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que se renovará tres meses más cuando caduque en junio.
“La política fiscal debe ayudar a reducir los efectos económicos adversos de la guerra, pero, dado que los márgenes de actuación fiscal son relativamente limitados [por el elevado endeudamiento y el alto déficit tras el esfuerzo por la pandemia] y la elevada inflación, las medidas han de ser muy focalizadas y tener un carácter temporal”, destacó.
“Así, sería deseable centrar los esfuerzos en el apoyo a los hogares de rentas más bajas, que son los que más padecen el impacto de la inflación, y a las empresas más vulnerables a esta nueva perturbación”, continuó. De esta manera, criticó indirectamente medidas como el descuento de 20 céntimos a los carburantes o la rebaja de los impuestos a la electricidad.
Reforma de las pensiones
Según detalla el Banco de España, “a finales del año pasado, se aprobó la primera parte de una nueva reforma del sistema de pensiones”. Entre otras medidas, esta reforma estableció la revalorización de las pensiones en función de la inflación y derogó el factor de sostenibilidad. “De acuerdo con las proyecciones de la AIReF y del Informe sobre el envejecimiento de la Comisión Europea, ambas medidas implican que el gasto en pensiones crecerá entre 4,1 puntos porcentuales y 4,3 enteros de PIB en el período 2019-2050”, alerto De Cos.
“De dicho incremento, en torno al 55%-65% se debería a la recuperación de la revalorización de las pensiones con el IPC, mientras que un 20% se correspondería con la eliminación del factor de sostenibilidad. El resto, un 15%-25%, estaría asociado al hecho de que, incluso con la reforma de 2013, el gasto en pensiones aumentaría entre 0,7 y 1 puntos de PIB entre 2019 y 2050, bajo los escenarios demográficos y macroeconómicos considerados”, continuó
“Son necesarias, por tanto, más medidas para equilibrar el sistema en el largo plazo”, incidió el gobernador, y concluyó: “Están pendientes de aprobación o concreción el desarrollo de los planes de pensiones de empleo, la revisión de las bases máximas de cotización y de la pensión máxima, un nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos y una revisión del período considerado para calcular la base reguladora de la pensión”.