La economía internacional, salvo la china, se enfrenta a un virus peligroso que supone dejar a los banqueros centrales el botón nuclear de los tipos de interés, de nuevo, para generar miedo y desempleo, tratando de preservar un bien superior: la estabilidad de precios.
Es cierto que nos habíamos acostumbrado a vivir en un mundo sin inflación, en parte motivado por la pandemia, lo que había enmudecido a los consejos de gobernadores de las instituciones monetarias, pareciendo que el alza de precios era un fenómeno a extinguir. Lo que sí se había desterrado es la creencia, ahora resucitada, que la cantidad de dinero en circulación era la responsable del incremento de los precios, en un alarde de magia y chamanismo que esperemos desaparezca de los libros de texto de economía.
Pero la realidad se ha torcido, y por supuesto sin relación alguna con la cantidad de dinero en circulación por las autoridades monetarias, y nos hemos topado con cifras de inflación que no se veían desde hace décadas, un 9% en la UE, pero también en EEUU, Canadá o Reino Unido. Este fenómeno, que se pensaba transitorio por la guerra en Ucrania, se va consolidando en el corto y medio plazo fruto de factores que nada tienen que ver con la política monetaria, pero eso a los banqueros centrales les da igual. Se siguen usando las viejas recetas neoclásicas, aunque el resultado final sea causar paro y desequilibrios financieros, siempre a las rentas más vulnerables.
El primero en reaccionar fue EEUU, con subidas muy agresivas de tipos hasta el 2,25%, cuyos efectos ya se han dejado notar al haber caído el PIB en los dos primeros trimestres de 2022, lo que se conoce como una recesión técnica, curiosamente en un contexto de prácticamente pleno empleo. Sin embargo, el alza de precios de carburantes y energía sigue golpeando a gran parte del planeta, afectando a familias e industrias, sin que los gobernantes protegidos de las grandes corporaciones sean capaces de poner coto a lo que claramente es una espiral de inflación de márgenes y de sistemas de fijación de precios cercanos a una estafa.
La energía ha desatado un efecto dominó que se ha trasladado a otro sector esencial, la alimentación, cuyos productos básicos han sufrido aumentos de hasta el 500% en los últimos cuatro meses, sin que se justifique por el encarecimiento de los carburantes. En un contexto de moderación salarial generalizado, salvo casos puntuales en Alemania gracias a su gran presión sindical, el mundo avanza con pérdidas masivas de poder adquisitivo de trabajadores y pensionistas, aunque algunos iluminados quieran excluirles de los afectados respondiendo a argumentos ciertamente miserables y desconocedores de la realidad de este colectivo, particularmente en España.
El resultado es un enorme trasvase extraordinario de rentas a las empresas energéticas y de alimentación, amén de intermediarios, desde los consumidores y empresas electrointensivas, es decir un empobrecimiento silencioso y aplaudido por quienes se niegan, por un lado, a elevar los salarios, pero también a los que reniegan de impuestos específicos o controles de precios que podrían mitigar y repartir los esfuerzos del alza no justificado de precios. La realidad es que los oligopolios gozan de buena salud en el mundo occidental, apoyados por los supuestos garantes de la equidad, los diferentes gobiernos, que se escudan en el artificio de la libertad de mercado para permitir la extracción masiva de rentas de consumidores y empresas más vulnerables.
Junto a esta apropiación indebida, los serios problemas logísticos y de suministros refuerzan el cuello de botella de la oferta de numerosos productos, sobre todo industriales, que acrecientan las expectativas de que la inflación no va a remitir en el corto plazo, ya que se ha instalado en el subconsciente de las empresas, que aprovechan la coyuntura, y consumidores que están derrotados ante la falta de alternativa., Si a esto añadimos la financiarización de gran parte de la fijación de precios de materias primas agrícolas, cuyas cotizaciones en mercados financieros ayudan a la inflación generalizada, podemos estar ante la tormenta perfecta. Es cierto que parte de estas cotizaciones han decaído en las últimas semanas, pero todavía no se han traslado a precios finales.
Con este panorama, el BCE ha decidido elevar los tipos de interés en 75 puntos básicos, dejando los tipos de intervención en el 1,25%, en lo que supone la mayor subida en una misma reunión desde que se creó. Los argumentos en el comunicado son calcados a los de la Reserva Federal o el Banco de Inglaterra, aunque con matices, achacando la medida al desvío del objetivo de inflación del 2% y sobre todo anunciando que seguirá subiendo los tipos a los largo de los próximos meses, con un punto de destino esperado del 3% hacia el verano de 2023, sin explicar que las acciones de política monetaria tardan entre 12 y 18 meses en tener efecto sobre las variables relevantes, es decir crecimiento y empleo. En su mismo comunicado, también ratifica que mantendrá la reinversión de la deuda soberana comprada en el pasado y podría seguir financiando a los países periféricos en caso de especulación con la deuda de estos países, lo que da idea del pánico que tiene el BCE a que se desate una situación de inestabilidad económica y política en los países más afectados por esta medida, entre los que está España. En otra vertiente, aunque no declarada, trata también de corregir la devaluación del euro que genera inflación importada, algo que difícilmente logrará si la FED sigue su alocada carrera hacia el abismo económico.
Impacto notable para la economía española
El impacto sobre la economía española será notable, aunque dilatado en el tiempo, y se dejará sentir entre las rentas más vulnerables, salvo que se alcance un acuerdo de rentas que mitigue la pérdida de capacidad de compra de hogares. Es factible que se puedan acelerar las cifras de desahucios y también empeore, aún más, el acceso a una vivienda, tanto en compra, como en alquiler. Sorprende el acelerón de precios de alquiler por parte de rentistas, tanto particulares como institucionales, alentados por estadísticas trucadas y parciales de los portales inmobiliarios, cuya fiabilidad estadística debería ser cortada de raíz por parte de las autoridades gubernamentales. El efecto del RD que topaba el crecimiento del alquiler hasta diciembre es claramente una broma y pone de manifiesto el escaso apego al control efectivo de las medidas que aprueba este gobierno.
El incremento del coste de la deuda para los más endeudados y los que invierten para alquilar será, sin duda, el mecanismo que el BCE introduce en la ecuación para justificar este movimiento, tan alejado de la lógica y del origen del problema. La pérdida de la vivienda, o la incapacidad para hacer frente a la cesta de la compra son los elementos clave para entender el auge de partidos de extrema derecha y las dificultades que van a tener las instituciones europeas para explicar la inacción ante un shock de oferta de esta magnitud. Las aportaciones del gobierno español, aunque tímidas, van en la buena dirección, tanto la excepción ibérica como el control de algunos precios alimenticios. Las excusas legislativas, tanto del Ministro Planas, que defiende el buen funcionamiento de la cadena de precios alimenticios, con alzas del 500% en algunos casos, como la creciente aporofobia de la Ministra Robles, son signos de que esos poderes ocultos de los que tanto habla el Presidente Sánchez, los tiene en el propio consejo de ministros y ministras.
La conclusión de este movimiento brusco del BCE, bien recibido por bancos y eléctricas en bolsa, es que la política monetaria y la propia macroeconomía siguen ancladas en el pleistoceno y no son capaces de instrumentar mecanismos adecuados a fenómenos nuevos, como es el cambio climático o la situación de oligopolios y financiarización creciente de la economía mundial. Al margen de este fracaso monetario, que tiene también su origen en la no comprensión de cómo funciona el dinero, lo que se ha demostrado en este episodio es que la UE es un ente anquilosado, dirigido por lobbys de todo tipo, sobre todo financieros y energéticos, que solo contempla legislar para dañar a los sectores más vulnerables, dejando siempre a salvo a las grandes corporaciones, abandonando todo interés en romper los oligopolios y sobre todo el mecanismo de fijación de precios eléctrico. Solo el señuelo de una gran revuelta ciudadana europea, que no ocurrirá, podría servir para cambiar drásticamente la gobernanza en la UE y en el propio BCE.