Cómo Bukele, presidente de El Salvador, adoptó el bitcoin en tres días

La adopción de la criptomoneda bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador ha generado cientos de titulares y un enorme debate en todo el mundo. Pero no hubo debate político en El Salvador. El presidente Nayib Bukele apareció en un clip viral haciendo el anuncio el sábado 5 de junio, durante una conferencia de Bitcoin. Tres días después, en los primeros minutos de la madrugada del 9 de junio, la ley ya estaba aprobada. 

La ley obliga a “todo agente económico a aceptar bitcoin como forma de pago”. También se podrá pagar los impuestos de esa manera. “Si vas a un McDonalds, no podrán decir ‘no aceptamos bitcoin’. Tienen que aceptarlo por ley”, ejemplificó Bukele. De esa obligación se salvan “quienes por hecho notorio y de manera evidente no tengan acceso a las tecnologías que permitan ejecutar transacciones en bitcoin”. Toda la ley, de 16 artículos, cabe en dos páginas. No incluye explicaciones más amplias de cómo operará esa excepción, en un país en el que el 77% de personas no tiene una cuenta de ahorro y la mayoría de transacciones se realizan en efectivo, en dólares estadounidenses, la moneda legal desde 2001. La ley entrará en vigencia en septiembre de 2021. 

La ley bitcoin duró solamente cinco horas en el trámite legislativo, desde su presentación pública. ¿Cómo se aprueba tan rápidamente una ley que cambiará el sistema monetario de todo un país? Solo puede ocurrir en un país como El Salvador, en el que no existen contrapesos. 

Bukele inició su mandato el 1 de junio de 2019. Inició la presidencia como un torbellino, despidiendo a través de Twitter a decenas de empleados y funcionarios por ser parientes de políticos de oposición, aunque algunos casos no eran ciertos. Se tutea con AuronPlay, un ‘youtuber’ español con 28 millones de seguidores. Se tomó un ‘selfie’ en la Asamblea General de Naciones Unidas. Sostiene una aprobación cercana al 90% en El Salvador y  atrajo atención mundial con su cuidada imagen, desprecio por las corbatas y carisma digital.

Últimamente, los titulares sobre el presidente han cambiado. Bukele llevaba solo ocho meses gobernando cuando invadió con militares el Órgano Legislativo, para presionar por una votación cuando la oposición todavía tenía la mayoría absoluta. En febrero de este año, su partido ganó 55 de 84 escaños y, a través de alianzas, controla a unos 60 diputados, más que suficiente como para aprobar cualquier ley. El día que sus diputados tomaron posesión, destituyeron ilegalmente a la Sala Constitucional y al fiscal general que investigaba casos de corrupción de la administración Bukele. Dos años después, Bukele controla efectivamente los tres órganos del Estado. 

Con la historia del bitcoin, Bukele busca volver a mostrarle al mundo su mejor cara, tras la serie de condenas internacionales (sobre todo de Estados Unidos) por el golpe al poder judicial. Y la movida salvadoreña del bitcoin fue hecha a la medida de inversores extranjeros. 

“Estamos elaborando esta nueva ley que dará residencia permanente a cualquier persona que invierta tres bitcoins en El Salvador,” dijo Bukele en un chat virtual en la noche del 9 de junio, simultáneo a la sesión donde se aprobó la ley. “Innovadores, inversionistas, emprendedores, bitcoineros que quieran comprarse una casita de vacaciones o vivir a la orilla de la playa”, añadió el presidente. Bukele solo ha tuiteado en español sobre el tema algunas veces, pero todos sus discursos y explicaciones se han realizado en inglés, incluido ese chat en Twitter. La ley aprobada el 9 de junio no dice nada sobre esa reforma migratoria. 

El primer anuncio sobre la ley se realizó en Miami. Lo presentó Jack Mallers, un empresario de 27 años, cuya empresa ha sido contratada por el gobierno salvadoreño para desarrollar una “billetera virtual” para bitcoin, una aplicación parecida a las de bancos privados en la que sus clientes pueden hacer transferencias y ver su estado de cuenta. Mallers dijo que el gobierno lo contactó y lo ayudó a elaborar la  ley. Las circunstancias de la contratación de Mallers no han sido divulgadas. 

Una de las principales preguntas es cómo se manejara la volatilidad del bitcoin, que costaba 64,895 dólares el 14 de abril de este año y cerca de 30,000 dólares un mes después. Para cuando se aprobó la ley, un bitcoin valía 33,000 dólares. El gobierno salvadoreño ha dicho que asumirá los costes de la fluctuación a través de un fideicomiso en un banco nacional. Si un vendedor recibe un pago en bitcoin, tendrá la opción de convertirlo en dólares a través de un intercambio con el Gobierno, según ha explicado el presidente. Si el valor en bitcoin cambia desde la venta, Bukele dijo que el Gobierno lo convertirá en dólares según el valor del bitcoin cuando se realizó la venta, asumiendo cualquier pérdida o ganancia. El economista salvadoreño Ricardo Castaneda, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), señala que esa oferta de que el gobierno asumirá el riesgo es una falacia: el gobierno se financia con impuestos.

El ICEFI publicó este 11 de junio un detallado estudio en el que resume algunas de las principales preocupaciones que economistas y otros expertos han expresado sobre la ley.

“Existe el riesgo que El Salvador sea empleado como paraíso para lavar dinero mediante el uso malicioso del bitcoin, ante la incapacidad legal de las autoridades para ejercer control y sancionar”, señala el ICEFI. Como la ley garantiza la “convertibilidad automática de bitcoin en dólares”, alguien desde cualquier lugar del mundo podría convertir su efectivo en bitcoin y canjearlo por dólares en El Salvador, por ejemplo. “Adicionalmente, al ofrecer el no pago de impuestos sobre las ganancias por las transacciones de bitcoin, puede convertirse en un paraíso fiscal virtual”, asegura el estudio del ICEFI.

“La adopción de esta medida ha provocado una caída en el precio de los bonos y aumento en el perfil de riesgo, lo que pone en predicamento el acceso a los mercados financieros”, dice una de las conclusiones. La aprobación se dio en momentos en los que el gobierno de Bukele negocia un acuerdo por su deuda con el Fondo Monetario Internacional. 

Estas conversaciones suceden lejos del público que ahora experimentará con el bitcoin. En la playa El Zonte, a unos 40 minutos de San Salvador, se conduce desde 2019 un plan piloto de capital privado con el uso de bitcoin en pequeños negocios. En El Zonte hay un cajero automático para comprar bitcoin o canjearlo. La agencia AP entrevistó ahí a Edgar Magaña, un joven de 26 años que llegó desde la capital para convertir 50 dólares. Magaña se sorprendió cuando vio que solo le acreditaron 47 dólares a su aplicación en el teléfono. “Me quitaron tres dólares de comisión”, dijo el joven bastante sorprendido, ya que tenía entendido que no había comisión. “Esto es como en los bancos”, dijo, según AP.

Durante la charla virtual con inversionistas, Karim Bukele (hermano y asesor principal del presidente) dijo que “la playa El Zonte fue un laboratorio exitoso y El Salvador es un laboratorio donde estamos probando la escalabilidad”. En la misma conversación le preguntaron al presidente Bukele si había considerado la “minería” en el país, un proceso en el que centros de computadoras se utilizan para realizar operaciones que validan las transacciones de bitcoin. A cambio, reciben fracciones minúsculas de la criptomoneda. Críticos señalan el impacto ambiental que esto tiene, por su alto consumo de energía.

“Jamás se me ocurrió, pero cada día habrá una nueva idea. Así que no habíamos contemplado la minería, pero podemos hacer algo para promoverlo, por supuesto”, contestó Bukele, la noche del 8 de junio. Al día siguiente, en Twitter, anunció un nuevo proyecto. “Acabo de ordenarle al presidente de La Geo, nuestra empresa estatal de electricidad geotermal, que haga un plan para ofrecer instalaciones para la minería de bitcoin con energía muy barata, 100% limpio, 100% renovable y con cero emisiones, de nuestros volcanes. ¡Esto va a evolucionar rápido!”, tuiteó en inglés.

Y así, de nuevo, comienza otro ciclo noticioso, a partir de la frenética actividad digital del presidente que no solo anuncia, sino que decide en redes sociales las políticas públicas de un país.