Inversiones cuyo destino se desconoce, ahorros de toda una vida que de la noche a la mañana desaparecen o servicios con amplias diferencias entre lo prometido y la realidad. Son algunas de las consecuencias comunes para los afectados por las burbujas empresariales, un fenómeno cuyo máximo exponente, con serias implicaciones macroeconómicas y devastadores efectos sobre el mercado laboral, fue la inmobiliaria, pero que en España ha contado con varios capítulos negativos más allá del ladrillo que desgranamos a continuación.
Cigarrillos electrónicos
Si la Ley Antitabaco de 2011 supuso un duro golpe para el cigarro clásico y el boom de los denominados vapeadores, que tuvo su punto álgido en 2013, parecía firmar la carta de sentencia del tabaco tradicional. En aquel año el sector llegó a tener abiertos 3.000 puntos de venta, empleando a más de 5.000 personas de forma directa y a unas 6.000 indirectamente, según datos de la Asociación Nacional del Cigarrillo Electrónico (ANCE). La causa de este auge, un mercado que formaron 900.000 vapeadores sólo en España y que en Europa gastaba 500 millones de euros anuales, según informes de aquellos años.
Hoy la realidad es bien distinta y la rapidez con la que se formó la burbuja fue la misma a la que explotó. Sin ningún tipo de reparo lo confirma Pedro Cátedra, presidente de la ANEV. “La burbuja ya la pasamos en el 2013, cuando se hundió el sector”. Habla de 2.500 puestos de trabajo directos perdidos desde entonces y 170 establecimientos que a día de hoy se mantienen en nuestras calles.
Cátedra achaca el fin del ascenso a dos grandes lobbys: las farmacéuticas y las tabaqueras. Sobre las primeras, considera que “tienen un volumen de negocio importante por las enfermedades respiratorias y las circulatorias. Quieren que se usen medicamentos contra el tabaco ya que para ellos es un sector muy importante, alrededor de un 10% de su negocio”. De las tabaqueras critica la campaña por la que equiparaban los efectos negativos de ambos formatos y lo atribuye a que “no controlaban el mercado. Ahora que todas están produciendo sus dispositivos electrónicos ya no es tan perjudicial porque también pueden vender”. No obstante, para el presidente de la ANEV, ahora el negocio se ha readaptado y va por el buen camino. “El mercado está en auge, aunque sí es verdad que menos de lo que aumentaba en su día. Ahora crece entre un 5-7% al mes en España de manera muy estable”.
Sellos
A finales del siglo pasado, el sello fue la forma más fácil para que un español medio se sintiera un inversor y obtuviera rentabilidad de su dinero como si de acciones se tratase. Para satisfacer esa demanda, Fórum Filatélico y Afinsa se erigieron como los grandes baluartes de España en el sector, concentrando a casi 500.000 clientes en total a los que aplicaron una estafa piramidal. El método consistía en prometer intereses anuales que oscilaban entre el 5% y el 6% por la revalorización de los sellos. Pero la trampa estaba en que el dinero entregado provenía de lo aportado por nuevos clientes y no por el aumento del valor del material.
La burbuja que parecía no tener fin pinchó, y con ello llegaron los problemas. Fórum Filatélico empezó a operar en 1979, hasta que en mayo de 2006 el juez Pablo Ruz destapó una estafa masiva, imputando a 32 responsables por delitos de estafa continuada, falseamiento de cuentas, insolvencia punible y blanqueo de capitales. La fianza civil fue de 3.702 millones de euros a raíz de los casi 270.000 clientes engañados.
Afinsa surgió en 1980 y también tuvo un agujero importante gracias al método de la estafa piramidal. Según el juez Ruz, la compañía compraba sellos que posteriormente vendía con un margen superior al 1.000%. Trasladado a números, entre los años 2000 y 2002 transformó 57 millones de euros en 723 millones.
José Javier López de Castro, Portavoz de la Federación de Clientes Fórum y Afinsa, cree que la clave de esa burbuja estuvo en que “no eran un lugar de inversiones sino de familias ahorradoras. Más del 80% de los afectados tenían entre 20.000 y 30.000 euros ahorrados a lo largo de toda la vida. Con las rentabilidades que ofrecían en los ochenta y los noventa, que eran algo superiores a las de los bancos, muchos metieron su dinero ahí”. Hoy los juicios todavía avanzan despacio y López de Castro critica la falta de voluntad política del Gobierno. “En 2008 Rajoy firmó una carta de compromiso para solucionar el asunto cuando llegara a la presidencia, pero desde que llegó nos ignora”.
Peluquerías 'Low Cost'
Entre los motivos que explican el pinchazo del modelo de negocio de las peluquerías de bajo coste está la subida del IVA de septiembre de 2012, que supuso un duro golpe para el sector, después de que las actividades pasaran de estar gravadas de un 8% al 21%.
Este formato ya estaba consolidado en España, como demuestra el dominio del mercado de Marco Aldany. La cadena controlada por la sociedad The Chic Corporation Worlwide estuvo operativa desde 1997 y llegó a ser la número uno en España con más de 300 centros, pero se tuvo que declarar en concurso de acreedores a principios de 2012 (antes de la entrada en vigor del nuevo tipo impositivo) ante la poca sostenibilidad del negocio. La empresa pasó de ganar un millón de euros en 2009 a perder más de 6 millones.
Hoy, las peluquerías están en declive. El volumen de negocio del sector en España se ha contraído un 34% entre 2011 y 2015, desde los 5.046 millones de entonces hasta los 3.200 millones del año pasado, según un informe elaborado por la consultora Key-Stone para la asociación sectorial Stanpa. Concretamente, los salones han pasado en el mismo periodo de ganar una media de 105.000 euros anuales a solo 66.000 en el último año. El cierre de establecimientos y las nuevas formas de peluquería con políticas de precios muy agresivas están teniendo su efecto.
Mariano Castaño, Presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Imagen Personal (ANEIP), confirma que hay una “importante” burbuja en este negocio. “Todo el sector está cabreado por la proliferación de este tipo de establecimientos, con profesionales de baja cualificación y con precios totalmente fuera de mercado, ante los que no se puede competir”. Castaño, que apunta a una caída del 30% en el beneficio neto del sector por esta y otras causas (como la subida del IVA), confía en que los consumidores se den cuenta de que “es mejor pagar un poco más por un servicio de calidad y con buenos productos hecho por grandes profesionales”.
Centros de depilación
Corporación Dermoestética y Suávitas fueron las banderas del sector durante varios años y ambas fueron víctimas de su propia burbuja. Su objetivo no era otro que acercar a la mayoría los servicios estéticos que parecían exclusivos de famosos y personas adineradas. Con este modelo de negocio se hicieron muy fuertes, salieron a bolsa y lideraron un mercado que era suyo.
La empresa de José María Suescun, Corporación Dermoestética, tuvo una expansión enorme desde su fundación en 1979. Hasta su entrada en concurso de acreedores, en abril del año pasado, y el progresivo cierre de sus clínicas, llegó a contar con 54 establecimientos repartidos por todo el territorio nacional y su capitalización en bolsa alcanzó en sus mejores momentos los 400 millones. Todo ello hasta 2014, cuando solicitó el preconcurso de acreedores que incluía el cierre de todos sus centros propios y el despido de la totalidad de su plantilla. En 2015 llegó la liquidación total.
Por su parte, los tratamientos de belleza de Suávitas -sobre todo depilación láser- tuvieron su momento de declive justo cuando salieron al mercado bursátil. La compañía había perdido dinero en 2011 y, a pesar de ello, salió a bolsa a través del mercado alternativo bursátil (MAB, instrumento pensado para pequeñas y medianas empresas) con una ampliación de capital que ya se quedó corta (captaron 1,55 millones de euros, frente a los los 2,5 millones previstos) y con un gasto enorme por la operación. Poco después se acogió al preconcurso de acreedores tras disminuir sus ingresos más de un 50%, lo que derivó en la compra de la empresa por parte del grupo Vousse Corp. El cierre sorpresa de muchas de sus tiendas ha provocado la denuncia de FACUA, que asegura que pacientes no han recibido tratamientos ya pagados.