El nuevo curso académico ha comenzado sin que todos los becarios coticen. Una vez más. La regulación de su cotización debería haberse aprobado hace un año: como tarde, en octubre de 2021, pero todavía está pendiente. Así lo pactó en el diálogo social el Ministerio de la Seguridad Social, donde argumentan que deben ponerse de acuerdo “otros ámbitos” y que, “si hay un retraso, no es por culpa” del departamento de José Luis Escrivá. Fuentes sindicales señalan a las universidades como principal foco de resistencia a la medida, como ya ocurrió en 2019, pero exigen al Ejecutivo que cumpla con lo pactado.
La cotización de todos los becarios, aunque no hagan prácticas remuneradas, es una reclamación de los sindicatos mayoritarios desde hace años. Se trata de un reconocimiento en términos de antigüedad a la Seguridad Social para cientos de miles de jóvenes, al tener en cuenta sus primeros pasos en el mercado laboral en prácticas hasta que logran firmar los primeros contratos laborales. En ocasiones, un salto de estudiantes/becarios a trabajadores que cuesta tiempo alcanzar.
En estos momentos, las prácticas remuneradas cotizan a la Seguridad Social, pero no aquellas en las que los estudiantes no cobran nada. Ahora, la ampliación de derechos que está sobre la mesa del Gobierno ampliaría la cotización a todos los becarios, aunque no estén remunerados. Es decir, a todos los estudiantes que realicen prácticas en empresas, instituciones o entidades incluidas dentro de los programas de formación de sus titulaciones (ya sea en Formación Profesional, Universidades u otro tipo), así como los estudiantes en prácticas que no forman parte de los currículos educativos.
El Ministerio de la Seguridad Social, que dirige José Luis Escrivá, se comprometió con los agentes sociales a aprobar la medida en el primer acuerdo de pensiones. El texto, firmado con sindicatos y empresarios en julio del año pasado, recoge el compromiso de que “en el plazo máximo de tres meses” se procedería a su desarrollo reglamentario. Un plazo que se rebasó en octubre de 2021 y que está a punto de alcanzar un año sin cumplirse.
Para evitar su rechazo empresarial y una merma en las prácticas ofertadas, la Seguridad Social se comprometió a aliviar el aumento del coste exonerando a los centros empleadores gran parte de la cotización. En el acuerdo de pensiones que firmaron las patronales se plasmó una reducción del 75%, pero durante las negociaciones se ha ido ampliando y la Seguridad Social ha llegado a plantear un ahorro del 95%. Es decir, que la cotización correría a cuenta del Estado y solo sería asumida en un porcentaje mínimo.
El rechazo de las universidades
Lo cierto es que el retraso de esta medida no es nuevo. El anterior gobierno de Pedro Sánchez, solo socialista, ya se propuso extender la cotización a todos los becarios y finalmente lo dejó en un cajón. En los últimos días de 2018, incluyó este derecho de los estudiantes en prácticas en un macrodecreto con otras materias. Es decir, que está presente incluso en un decreto en el BOE, pero no se llevó a aplicar porque quedó a expensas de un desarrollo reglamentario en un máximo de “tres meses” que no se concretó nunca.
¿La razón? La misma que ahora, según fuentes sindicales: el rechazo de las universidades. En 2019, los rectores se erigieron públicamente en contra, al considerar que la cotización de todos los becarios ponía en valor las prácticas, pero que tenía dos inconvenientes importantes. Por un lado, que reduciría las prácticas disponibles al aumentar los costes asociados a estas y, por otro, que suponía una carga burocrática para las universidades, argumentaron desde la CRUE (Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, agrupa a los 76 principales campus de España, públicos y privados).
En esta ocasión, los rectores no están ejerciendo una oposición pública a la medida. Este medio ha intentado recabar su opinión sobre la cotización y su prolongado retraso, pero la CRUE ha declinado hacer declaraciones. Sin embargo, los sindicatos los señalan como principal foco de resistencia en estos meses de negociación que ha liderado el Ministerio de Escrivá y en parte también al Ministerio de Universidades, de la cuota de Unidas Podemos dentro de la coalición de gobierno, que dirige Joan Subirats. “Hay mucha influencia de la CRUE, los rectores tienen mucho poder”, sostienen fuentes sindicales. En Universidades se limitan a afirmar que “como Ministerio” ya enviaron “las sugerencias” al de la Seguridad Social.
La Universidad Complutense de Madrid (UCM), la más grande de España, sí explica sus recelos a la medida. “El resultado va a ser la reducción del número de prácticas académicas externas, quizás de un modo bastante drástico”, valora la vicerrectora de Empleabilidad y Emprendimiento de la UCM , María Concepción García Gómez. “Esto es así no solo por la obligatoriedad del alta en la Seguridad Social, sino por la supresión de las prácticas extracurriculares”, añade ampliando el debate al llamado 'Estatuto del Becario' que está también pendiente con una negociación liderada por el Ministerio de Trabajo, en este caso.
La portavoz de la Complutense considera que “es cierto que la cotización permitirá visibilizar el número de estudiantes en prácticas existentes en términos generales y en cada entidad, lo que puede contribuir a dar valor al modelo y a la mejora de la calidad de las prácticas”, pero alerta de “varios inconvenientes que impactarán de manera negativa, sobre todo en las universidades públicas”. Entre ellas, destaca “un incremento de la burocracia que no podríamos atender de manera inmediata”, indica. “Quizás debería ser un proceso relacionado con la matriculación del estudiante, de un modo semejante al Seguro Escolar”, propone Concepción García Gómez, lo que retrasaría la medida (al menos) al siguiente proceso de matriculación una vez que ya ha comenzado este curso académico.
Los sindicatos exigen su aprobación inmediata
“Tienen que ponerse de acuerdo otros ámbitos que no somos nosotros”, respondió el ministro José Luis Escrivá esta semana sobre el retraso en la aprobación de la medida. “Queremos que los becarios tengan el derecho a cotizar, nosotros lo hemos puesto encima de la mesa a todas las partes involucradas, de distinta naturaleza, y el problema no está en ningún caso en la Seguridad Social”, prosiguió el ministro, que aseguró no obstante que la solución estaba “muy cerca”. “El que se retrase no es por culpa de la posición del Ministerio de Inclusión”, reiteró Escrivá.
Aunque señalen a otros actores, en los sindicatos mayoritarios recuerdan que el Gobierno es el responsable de cumplir con el compromiso adquirido con los agentes sociales. Por ello, en CCOO y UGT han exigido al ministro José Luis Escrivá que apruebe este y otros elementos pendientes del primer acuerdo de pensiones si quiere empezar a negociar el último tramo de la reforma.
El responsable de Jóvenes en CCOO, Adrià Junyent, espera que la aprobación de la cotización sea inmediata y rechaza su inclusión en el Estatuto del Becario, como se ha propuesto por algunas partes, ya que demoraría –una vez más– su aplicación al tratarse de un proyecto de ley, que requiere una tramitación parlamentaria más lenta. Reconociendo los retos logísticos y burocráticos de aplicar cambios en las universidades, que se han de atender, Junyent reitera que esto no puede poner en jaque una medida esperada desde hace años y que beneficiará a cientos de miles de jóvenes.
Desde RUGE de UGT, Eduardo Magaldi subraya que “es una pena que la cotización no esté aprobada ya este curso con el consenso alcanzado” en el diálogo social por empresarios y sindicatos. “Esto es lo de siempre: queremos mejoras, apostamos por ellas, pero después les cuesta decir quién tiene la responsabilidad de pagar, quién lo tiene que asumir, etc.”, lamenta Magaldi.