Bruselas recorta las exigencias medioambientales a las empresas y reduce las multas

En plena encrucijada comercial y con una competencia cada vez más feroz de EEUU y China, la Comisión Europea ha presentado este miércoles el Pacto Industrial Limpio con el que pretende dar un espaldarazo a la industria ‘verde’, con inversiones, incentivos fiscales y ayudas públicas masivas. Bruselas movilizará 100.000 millones de euros para promocionar la industria 'made in Europe'. La ‘cara B’ de ese esfuerzo es el paquete ómnibus con el que, bajo el eufemismo de la simplificación, Bruselas recorta las exigencias medioambientales de las empresas, retrasa la entrada en vigor de algunas normas, rebaja las sanciones por el incumplimiento y reduce sustancialmente el número de empresas que están sometidas a la rendición de cuentas por la sostenibilidad.

Todo eso viene recogido en el denominado 'paquete ómnibus' que la Comisión Europea ha aprobado este miércoles camuflado en el Pacto Industrial Limpio. “Presentamos nuestra primera propuesta de simplificación de gran alcance. Las empresas de la UE se beneficiarán de normas simplificadas sobre información financiera sostenible, diligencia debida en materia de sostenibilidad y taxonomía”, ha presumido la presidenta, Ursula von der Leyen, de lo que supone descafeinar sustancialmente las exigencias de normas sostenibles. El modelo servirá de guía, además, para los planes relacionados con la industria, como la de la automoción, que se están preparando en Bruselas, según reconoce en un comunicado.

El 80% de las compañías que estaban obligadas a informar anualmente sobre sus impactos sociales y medioambientales y los riesgos asociados con sus actividades bajo la Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) dejarán de estarlo. Sólo tendrán que hacerlo las compañías de más de 1.000 empleados o que tengan más de 450 millones de facturación. Y, más allá del ámbito de actuación, la entrada en vigor se pospone dos años.

La otra gran damnificada es la directiva de diligencia debida con la que la UE pretendía garantizar mínimos estándares medioambientales y el cumplimiento de los derechos humanos en la explotación de terceros países. Aquella normativa ya estuvo discutida por la extrema derecha y por parte del PPE (los de Alberto Núñez Feijóo votaron en contra). Hasta ahora se preveía una multa mínima del 5% de su facturación por el incumplimiento de esas reglas, pero la propuesta ha eliminado el umbral, por lo que en la práctica se podrán reducir las sanciones. También se rebaja la ambición al quitar la obligación de romper un contrato con un proveedor que incumpla esas reglas y se limita a suspenderlo. Se retrasa la entrada en vigor a 2028.

También se agua el mecanismo de ajuste de carbono en frontera (CBAM, por sus siglas en inglés), que es el arancel que grava las importaciones de terceros países producidas con altas emisiones de carbono,. Sólo afectará a un 10% de las empresas previstas inicialmente al situar en 50 toneladas de CO2 al año el umbral para que estén obligados a pagar. Aún así, el responsable de Medio Ambiente y Fiscalidad, Wopke Hoekstra, se ha mostrado convencido de que se logrará capturar el 99% del carbono previsto.

Preguntada por su comodidad con ese paquete legislativo, en contra del que han advertido los socialdemócratas y el Gobierno de España, la vicepresidenta Teresa Ribera lo ha defendido. “Me siento produnfamente satisfecha de lo que hemos hecho”, ha respondido la responsable de Competencia y Transición Limpia, que ha asegurado que “no deshace” la agenda verde. Tanto el Gobierno de España como los socialdemócratas habían rechazado la rebaja de las exigencias medioambientales que condujeran a una 'desregulación'.

“Es un paquete que avanza en cómo seguir haciendo cosas, que apuesta por el motor de la agenda verde como la gran transformacioón económica que necesita nuestra industria, acompañando nuestra industria básica, apostando por los más innovadores, buscando la complicidad de las herramientas de regulación y dinero público con la convicción de que los inversores privados confían en la simplicidad de lo que ofrecemos pero también en la consistencia de lo que proporcionamos, incluidos trabajadores preparados para los requisitos laborales que requiere nuestra industria”, ha dicho la vicepresidenta.

Ribera se ha encargado de presentar previamente el Pacto Industrial Limpio, que será la hoja de ruta para impulsar la competitividad. Uno de los principales objetivos del plan es reducir los precios de la energía que lastran la competitividad de las fábricas europeas al haberse duplicado respecto a antes de la pandemia y superar en cuatro o cinco veces los de EEUU. Para ello la Comisión plantea a los estados miembros, que son los que tienen la competencia en materia fiscal, que reduzcan los impuestos de la factura de la luz. En concreto, les reclama que bajen el IVA “al mínimo”, es decir, al 5%, que fue una de las medidas que se pusieron en marcha durante la crisis energética.

Como parte del Plan de Acción para la Energía Asequible, se lanzará un proyecto piloto junto al Banco Europeo de Inversiones (BEI) para avalar por un importe de 500 millones de euros contratos a largo plazo de suministro de energía renovable a precio fijo, conocidos como PPAs. Esa era una vieja demanda del Gobierno español. Igualmente, recoge la posibilidad de implementar la denominada 'excepción ibérica' para desacoplar el precio del gas del de la electricidad a nivel europeo.

Financiar la industria verde es el gran reto que tiene la UE por delante. Fuentes comunitarias reconocen que la inversión hasta ahora “no es suficiente” para hacer frente a la descarbonización y la electrificación necesarias y calculan que se necesitan 480.000 millones al año. La vicepresidenta primera, Teresa Ribera, enviará en los próximos días a los estados miembros su propuesta para flexibilizar las ayudas de estado, que es una de las herramientas de las que se disponen para incrementar la inversión pública y que esta, a su vez, impulse el capital privado. 

“La industria de la UE necesita acceso inmediato al capital”, reconoce el documento presentado por Ribera y el vicepresidente para la Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné. Por eso otra de las herramientas que ha diseñado la Comisión Europea es una herramienta para financiar el ‘made in Europe’ que cifra en 100.000 millones de euros. Además, la intención es reforzar el existente Fondo de Innovación y proponer un Banco de Descarbonización Industrial, con el objetivo de alcanzar una financiación de otros 100.000 millones de euros.

Críticas al paquete legislativo

En términos generales, la música del Pacto Industrial Limpio suena bien a las empresas, a los grupos que sustentan la mayoría de la Comisión Europea en la Eurocámara y a las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, el paquete de 'simplificación' regulatoria ha levantado polvareda en las organizaciones defensoras del medioambiente y también cuentan con el rechazo de socialdemócratas y verdes.

“Von der Leyen está atacando con una motosierra la protección del medio ambiente y de los derechos humanos. Sin obligaciones vinculantes de diligencia debida, las empresas no asumirán su responsabilidad, algo que las catástrofes de los últimos años han dejado dolorosamente claro: derrumbamiento de fábricas textiles, rotura de presas en la minería y envenenamiento por pesticidas en las plantaciones de plátanos”, denuncian desde Oxfam.

“Es una clara señal de que la UE está cediendo ante la presión política dentro y fuera de sus fronteras”, señala Tsvetelina Kuzmanova, de CISL Europe: “Estamos viendo importantes retrocesos que debilitan la responsabilidad de las empresas. Los recortes propuestos no sólo diluyen la ambición, sino que recompensan activamente a quienes dan largas al asunto, poniendo en desventaja a las empresas responsable”.

Ahora tocará una dura negociación, aunque las posiciones más conservadoras han ido ganando terreno tanto en el Consejo de la UE como en el Parlamento Europeo, donde el PPE tiene una mayoría alternativa con las fuerzas de extrema derecha.

Los socialdemócratas se muestran “decepcionados” con el planteamiento de la Comisión Europea: “La simplificación no puede significar cuestionar nuestros valores fundamentales de la UE. Estas propuestas ponen en peligro la seguridad normativa. Se han presentado precipitadamente y carecen de la debida consideración, consulta y evaluación de impacto”.

“No aceptaremos retrocesos en las normas sociales y medioambientales ni en los objetivos políticos establecidos, ni que se pongan en peligro los derechos de los trabajadores, ni que se rompa con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática y la sostenibilidad. Las normas sobre diligencia debida acordadas recientemente pretenden evitar que las actividades económicas exploten a las personas y dañen el medio ambiente. No podemos vaciarlas ahora en nombre de la simplificación y anteponer el beneficio a las personas y el planeta”, dice Gaby Bischoff, vicepresidenta del grupo.