Bruselas se desentiende de la entrada de Arabia Saudí en Telefónica y deja la pelota en el tejado del Gobierno

El incremento de la dependencia estratégica es una de las principales preocupaciones de la UE, que lleva tiempo obsesionada con incrementar sus capacidades para limitar la dependencia de otras potencias; pero también impulsando regulación que proteja los intereses económicos de los 27. El peso cada vez mayor de potencias como China llevó en 2021 a la UE a poner coto a las inversiones extranjeras y, previamente, a idear un mecanismo de control de las Inversiones Directas Extranjeras (FDI, por sus siglas en inglés) que avala a los Estados miembros para prohibir o cortocircuitar operaciones sobre empresas europeas en sectores estratégicos, como es el caso de Telefónica. Ahora bien, la Comisión Europea puso el marco y supervisa los procesos, pero la decisión final corresponde a los gobiernos.

Bruselas se desentiende, por tanto, de la decisión sobre la compra del 9,9% de Telefónica que pretende llevar a cabo el operador saudí STC y deja la pelota en el tejado del Gobierno de Pedro Sánchez, que ya ha advertido de que “protegerá los intereses estratégicos” de España. Al activar su propio mecanismo antiOPA, el Gobierno sí tendrá que notificárselo a la Comisión Europea, que analizará el caso y emitirá una opinión sobre los posibles riesgos, pero con un carácter meramente consultivo y no vinculante.

“Disponemos de un marco de la UE para el control de la inversión extranjera directa (FDI) desde el 11 de octubre de 2020. El objetivo es identificar y abordar posibles amenazas a la seguridad o al orden público en la UE”, explican fuentes de la Comisión Europea: “Los Estados miembros y la Comisión evalúan, caso por caso, si una adquisición específica amenaza la seguridad o el orden público y, en caso afirmativo, sugieren medidas adecuadas para mitigar esos riesgos. La prohibición de una FDI se considera en los casos en que la mitigación de riesgos no parece posible”.

Paraguas protector frente a potencias

¿Cuándo se considera que una inversión afecta a la seguridad o al orden público? Si está relacionada con infraestructuras o tecnologías críticas (como es el caso de Telefónica), con el suministro energético o de materias primas así como con la seguridad alimentaria, con la información sensible o con los medios de comunicación, según recoge el reglamento para el control de ese tipo de inversiones.

En el caso del operador saudí no sólo cumple ese primer requisito de afectar a puntos críticos de un Estado miembro de la UE sino también otro de los puntos clave para activar las alarmas: que el inversor extranjero está controlado directa o indirectamente por el Gobierno de un tercer país. STC está participado por el Estado saudí a través del fondo soberano PIF.

El reglamento establece que el Estado miembro concernido por la operación se lo tiene que comunicar a la Comisión Europea, que analizará el caso y emitirá su opinión. Pero corresponde al Gobierno decidir, formalmente a través del Ministerio de Defensa, si autoriza o no la adquisición del 5% de Telefónica por parte de STC, que ya se ha hecho con un 4,9% de la empresa de telecomunicaciones pero necesita permiso para el capital restante. “La decisión relativa a toda inversión extranjera directa objeto de control o relativa a cualquier medida adoptada en relación con una inversión extranjera directa que no sea objeto de control incumbe exclusivamente al Estado miembro en el que la inversión extranjera directa se haya previsto o realizado”, establece el reglamento.

Un amplio nivel de autorización

Desde que se puso en marcha ese paraguas antiOPA común para los 27, Bruselas va con retraso en la publicación de los datos y los últimos disponibles son los de 2021. Entonces se produjeron un total de 1.563 solicitudes de autorización, un notable incremento de ese tipo de operaciones respecto al año de la pandemia (52% más) pero también respecto a 2019, antes de que la crisis del coronavirus provocara una importante desaceleración. El incremento respecto a la pre-pandemia fue del 11%.

El 71% de los casos pasaron directamente el filtro al no afectar a la seguridad o el orden público mientras que el 29% fueron escrutados. La gran mayoría (73%) recibieron autorización y sólo un 1% fue prohibida. En un 23% de los casos se autorizaron con algunas condiciones o medidas para mitigar el impacto.

La compra china del Puerto de Hamburgo

Aunque Bruselas sostiene que no se pronuncia sobre casos concretos para guardar la confidencialidad de las transacciones, el caso más paradigmático en este tipo de procesos fue el de la compra del Puerto de Hamburgo –el tercero en importancia del continente por detrás de Rotterdam y Amberes– por parte del armador chino Cosco. En ese caso sí llegaron a filtrarse las reticencias de Bruselas respecto a la operación pero el Gobierno de Olaf Scholz acabó autorizándola tras un intenso debate interno, aunque con una participación menor (24,9% frente al 35% inicial) para evitar que la compañía china tuviera una minoría de bloqueo.

Cinco países de la UE copan el 85% de las notificaciones a Bruselas por inversiones extranjeras directas: Austria, Francia, Alemania, Italia y España. Respecto a los inversores en la UE, Estados Unidos encabeza el ranking (40%), seguido de Reino Unido (10%), China (7%), las Islas Caimán (5%) y Canadá (4%) mientras que Rusia (1,5%) y Bielorrusia (0,2%) estaban en la parte baja de la tabla.