El BBVA pagará 1,7 millones de euros en concepto de indemnización al exdirectivo del BBVA Antonio Béjar, que fue objeto de un despido disciplinario -sin compensación económica alguna- tras su declaración como imputado en el caso Villarejo. En contrapartida, Béjar ha aceptado retirar la demanda laboral que había presentado contra la entidad financiera. Con este pacto se ha evitado la vista oral prevista para este viernes en un juzgado de lo Social de Madrid, informan fuentes jurídicas.
El texto del “acuerdo de conciliación” incluye la aceptación por parte de Béjar de no realizar actividades en empresas competidoras de la entidad o de su filial Distrito Castellana Norte (DNC) durante un plazo de 24 meses. Además, deberá devolver a la entidad 910.000 euros en caso de resultar condenado en firme a más de un año de prisión en la investigación abierta en la Audiencia Nacional por los encargos del banco al policía encarcelado José Villarejo.
El que fuera jefe de Riesgos para España y Portugal y posterior responsable de BBVA Real Estate fue despedido el pasado septiembre. En la carta de despido, el banco le responsabilizaba de haber gestionado las relaciones de la entidad con Cenyt, una de las empresas de Villarejo, y de haber destruido documentación. Su defensa, sin embargo, considera que fue un “despido impostado para evitar que declarara en la Audiencia Nacional”. Dos meses antes, en julio, ya había sido defenestrado de su puesto de presidente de DNC, el megaproyecto inmobiliario que la entidad financiera gestiona en Madrid con la constructora San José -conocida como Operación Chamartín-.
Béjar está imputado desde el pasado verano en la pieza en la que se investigan los contratos de la entidad con el comisario José Villarejo. Parte de su declaración como imputado ante el instructor de esta causa en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, estuvo centrada en la supuesta orden que dio DCN en junio de 2019 para destruir documentación relacionada con los contratos entre Villarejo y el banco, tal y como reveló el diario El País, unos hechos que Béjar negó. Tras esta declaración y una vez que aportó documentación, la Fiscalía Anticorrupción retiró su petición de fianza de 500.000 euros.
En una declaración inicial, Béjar reconoció que la empresa Cenyt estuvo contratada como proveedora en este departamento entre los años 2010 y 2013 para localizar morosos. No obstante, incidió en que desconocía que la sociedad fuese propiedad del comisario jubilado, según fuentes conocedoras de esa declaración consultadas por Europa Press. Solo respondió a preguntas de su abogado y aseguró que no conocía personalmente a Villarejo y nunca habló con él mientras trabajó en el BBVA. Asimismo, recalcó que durante este tiempo que trabajó para la entidad financiera siempre actuó conforme a las normas legales y a los códigos internos del banco, que a su vez se ajustaban a una estricta legalidad.
La Audiencia Nacional investiga los encargos del BBVA a Villarejo, policía jubilado que está en prisión desde hace más de dos años acusado de liderar una organizacón criminal que obtenía millones de euros de vender a la élite del país dosieres que elaboraba con datos confidenciales a los que accedía en su condición de funcionario. La investigación cifra en 10,2 millones de euros los pagos bajo sospecha de la segunda entidad bancaria del país a las empresas del policía. El BBVA habría sido uno de sus principales clientes.