Bruselas da a España hasta 2018 para que el nuevo gobierno haga más recortes

Las incógnitas sobre la sanción a España por hacer descarrilar su déficit empiezan a despejarse. En plenas negociaciones para formar Gobierno, la Comisión Europea prevé dar a Madrid dos años de prórroga para corregir el déficit excesivo. Será, por tanto, el nuevo ejecutivo quien tenga que aplicar los ajustes que permitan colocarlo por debajo del 3% en 2018, según varias fuentes. Los objetivos y plazos concretos los fijará la Comisión el próximo jueves.

Esta nueva senda fiscal, como la llama Bruselas, tendrá en la práctica mayor impacto que la multa económica que conlleva la sanción por incumplir el objetivo de déficit en 2015. El ejecutivo comunitario anunciará este miércoles la cuantía de la sanción y hay varias opciones sobre la mesa. Bruselas puede decantarse por una sanción millonaria –de hasta 2.100 millones de euros–, rebajarla a unos cientos millones, o incluso anularla, ahorrándole al gobierno en funciones el estigma político.

El déficit español se fue al 5,1% en 2015, muy por encima del 4,2% pactado con Bruselas. Las previsiones de la Comisión Europea en primavera ya auguraban que sería imposible que bajase del 3% –cota del déficit excesivo– este año, con un desvío del 3,9% en 2016 y del 3,1% en 2017. Pero la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha pulverizado estos pronósticos, vaticinando que el déficit cerrará el año en el 4,1% en el mejor de los casos y en el 4,7% en el peor.

Bruselas acusa a España de no haber tomado medidas para corregir el desajuste y culpa directamente a la rebaja de impuestos aplicada por el Gobierno en el año electoral. Según la Comisión, el Ejecutivo de Rajoy relajó la política fiscal en lugar de aprovechar los beneficios del crecimiento económico, el descenso del paro y la mayor recaudación por impuestos para reconducir su desvío presupuestario. Valora las reformas hechas durante la crisis pero pide más.

La consecuencia directa es que Madrid tiene que aplicar ajustes para enmendarse y que Bruselas mantendrá una vigilancia más estrecha para asegurarse de que cumple y de que lo hace a tiempo. Será el nuevo gobierno quien tenga que lidiar con el correctivo de la Comisión, que podría exigir un ajuste de hasta 10.000 millones de euros, según fuentes citadas por El País.

En sus recomendaciones de primavera la CE ya pidió un ajuste de 8.000 millones de euros para llevar el déficit por debajo del 3% en 2017. Con la prórroga hasta 2018 cabe la posibilidad de que el ritmo del recorte se suavice. Bruselas estudia ya las propuestas hechas por el gobierno en funciones (la principal de ellas una reforma del impuesto de sociedades que permitiría recaudar 6.000 millones de euros) pero la AIReF ha echado por tierra las expectativas asegurando que aun con ellas el déficit se irá por encima del 4%.

Atajarlo parece difícil en 2016, así que los ajustes tendrán que materializarse en el presupuesto para 2017 que el nuevo gobierno tendrá que presentar a la Comisión en octubre.

La multa divide a la Comisión

Al recorte adicional que exija Bruselas habrá que sumarle la cuantía de la multa que impongan hoy los comisarios, que puede ser de hasta 2.100 millones de euros.

El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, ha repetido hasta la saciedad, la última vez este mismo domingo, que la multa se anulará o será simbólica, y que en este sentido cuenta con el apoyo de Francia, Italia y Alemania. Pero en el seno del colegio de comisarios, como entre los países, hay división de opiniones.

Por un lado está el grupo liderado por Francia e Italia, que defiende que las reformas acometidas en España y Portugal (también sancionada) y el crecimiento económico que han registrado justifican ser indulgentes, y que castigar a los buenos alumnos sienta un mal precedente. Pero por otro están los países del centro y norte, tradicionalmente encabezados por Berlín, que piden ceñirse a rajatabla al Pacto de Estabilidad y que el escarnio a Madrid y Lisboa sirva de ejemplo para los que estén tentados de salirse de la vía de la austeridad.

Según fuentes europeas todas las opciones están sobre la mesa, aunque no hay apetito por la pena máxima.

Fondos estructurales

Para septiembre queda la segunda pata de la sanción, la congelación de los fondos estructurales, que necesita la opinión previa del Parlamento Europeo. Hasta la mitad de lo que España tiene que recibir en 2017 podría bloquearse, dejando a medio gas la financiación de 78 proyectos regionales y 7 nacionales destinados en su mayoría al desarrollo agrícola y rural.

La congelación no entraría en vigor hasta 2017 y podría incluso anularse, siempre y cuando, eso sí, el nuevo gobierno español cumpla con las condiciones que fijará la Comisión.