Bruselas aprueba los 3.000 millones para el vehículo eléctrico tras avalar el esquema público-privado del Gobierno

La Comisión Europea ha aprobado este jueves ayudas estatales españolas por valor de 3.000 millones. Es decir, el esquema, en el marco del Plan español de recuperación y resiliencia, para apoyar la investigación, el desarrollo, la innovación, la protección del medio ambiente y la eficiencia energética en la cadena de valor de la automoción. Y lo que está haciendo con ello es avalar el mecanismo público-privado en la canalización de los fondos europeos diseñado por el Gobierno español, después de varios meses de negociación con el área de competencia de la Comisión Europea.

“El tema está bien encauzado”, anunció la vicepresidenta Nadia Calviño hace cuatro semanas en Bruselas, “de forma que podamos cumplir nuestros objetivos y lanzar los principales elementos de este importante PERTE estratégico para nuestro país antes de final del año, tal como habíamos previsto. Hemos estado trabajando intensamente desde hace semanas y meses con los equipos de la Comisión Europea y en este momento está el asunto bien encauzado”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado este jueves el aprobado por parte de Bruselas.

Así, este jueves el Ejecutivo comunitario ha anunciado que ha aprobado, bajo las normas de ayudas estatales de la UE, el plan español de 3.000 millones para apoyar la investigación, el desarrollo y la innovación (I + D + i), así como medidas de protección medioambiental y eficiencia energética de las empresas de la cadena de valor de los vehículos eléctricos y conectados.

“La medida ayudará a España a acelerar la transición hacia una movilidad más sostenible y conectada, sin distorsionar indebidamente la competencia”, sostiene Bruselas.

El plan será financiado en parte por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RRF), tras la evaluación positiva de la Comisión Europea del Plan de Recuperación y Resiliencia de España y su adopción por el Consejo de la UE.

La vicepresidenta ejecutiva, Margrethe Vestager, encargada de la política de competencia, ha dicho: “Este esquema español de 3.000 millones ayudará a habilitar una cadena de valor innovadora y sostenible para los vehículos eléctricos, en línea con las normas sobre ayudas estatales y los objetivos del Pacto Verde Europeo. Desempeñará un papel importante en la recuperación verde y digital de la economía española, garantizando al mismo tiempo que se minimizan las posibles distorsiones de la competencia”.

Según explica la Comisión Europea, el régimen español permite ayudas a inversiones en I + D + i, y ayudas a inversiones en protección medioambiental, incluida la eficiencia energética, para la ejecución de varios proyectos integrados en toda la cadena de valor de vehículos eléctricos y conectados, en el marco de la Proyecto Estratégico de Recuperación y Transformación de la Economía de Vehículos Eléctricos y Conectados ('ECV PERTE').

El esquema funcionará hasta finales de 2023, y está abierto a consorcios de empresas interesadas, establecidos tanto dentro como fuera de España. Cada consorcio incluirá empresas activas en una amplia gama de sectores relacionados con los vehículos eléctricos y conectados, y al menos el 40% de los socios serán pequeñas y medianas empresas (pymes). “La ayuda se concederá mediante un proceso de selección competitivo y adoptará la forma de subvenciones directas y préstamos preferentes blandos”, explica la Comisión Europea.

Según el Ejecutivo comunitario, “el esquema es necesario para facilitar las inversiones en I + D + i, así como los esfuerzos de inversión en protección ambiental de las empresas, y las medidas de eficiencia energética en la cadena de suministro de vehículos eléctricos y conectados. También tiene un efecto incentivador, ya que los proyectos no se llevarían a cabo sin el apoyo público”.

Además, Bruselas entiende que “la ayuda es proporcionada y se limita al mínimo necesario”, y que “existen las salvaguardas necesarias para limitar cualquier efecto negativo indebido. En particular, se limitará el importe máximo de ayuda para un único beneficiario; se garantizará la adecuada participación de las pymes en el esquema; y las empresas participantes deben demostrar que los importes de ayuda solicitados se limitan al mínimo necesario”.

Por último, la Comisión Europea destaca que “los efectos positivos de la medida, en particular sobre el medio ambiente, la integridad del Espacio Europeo de Investigación para la cadena de valor y la recuperación de la economía española, superan los efectos negativos en términos de posibles distorsiones de la competencia. De hecho, el plan ayudará a España a cumplir sus objetivos medioambientales, establecidos a nivel europeo y nacional, y respaldará la transición digital, ya que fomenta las inversiones en la conectividad de los vehículos eléctricos. Por último, España también se comprometió a realizar una evaluación ex post para evaluar los efectos del régimen”.