Los últimos dos días han sido confusos para Luis, un madrileño que está a punto de comprarse una casa y prefiere no dar su nombre real. El jueves, una sentencia del Tribunal Supremo señaló que es el banco, y no el cliente, el que debe abonar el impuesto sobre actos jurídicos documentados de las hipotecas. El viernes, el mismo Tribunal reculó: anunció que revisaría su propia decisión por la “enorme repercusión económica y social” que implicaba, dejando en el aire quién tiene que pagar. Y a Luis, que el viernes iba a firmar su hipoteca, le cancelaron la firma.
“Estaba prevista a primera hora de la mañana y, de camino a la notaría, se canceló. En la notaría tenían tres firmas y las suspendieron todas”, cuenta, aún contrariado, al teléfono. “Hablé con el banco y en principio firmamos la semana que viene, pero soy un poco escéptico”. Si todo sale según lo previsto, irá de nuevo a firmar en los próximos días y tendrá que abonar los 5.000 euros que le suponen el impuesto en cuestión. “En mi banco están despistados. Antes de ir a firmar llamé para ver si tenía que pagarlo o no, porque la sentencia del jueves era muy clara. Supongo que el lunes me dirán algo y me lo seguirán cobrando, porque tendrán que ganar tiempo hasta ver qué sucede”.
El insólito revés del Supremo, anunciado el pasado viernes a mediodía, ha dejado en un limbo de incertidumbre a bastante gente: a quienes están en proceso de compra de una vivienda, a quienes la venden, a las inmobiliarias que se lo gestionan y a las propias oficinas bancarias, que aún no saben qué hacer ni cómo comunicar a sus clientes los posibles cambios en las condiciones de sus hipotecas. También a los abogados, que el jueves se frotaban las manos ante la ola de reclamaciones que les iba a llegar y el viernes ya no lo veían tan claro. “Esto nos pilla a contrapié: a la abogacía en general y a nosotros en particular por la cantidad de casos que llevamos”, expone Iván Metola, CEO de la web de reclamaciones Indemniza.me. “Es inaudito que reculen por la repercusión económica que le supone a la banca”.
El lío en el que se han visto los compradores afectados varía según la entidad y el momento preciso en el que tenían la firma. Diego (nombre ficticio) está a punto de firmar una hipoteca y al conocer la sentencia se puso en contacto con su banco, Kutxa Bank. La sucursal que ha visitado varias veces en las últimas semanas para cerrar el acuerdo le aseguró que todos los trabajadores iban a reunirse “para ver cómo abordaban” el nuevo escenario. “Me dijeron que esperaban instrucciones, pero no me dieron más detalles. Hoy, al conocer la rectificación, he vuelto a llamar pero ya no he tenido respuesta”, explica a eldiario.es.
A Gerardo, un pontevedrés que solicita no aparecer con su nombre real, la mala noticia le pilló dando clase. “Íbamos a firmar el lunes. El miércoles me dijeron que estaba todo arreglado. El jueves la notaría recibió la información del vendedor y fui tranquilo al trabajo. El jueves por la tarde me llamaron del banco diciendo que, por la decisión del Supremo, paralizaban todas las hipotecas”, narra frustrado. “El vendedor venía de Barcelona y ya teníamos el billete. El viernes por la mañana, el banco me dijo que como no sabían qué impuesto tenían que pagar no podían enviar la información a la notaría. Yo les decía: me da igual, no podéis hacerme esto”.
Su banco, la Caixa Rural Gallega, suspendió todas las firmas de hipotecas el jueves tras conocer la sentencia. Como la suya era pequeña (70.000 euros), Gerardo pensó en hacer un trato independiente con el propietario. “Hablé con él y pensamos resolverlo entre nosotros. Llamamos al notario, se lo planteamos, vamos adelante... y el viernes a la una me llaman del banco, que seguimos con la hipoteca y que pagan ellos el impuesto”, explica. “En ese momento me lo pensé, porque no quería tener trato con el banco. Pero lo otro era un apaño. Acepté y a los tres minutos me vuelven a llamar y me dicen que el impuesto lo pago yo. El Supremo acababa de decir que donde dije digo, digo Diego. A las dos de la tarde, con la notaría a punto de cerrar, acepté. Me dio hasta rabia porque es un banco que me ha fallado. Y tendrán su explicación, pero no se plantearon que había gente a la que dejaban tirada. Ese tirón del freno de mano es una reacción de pánico”.
“Una de las piezas clave del castillo se cae”
La historia no ha sido muy diferente en algunas inmobiliarias, que de la noche a la mañana frenaron las ventas. Desde la firma Globalpiso, en el centro de Madrid, aseguran que todo explotó la mañana del viernes. Con la noticia de la sentencia del Supremo en prensa, radio y televisión, media docena de clientes pendientes de cerrar operaciones llamaron para preguntar en qué situación quedaban.
“Hay que parar las operaciones porque no sabemos qué va a pasar. Como intermediarios no podemos posicionarnos porque no queremos perjudicar a ninguna de las dos partes. Esto nos afecta enormemente, ahora mismo estamos con 4 o 5 operaciones por firmar. Nos paraliza. Una de las piezas clave del castillo se cae”, informa David F. Ferreiro.
“A mis clientes en concreto no les va a afectar mucho: nosotros ofrecemos inmuebles desde lo medio hasta lo más alto. Esto afectará más a otras personas”, añade Jesús Gil Marín, fundador de la Inmobiliaria Gilmar, especializada en viviendas en las mejores zonas residenciales de Madrid y la Costa del Sol.
La oferta vinculante –un documento con las cláusulas de la hipoteca que el banco está obligado a entregar al menos tres días antes de la firma– será la que salve a muchos compradores del repentino recule de sus entidades. “Nosotros tenemos tres firmas la semana que viene y no se han cancelado”, afirma Elena Pérez, responsable de una oficina de Redepiso en Madrid. “No se cancela una hipoteca en 24 horas. Por ley deben darte la oferta tres días antes para que sepas qué condiciones vas a firmar. Y no se puede cambiar. No es legal que lleguen y te cambien unas condiciones de un contrato pactado. Si algún banco ha hecho eso, ha sido una reacción temeraria”.
¿Qué va a pasar?
Los principales bancos españoles retiraron el jueves –cuando el Supremo dijo que el impuesto lo iban a pagar ellos– las información sobre hipotecas de sus webs y, pese al anuncio del viernes, aún no la han puesto de vuelta. El impuesto de actos jurídicos documentados es el mayor gasto de todos los hipotecarios (supone entre el 0,3% y el 5% del total), así que si finalmente les toca pagarlo reducirán su margen de beneficio. El Pleno de la sala lo decidirá en las próximas semanas.
Aunque el pleno decida revertir el “giro jurisprudencial”, los abogados seguirán adelante con las reclamaciones que ya gestionaban. ¿Por qué? Porque no es la primera vez que se pronuncia en favor del cliente. En 2015 ya dictó una sentencia que establecía que las claúsulas que imponen al consumidor todos los costes del contrato eran abusivas y que esos costes debían ser compartidos. Pero no aclaraba qué debía pagar cada una de las partes. Agarrándose a eso, muchos hipotecados reclamaron que se les devolviera el impuesto en cuestión.
“Esto empezó entonces, pero se matizó tanto que resultó irreconocible. Y el jueves salta la noticia, con mucha más relevancia, del cambio de jurisprudencia. Nuestra estrategia seguirá siendo la que teníamos hasta hoy: adaptar procedimientos y modificar demandas para reclamarlo. La única sentencia que se ha dictado es la del jueves”, añade el CEO de Indemniza.me. “Ya veremos en qué termina”.
Otro matiz importante será a quién reclamar el impuesto: si a los bancos, por imponer cláusulas abusivas, o a Hacienda, que es la que lo ha cobrado. “La cuestión es que nadie ha declarado la abusividad”, indica la magistrada Natalia Velilla a este periódico. “La sala tercera ha dicho que el artículo que regula este impuesto no es correcto”. En su opinión, “la sentencia solo permitirá a los hipotecados reclamar a las haciendas autonómicas la devolución del impuesto, siempre que no hayan pasado más de cuatro años desde la escritura hipotecaria”.
Los abogados consultados, sin embargo, están reclamando directamente a los bancos para evitar esa limitación de cuatro años y considerando que las cláusulas sí son abusivas. “Tú podrías reclamar a Hacienda, pero hay limitación temporal. Pero puedes reclamar al banco que te pague lo que tú pagaste a Hacienda debido a una cláusula abusiva por ese importe. El banco aprovecha que te redacta la escritura para cargarte todos los gastos”, continúan desde Indemniza.me. “Y es el mayor interesado en que se inscriba esa hipoteca”.
Como los clientes, los despachos son los otros grandes interesados en que el Supremo no recule y la sentencia que dicta que son los bancos los que pagan siga adelante. “Hay mucho negocio en ello”, concluyen. “Sobre todo porque este es el mayor gasto de todos los hipotecarios”. Si la gente lo reclama y gana, las indemnizaciones serán cuantiosas y los abogados se llevarán “unos honorarios mayores”.
Los afectados consultados esperan ahora las nuevas instrucciones de sus bancos para proceder con las firmas: entienden que, salvo que ya hayan firmado la oferta vinculante sin él, de momento les tocará pagar el impuesto, que asciende a una media de 3.000 euros por hipoteca. Si el Supremo no da marcha atrás sobre su propia decisión, lo reclamarán posteriormente.