Bruselas canjeará más recortes por menos multa en la sanción por el déficit a España

España está a un paso de la sanción por no haber hecho lo suficiente para reducir su déficit tal y como se había comprometido. Madrid se enfrenta a una multa de hasta 2.000 millones de euros que podría reducirse en función de las medidas que proponga el Gobierno para reconducir el agujero de las cuentas del Estado tras la demoledora evaluación de Bruselas. Cuantos más compromisos ofrezca España, más oportunidades tendrá de suavizar el castigo inmediato.

“Si se mira la situación presupuestaria inevitablemente harán falta nuevos pasos” ha confirmado el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem a su llegada a la reunión del Consejo de ministros de Economía de la Unión Europea que decidirá el martes si respalda la opinión de la Comisión y sigue adelante con el proceso sancionador a España y Portugal. 

La Comisión cree que el Gobierno no ha tomado medidas efectivas para atajar el exceso de déficit –en 2015 cerró en el 5,1 % frente al 4,2 % pactado– porque, desoyendo las advertencias de Bruselas, ha relajado su política fiscal con rebajas de impuestos y aumento del gasto. Esto, dice, ha impedido aprovechar el crecimiento económico mayor de lo esperado que había ayudado a compensar el impacto negativo de la baja inflación en la zona euro.

En Bruselas se da casi por hecho que los ministros de Economía respaldarán esta opinión y darán luz verde a la multa. “No habrá dramas” en la votación, apuntaba hace unos días una alta fuente comunitaria. A partir de ahí es la Comisión Europea quien debe poner una cifra a la sanción. Esta cifra puede ser de cero euros, pero la falta de cuantía no significa que no haya una reprobación europea al comportamiento de España como es la imposición administrativa de la multa. 

Plazos y montante

El Ejecutivo comunitario cuenta con veinte días para fijar el montante: hasta principios de agosto si apura los tiempos o hasta el 27 de julio si quiere dejar el asunto zanjado en su último colegio de comisarios antes de vacaciones. La multa prevista por defecto para el caso de España y Portugal es del 0,2 % del PIB del año anterior (2015) lo que se traduce en cerca de 2.100 millones de euros.

Desde este mismo martes, el Gobierno tiene también diez días para presentar un recurso al pedir que la multa se anule o rebaje atendiendo a diferentes argumentos. Según fuentes comunitarias, el ejecutivo español ya tendría preparado este documento para entregarlo cuanto antes. No obstante, el principal motivo esgrimido por España para su desvío –la baja inflación en la zona euro y el lento crecimiento económico mundial- ya han sido descartados por Bruselas.   

Entre los argumentos puede incluirse también una propuesta de las medidas que prevé tomar en el futuro para corregir el desvío presupuestario, con vistas a que el plan sirva para atenuar el castigo. 

“No se trata solo de dónde estamos ahora, sino de qué medidas extra pueden tomarse en el próximo año o dos. Cuanto más puedan hacer estos países en el periodo que viene, más fácil será para la Comisión”, ha dicho Dijsselbloem. Es decir, que cuanto más estricta la promesa tanto más laxa la multa.   

Además de la multa económica, la sanción prevé la suspensión de una parte de los fondos estructurales que España debe recibir en 2017. Como máximo puede bloquearse el desembolso del 50 % de la cantidad comprometida o el 0,5 % del PIB. 

Esta parte de la sanción es diferente de la multa y tendría un impacto limitado, apuntan fuentes comunitarias: mientras la sanción económica tiene que ser abonada en todo caso, la congelación de los fondos estará supeditada a ciertas condiciones a cumplir por parte de España. Es decir, si el Gobierno se atiene al plan de Bruselas, los fondos en cuestión podrían desbloquearse o incluso no llegar a congelarse (ya que son para 2017). Las condiciones concretas aún están por determinar. 

Atenuantes

La CE también puede anular la multa si se dan “circunstancias económicas excepcionales”. Cabe preguntarse si en esta categoría podría entrar el ‘brexit’ que va a ralentizar el crecimiento de la zona del euro en un 0,1% en 2017 y un 0,5 % en los próximos tres años, según el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, respectivamente. Dado que España y Portugal serían las primeras sancionadas por este tipo de incumplimientos, no hay precedentes que permitan vaticinar qué peso tendrá cada uno de estos factores. 

Una vez que la Comisión presente su propuesta de sanción, el Ecofin tiene que dar una vez más el visto bueno. Los ministros pueden rechazarla por mayoría cualificada. La multa estará sobre la mesa a finales de julio y dado que el Consejo tiene solo diez días para pronunciarse no está descartado que tenga que convocarse un Ecofin extraordinario en agosto. No obstante, fuentes europeas apuntan a que, salvo que la voluntad sea precisamente oponerse a la Comisión, la decisión se tomará por procedimiento escrito.   

Con multa o sin ella, la punición llegará con las recomendaciones para que España logre bajar del 3% de déficit, algo que, como el propio Gobierno ha admitido, no se conseguirá en 2016. 

Los nuevos recortes

Esta nueva senda –distinta a las recomendaciones que reciben todos los países- deberá sustituir el programa de déficit excesivo fijado en 2013, cuando se dio a España hasta 2016 para corregir su desvío y se le exigió un ajuste equivalente al 4,5 % de su PIB hasta 2016 y reformas estructurales y fiscales. Tras este nuevo incumplimiento, el Consejo puede pedir además un calendario más estricto para la revisión de los avances en materia de déficit. 

Las recomendaciones económicas de mayo hacen pensar que la receta no será muy diferente: Bruselas propuso dar un año de prórroga para corregir el déficit a cambio de un recorte del 0,25 % del PIB en 2016 y del 0,5 % en 2017, unos 8.000 millones de euros, y aconsejó que se redujesen gastos y subiesen impuestos, apuntando también a a un alza menor de los salarios para crear empleo y ganar competitividad. 

El comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, anticipó que estas recomendaciones llegarán después del verano.  Lo lógico –que no obligatorio- es que lo hagan a principios de otoño para que el nuevo Gobierno español prepare los presupuestos de 2017 teniendo en cuenta los nuevos objetivos de déficit antes de presentárselos a la Comisión para su estudio –el 15 de octubre. Los de 2016, aprobados a la carrera antes del 20D, recibieron las críticas de Bruselas.

Aun cuando no existan sobre el papel, las recomendaciones, que vaticinan una nueva ronda de austeridad, planearán sobre las negociaciones para formar Gobierno.