La Generalitat de Catalunya ha obligado a Endesa, principal distribuidora en esa comunidad autónoma, a devolver dinero cobrado de más a decenas de clientes que tenían un contrato en el mercado libre y que reclamaron ante el Govern catalán por entender que la comercializadora de la eléctrica les cobró indebidamente por la potencia consumida.
La Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial del Departamento de Empresa y Conocimiento de la Generalitat ha dictado este año al menos seis resoluciones que dan la razón a pymes que denunciaron que Endesa les facturó el 100% de la potencia contratada cuando, según el criterio de la Generalitat, debió cobrarles el 85%. Esos clientes no habían llegado a consumir ese tope, y entendían, como el Govern, que en virtud de un Real Decreto de 2001, para estos casos procedía cobrarles sólo ese 85%.
En las resoluciones a las que ha tenido acceso eldiario.es, el departamento que desde enero dirige el conseller Jordi Baiget obliga a Endesa a refacturar periodos que en algún caso superan los cinco años y ordena devolver a los clientes la diferencia a su favor, con intereses, más la parte proporcional del impuesto de Electricidad y el IVA correspondientes. Todos los reclamantes son pymes con la tarifa 3.0A, que suministra energía por encima de 15 kilovatios de potencia en tres periodos de facturación en función de la franja horaria.
En las resoluciones, la Generalitat señala que “la facturación del término de potencia correspondiente es un coste regulado de tal forma que su aplicación, o no aplicación, no depende de lo que puedan acordar las partes contratantes, sino que es de aplicación obligatoria”. Se apoya en una sentencia dictada el 30 de abril de 2012 por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que falló a favor de la Administración catalana y en contra de Endesa en un contencioso sobre la repercusión de los costes de la moratoria nuclear.
Endesa ha recurrido esas resoluciones y sostiene que la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE), absorbida en 2013 por la actual Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), dictaminó en su momento “claramente” que estos pagos podían pactarse libremente entre las partes al ser contratos en el mercado libre.
En junio de 2012 y ante una consulta de un particular sobre un caso similar, la CNE dictaminó que “en relación al modo de facturación de potencia de cualquier producto de electricidad en el mercado libre (...), no existe ninguna norma que obligue a los comercializadores a facturar el término de potencia de sus productos de forma análoga al modo de facturación de las tarifas de acceso a redes asociadas a su contrato de energía”.
En esta respuesta se escuda Endesa. Según fuentes de la eléctrica, la Generalitat ha dictado desde 2009 unas treinta resoluciones en su contra por este asunto. Las cantidades en disputa son “mínimas”, dicen esas fuentes, que añaden que la empresa sólo está encontrando estas objeciones en Catalunya.
Batería de iniciativas
El caso ya ha llegado al Congreso. El diputado catalán Josep Vendrell, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ha registrado varias iniciativas en la Cámara Baja para denunciar supuestas “irregularidades en la facturación de la energía eléctrica” por parte de las comercializadoras de electricidad y pedir una “investigación exhaustiva” al Gobierno y la CNMC.
Vendrell ha preguntado al Ejecutivo si “piensa llevar a cabo algún tipo de actuación para averiguar si efectivamente se está vulnerando la normativa de facturación” y va a presentar una Proposición No de Ley para que la CNMC incoe “una exhaustiva investigación” sobre este asunto. En Comú también valora solicitar que comparezca en la Comisión de Industria del Congreso el presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, para que dé explicaciones sobre este asunto.
La ofensiva de Vendrell se basa en un informe elaborado por Simcero, consultora de auditorías energéticas que ha asesorado a varios de los clientes que han logrado que la Generalitat les dé la razón. Ese informe aporta otros ejemplos de supuestos sobrecostes indebidos en la facturación de las tarifas de acceso (los denominados peajes) a clientes domésticos y pymes, con facturas reales que demostrarían que “en las tarifas 2.0 [las que tienen la mayoría de hogares], 2.1 y 3.0, a partir del año 2007 hasta la actualidad, muchas comercializadoras facturan indebidamente el precio regulado de la potencia contratada”.
Los peajes los fija el Gobierno y retribuyen costes regulados relacionados con el transporte, la distribución y la comercialización reconocida a algunos distribuidores. La mayoría de los ejemplos que aporta Simcero corresponden a Endesa, aunque también señala a Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Audax.
Simcero está especializada en detectar errores en la facturación de los consumos eléctricos. Su director comercial es Iván Nieto, también concejal de ICV (el partido al que pertenece Vendrell) en Hospitalet de Llobregat, un municipio de 251.000 habitantes en Barcelona. “Nos dedicamos a esto, a reclamar por vía amistosa y judicial para nuestros clientes”, dice Nieto, que cree haber detectado “una estafa” por parte de “todas las comercializadoras” de electricidad.
El dossier recoge también deficiencias de facturación de la potencia contratada relacionadas con los maxímetros, unos dispositivos que empezaron a instalarse alrededor de 2008 y que detectan si un cliente supera la potencia máxima contratada en suministros con más de 15 kW de potencia, como pymes, edificios oficiales e instalaciones de alta tensión. Estos dispositivos son los que han permitido recuperar su dinero a los clientes a los que la Generalitat ha dado la razón.
Podemos sospecha que entre 2001 y 2008, cuando no estaban instalados estos dispositivos, “las comercializadoras habrían estado facturando de forma sistemática el 100% de la potencia contratada cuando en realidad deberían haber facturado el 85% debido a que los contadores carecían de maxímetro”. Y a partir de 2008, pese a estar ya en funcionamiento esos dispositivos, “estarían facturando de igual modo el 100% de la potencia contratada, incurriendo en un incumplimiento claro de la normativa legal”. Estos son los casos que ahora está ventilando la Generalitat.