Un directivo de Banco Santander reconoce en la Audiencia Nacional que hubo malas prácticas en la venta de los Valores
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha tomado declaración esta mañana al primero de los cargos de Banco Santander imputado por la comercialización de los bonos convertibles comercializados en 2007 bajo el nombre comercial de Valores Santander que atraparon a 129.000 ahorradores, muchos de ellos particulares que pensaban que estaban invirtiendo en un plazo fijo.
Juan de Dios Fontecha, que en aquella época era responsable de la Unidad de Control-División de Medios y Costes, ha respondido al interrogatorio de la fiscalía y las acusaciones durante cerca de tres horas. Es el primer impuntado por la querella que han interpuesto cerca de un centenar de afectados por las irregularidades en la comercialización en 2007 de los bonos convertibles lanzados por el banco para financiar la compra del holandés ABN Amro.
Durante su interrogatorio Fontecha han intentado justificar ante el juez que las irregularidades detectadas en la venta de estos productos de inversión de alto riesgo solo son producto de errores puntuales de los empleados de las sucursales, pero que no responden a órdenes dictadas por la alta dirección del banco, según informan fuentes conocedoras del caso.
Sin embargo, Fontecha que ha estado acompañado por dos abogados del despacho de Uría y Menéndez, entre ellos el prestigioso penalista Jaime Alonso Gallo que defendía a la entidad financiera, sí ha llegado a reconocer que el procedimiento ejecutado en las oficinas no respondía con exactitud al descrito en el folleto presentado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Buena parte de la declaración se ha centrado en explicar por qué muchas de las órdenes de compra de este producto tenían fecha anterior a la aprobación del mismo por parte de la CNMV. Según Fontecha se debe a que durante los meses anteriores al lanzamiento del producto, se hizo un sondeo entre los clientes y se recogió en los archivos informáticos del banco su “manifiestación de interés” . Asegura que ésta “no tenía ningún valor legal” y ya que luego era necesario formalizarla en una orden de compra firmada por todos los titulares de las cuentas que subscribiesen los bonos convertibles, tal y como, recoge el folleto aprobado por la CNMV.
Pero como han demostrado muchos abogados ese requisito no se cumplió y además Fontecha no ha explicado por qué en ningún momento el sistema informático del banco recogió la obligada fecha de formalización de la orden de compra. Ante las dudas del procedimiento, la fiscalía ha solicitado a Banco Santander que presente documentación escrita de cómo se trasladó a los empleados del banco la orden de comercializar Valores Santander y en qué consistió la formación que Fontecha ha asegurado que recibieron directivos y empleados.
Ismael Moreno investiga la querella presentada en febrero de 2014 por cerca de un centenar de afectados que acusaban al banco presidido ahora por Ana Botín de comercializar como seguro un producto que en realidad era de alto riesgo, ya que se trataba de obligaciones obligatoriamente convertibles en acciones y que finalmente provocó la pérdida de una media de 50% de la inversión a los afectados.
En un principio Moreno archivó la querella, pero en junio de 2014 ésta volvió a reabrirse tras aportar los afectados más pruebas de las irregularidades del proceso de comercialización y después de que la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores multara al banco con casi 17 millones de euros por irregularidades en el proceso de venta de Valores Santander.
La comparecencia de Juan de Dios Fontecha ha seguido las misma argumentación que el despacho Uría, en representación legal de Banco Santander, suele desplegar en la defensa de los procedimientos mercantiles que se están desarrollando a lo largo de los diferentes juzgados españoles sobre este mismo tema. Es decir, presentar como correcta la comercialización de Valores Santander en función de todos los resquicios legales disponibles según la legislación vigente en 2007. Momento, por ejemplo, en el que no se encontraba en vigor la ley Mifi que obliga a valorar el nivel de riesgo de los inversores.
Para este martes está previsto que declare también ante el juez Moreno el que fuera director del área de Operaciones y Servicios de Banco Santander en 2007, Gabriel Escalante.
