14.25 horas del miércoles. Faltan minutos para el cierre de una sucursal de Banco Popular en pleno centro de Madrid. Está cerca de la que fue primera sede de la entidad cuando abrió sus puertas en 1926. El banco ya es historia. Han pasado unas horas desde su intervención por parte de la UE y Ana Botín, presidenta del Santander (que ha comprado la entidad por el precio simbólico de un euro) ha dejado claro que no prevé ningún mecanismo para compensar a los minoritarios de Banco Popular que han perdido todo su dinero, como se hizo tras la salida a Bolsa de Bankia.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) lo acaba de confirmar por escrito: “Todos los accionistas de Banco Popular Español S.A., así como todos los titulares de bonos contingentes convertibles y de bonos subordinados, han perdido totalmente su inversión”.
En esta oficina madrileña del Popular, a esa hora, no hay ningún cliente. Nadie pide explicaciones, aunque ha sido una mañana movida. “Ha venido mucha gente a primera hora”, dice uno de los empleados de la sucursal, que habla de “normalidad”. La calma tensa contrasta con el frenético trasiego de llamadas en muchos despachos de abogados de España. Tras las cláusulas suelo, las preferentes o el caso Bankia, se frotan las manos ante el previsible aluvión de demandas por parte de accionistas y clientes del Popular que intentarán reclamar una compensación en los tribunales.
“Estamos ante un caso peor que el de Bankia”, dice Jordi Ruiz de Villa, socio de licitación bancaria del bufete de Jausas. Cree que el rescate exprés llevado a cabo por el fondo de rescate europeo (SRB) y el Frob (el Fondo de rescate bancario) es una “expropiación” porque la valoración provisional negativa del Popular realizada por un experto independiente (hasta 8.200 millones en el escenario más estresado) y la decisión de amortizar todas las participaciones (reducir a cero su valor) “es una medida extraordinariamente drástica y lesiva”.
Ruiz de Villa anticipa “muchas reclamaciones” en los tribunales por parte de accionistas y bonistas pillados en el Banco Popular. En su opinión, el objetivo fundamental va a ser Banco Santander, a través de la vía civil directa, porque el banco cántabro “ha comprado a un precio muy barato y hay un enriquecimiento injusto equivalente a la pérdida que están sufriendo los inversores”.
Para acometer la digestión del Popular, Santander va a realizar una ampliación de capital de 7.000 millones de euros, que servirá para cubrir el capital y las provisiones requeridas para reforzar el balance del banco adquirido y asumir su ladrillo tóxico. Con esa cifra, Santander da por cubierto el coste de las posibles demandas de clientes, accionistas y bonistas del Popular.
Ahorro de 3.000 millones
Hasta su intervención, y a pesar de la caída en picado de su cotización en las últimas semanas, Banco Popular estaba valorado en bolsa en unos 1.300 millones, pero el valor de sus acciones ha pasado a cero tras su intervención. Santander se ha ahorrado ese desembolso y el valor de los llamados bonos contingentes convertibles (CoCos) —títulos convertibles en capital—, y la deuda subordinada, más de 2.000 millones que se han amortizado. En total, más de 3.000 millones que habría tenido que pagar para quedarse con el Popular si no hubiera sido intervenido.
Fernando Zunzunegui, socio fundador de Zunzunegui Abogados y profesor de Derecho bancario en la Universidad Carlos III, también apunta como principal objetivo de las previsibles demandas a Santander. A partir de ahora podrá ser considerado responsable de un posible falseamiento del folleto de la ampliación de capital en la que en mayo del año pasado unos 300.000 accionistas de Banco Popular aportaron al banco 2.500 millones.
Quienes acudieron “asumen un riesgo cuando la ley de mercado se cumple. Pero si el folleto no contenía una imagen fiel, tienen derecho a ser compensados”, resume Zunzunegui. La vía sería “demandar al responsable, que es el Popular y a partir de ahora, el Santander”, ante la justicia ordinaria y por vía civil.
Todavía hay tiempo. La ley del mercado de valores establece que “la acción para exigir la responsabilidad prescribirá a los tres años desde que el reclamante hubiera podido tener conocimiento de la falsedad o de las omisiones en relación al contenido del folleto”.
Para el socio de Jausas, ese folleto puede dar pie a la adopción de acciones penales por parte de los accionistas perjudicados, como pasó con Bankia. En ese caso, UPYD presentó una querella criminal que fue arrojando una serie de pruebas, entre ellas, los peritajes de inspectores del Banco de España que decían que los ajustes multimillonarios de las cuentas del banco tras su intervención procedían de hechos anteriores a su salida a bolsa.
Ir contra los administradores de Banco Popular por la posible “falta de diligencia” y responsabilidad en la gestión por la vía penal es la opción que analiza, por ejemplo, la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin). Su presidenta, Patricia Suárez, dice que “habría que ver si se hicieron bien las cuentas, y en caso de no ser así, si fue responsabilidad del auditor (PwC) o de los directivos que le ocultaron información”. En su opinión, “difícilmente la vía civil va a ser posible porque Santander ya está diciendo que no va a compensar al accionista”.
Las últimas cuentas del Popular, que arrojaron pérdidas de casi 3.500 millones, se aprobaron en la junta de accionistas de abril, ya con Emilio Saracho como presidente. “¿Cómo es posible que al cabo de un mes arroje una valoración negativa?”, se pregunta el socio de litigación bancaria de Jausas.
Más damnificados
Otros posibles damnificados que también pueden litigar son grandes fondos de inversión que apostaron por Banco Popular en su cartera y los tenedores de Bonos Convertibles Contingentes (un tipo de deuda que se convierte en títulos si es necesario como sucedió anoche), emitidos en 2013 y 2015 por un valor total de 1.250 millones de euros, “que también tendrá que asumir Santander si hay sentencia judicial favorable”, señala Patricia Suárez. “Ahí sí que se han presentado demandas y estamos ante un producto complejo, ya hay sentencias que han demostrado que el folleto o la publicidad que se daba a los clientes ocultaba los riesgos del producto”. En su opinión, “hubo una mala comercialización como la que hubo en su día con Valores Santander”.
Otro frente es el de los afectados por las cláusulas suelo de Banco Popular. Según reclamador.es, Santander tendrá que hacer frente a más de 400 millones de euros que están pendientes de reclamar aún por los afectados, “teniendo en cuenta que quedan más de 55.000 clientes” por hacerlo “y la media que recupera cada afectado por la retroactividad es de 8.000 euros”.
“Es el mayor banco de este país y tendrá que asumir que tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal de Justicia de la UE han determinado que procede la devolución total del dinero”, dice la presidenta de Asufin, que apela a la “responsabilidad social corporativa que se supone que hay que exigir a un gran banco como el Santander”.
Marcelino Tamargo, socio del despacho Espacio Legal, cree que “el sentido común” invita a pensar que Santander se avendrá a establecer algún tipo de compensación para los accionistas del Popular mediante algún tipo de canje. Su pronóstico es que “perderán el 80% del valor de su inversión, que ya era el que era”: 31 céntimos de euro por título antes de la intervención. “En el fondo el Santander lo que quiere son clientes”, apunta.
En su opinión, “no es una buena noticia para los inversores de Banco Popular” que su comprador haya sido la entidad de Botín. “Con su propia deuda subordinada, los Valores Santander, sus propios clientes ya perdieron el 60% de la inversión. No es un buen precedente”.