Un campo dividido en tractoradas: las protestas evidencian las discrepancias sobre quién representa al sector agrario

Una protesta de cientos de agricultores y una tractorada en la que se mezclaron las consignas económicas con la crítica política (y algunos insultos) pero donde los organizadores no tienen interlocución directa con el Gobierno. Y otra tractorada, prevista para el próximo lunes, en la que sus convocantes ya se han reunido y volverán a hacerlo con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Las manifestaciones de los últimos días han puesto de relieve las distintas sensibilidades que representan al campo, sus diferentes puntos de vista y los equilibrios por ver quién tiene la capacidad de hablar por más gente y, en ocasiones, por alzar la voz más alto y hacer más ruido.

En el caso de la manifestación de este miércoles, la principal organización convocante era Unión de Uniones y las diferentes asociaciones que la integran, pero también estaban elementos minoritarios de la Plataforma 6F, la misma que convocó hace unos días una protesta en las inmediaciones del estadio Metropolitano de Madrid y cuya voz se fue apagando después de que su principal portavoz, Lola Guzmán, increpara a la policía asegurando que “mató poco la ETA”.

La mayor parte de los manifestantes del miércoles forman parte de esa citada Unión de Uniones. En ella tienen el mayor peso organizaciones como Unió de Pagesos de Catalunya, la Unió Llauradora i Ramadera de València, la Unión de Agricultores y Ganaderos de Extremadura y Unión de Uniones de Castilla-La Mancha. Estas integraban gran parte de las caravanas, las tractoradas que llegaron al Ministerio desde distintos puntos de España, pero no se reunieron con el ministro Planas, como reclamaban parte de los manifestantes. “Que nos escuchen, que hemos llegado hasta aquí”, aseguraba uno de ellos a muy pocos metros de la estación de Atocha, mientras hacía sonar un cencerro.

No lo hicieron porque no forman parte del denominado Consejo Agrario, donde están las organizaciones que sí se consideran representativas del sector primario en el ámbito nacional. Esa capacidad de representación la tienen la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja). Esta última con un perfil empresarial y que forma parte de la patronal CEOE.

Es ahora, en plenas protestas, cuando se ha abierto el melón de si en ese Consejo Agrario deben tener cabida más organizaciones. “Unión de Uniones es una escisión de COAG y, sí, es fuerte en Catalunya o en Valencia, pero no tienen representatividad en el norte de España. No es una organización que no forme parte del sistema como dicen, son sistema, pero no tienen la representatividad que nosotros sí tenemos”, aseguran fuentes de una de las organizaciones que sí están presentes en el Consejo. Como contó elDiario.es en esta información, el líder más visible de Unión es Luis Cortés, quien fue expulsado de COAG tras ser condenado por defraudar subvenciones europeas.

Representatividad “asimétrica”

El problema de fondo es quién se sienta en el Consejo Agrario y las quejas de quien no está en él. Y, entre medias, una ley que no se ha aplicado. “Yo llegué al Ministerio en junio de 2018”, aseguró el lunes a la prensa el ministro Luis Planas, que entró en el debate de la representatividad de los agricultores y que calificó como “asimétrica”. Aseguró que encontró una “ley que no hemos sido capaces de desbloquear. Una mala ley. Lo digo con mayúsculas. No mala por ningún tinte político o ideológico, sino por inviable. Son las propias organizaciones agrarias las que plantean [un cambio] y es lógico”, apuntó.

Planas se refería a la ley de 2014, aprobada con el PP en Moncloa, que reguló “el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias” y la creación de ese Consejo Agrario. 

Esta legislación establece que tiene que haber “una consulta para determinar la representatividad de las organizaciones agrarias” que “se efectuará en todo el territorio del Estado simultáneamente” y que “se contabilizarán los votos obtenidos por cada organización profesional agraria en todo el Estado”. En realidad, esas elecciones estatales no se han realizado porque, según diferentes fuentes, “es muy difícil de aplicar” o “imposible” y “no era una opción realista”, añaden. Sin embargo, sí hay elecciones en la gran mayoría de comunidades y esas se toman como referencia. También, el criterio que se utilizaba hasta la aprobación de esa norma de 2014. Por ejemplo, que las organizaciones tengan, al menos, el 15% de los votos emitidos en nueve elecciones autonómicas o estén reconocidas como representativas en 10 regiones. 

En este escenario sin elecciones y con una ley que no funciona, Planas aseguró que ha intentado cambiar la normativa, aunque sin mediar un proyecto de ley para modificar esa legislación de 2014. “Tenemos elecciones generales, las políticas. En el caso sindical, elecciones en cada empresa”, comparó. “El sector agrario es inmensamente más complejo. Había elecciones a las Cámaras Agrarias y en algunas comunidades se efectúan y podríamos tener el elemento de esa referencia, pero cada vez que he sondeado en la pasada legislatura y en esta, teniendo en cuenta la composición y estructura del Congreso de los Diputados, cualquier iniciativa del Gobierno no hubiera podido llegar a buen puerto”, aseguró el ministro a los medios. “Soy una persona realista y práctica y no me gusta proponer cosas que luego no vayan a tener posibilidades de ser aprobadas. Podríamos y necesitaríamos ponerlo al día, probablemente, sí”, reconoció. 

“Tensión entre organizaciones”

También, que este problema de representatividad puede nublar la realidad que vive el campo. “Que hay tensión entre organizaciones, sin duda, pero es un tema del que el Ministerio es absolutamente ajeno. A mí me preocupa que, en esta situación, hay quien quiere poner en tela de juicio todo el sistema de representación. Tenemos tres organizaciones que en su conjunto representan a la mayoría del sector. El Gobierno está centrado en buscar soluciones a los problemas de los agricultores”, concluyó.

Y sobre la posibilidad de sentarse con Unión de Uniones, Planas fue tajante. “Tengo la interlocución con quien debo tenerla y la voy a mantener”. Sin embargo, distintas fuentes señalan que sí existe relación de esta organización con el Ministerio, aunque no sea al más alto nivel. 

Así las cosas, el Ministerio se reunirá de nuevo, previsiblemente en las próximas semanas, con Asaja, COAG y UPA, que han convocado otra tractorada el lunes en Madrid, desde el Ministerio hasta la sede en España de la Comisión Europea. Convocatoria que se produce el mismo día en el que se ven en Bruselas los ministros del ramo para tratar de reducir la burocracia y el papeleo que se exige a los agricultores y ganaderos. Desde una de estas organizaciones se lanza un mensaje para apaciguar el sector. “Somos un instrumento para garantizar rentabilidad y la vida de miles de agricultores y desunirnos debería ser un debate al margen de lo que está pasando, porque no beneficia a las movilizaciones. Hay otro tipo de intereses”, apuntaban este miércoles.

La situación recuerda en cierta medida a lo que ocurre desde hace años en el transporte, con los camioneros. En 2022, la denominada Plataforma defensora del transporte de mercancías por carretera nacional e internacional –que acabó llamándose Plataforma– convocó un paro que golpeó a la industria y a la distribución durante 15 días. Entonces, pese a no tener representatividad en el Comité que se reúne con el Ejecutivo, consiguió sentarse con la entonces ministra de Transportes, Raquel Sánchez. En cambio, meses después –y hace unas semanas– volvió a convocar paros, pero sin lograr el éxito que logró hace dos años.