La Catalunya intervenida sigue sin participar en los órganos de decisión sobre el futuro de la financiación autonómica de las comunidades de régimen común. En los últimos meses, en su apuesta por las vías independentistas, la Generalitat había declinado estar presente en los foros en los que se estudió esta importante reforma.
Con ella se aspira a redibujar el mapa de los ingresos y gastos de todas las autonomías, excepto Navarra y el País Vasco, que cuentan con su propia hacienda foral, y mejorar los problemas de infrafinanciación y consiguiente incumplimiento de la ley de estabilidad presupuestaria.
Así, ni el ex presidente Carles Puigdemont acudió a la conferencia de presidentes autonómicos que dio inicio a los trabajos de reforma el pasado enero, ni enviaron representante al “comité de sabios” que ofreció una primera propuesta el pasado julio.
La comunidad sigue sin estar presente en el siguiente hito de este proceso. Ahora que Catalunya, tras el referéndum de autodeterminación y la declaración unilateral de independencia, ha sido intervenida en aplicación del artículo 155 de la Constitución, tampoco participa en el Comité Técnico Permanente de Evaluación (CTPE). Este grupo celebró su primera reunión el pasado 2 de noviembre, y en él tendrá lugar el grueso de la negociación técnica del modelo de financiación.
Así lo explicó esta semana en el Congreso de los Diputados el secretario de Estado de Hacienda, Enrique Fernández Moya. El comité ha efectuado su primera reunión el 2 de noviembre, ya en pleno 155. La idea es que en torno al 24 de noviembre entreguen un primer análisis que será debatido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), órgano en el que se coordina la actividad fiscal de las comunidades autónomas y la de la Hacienda del Estado.
Dicho comité de carácter técnico, con representantes de las comunidades autónomas, evaluará los trabajos de la comisión de expertos a la que, anteriormente, se encomendó la realización de los primeros análisis necesarios para la formulación posterior del modelo. Entregaron su trabajo en julio, con propuestas como otorgar capacidad sobre el IVA a las regiones o acabar con el llamado statu quo, que es una cláusula que impide que ninguna comunidad autónoma pierda respecto al anterior sistema en caso de reforma. Los expertos, que terminaron sus trabajos con una fuerte división y un 40% de votos particulares, proponen un fondo básico con la recaudación propia y otro de nivelación, con fondos del Estado y de las autonomías. También defienden la armonización del impuesto de sucesiones para evitar las diferencias actuales. En patrimonio sí avalaron que haya comunidades, como Madrid en la actualidad, que no lo recauden.
Una vez que este nuevo comité, de carácter más político, someta sus conclusiones al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), se elaborarán los correspondientes anteproyectos legislativos y se procederá a su tramitación parlamentaria. En todo caso, el Gobierno da por hecho que sin el PSOE no será posible aprobar un nuevo sistema de financiación para las comunidades autónomas.
Una de las particularidades del 155 es que es el Gobierno central el que hace el papel del ejecutivo en funciones. Así, según lo publicado en el BOE, es Cristóbal Montoro el que ha asumido la mayor parte de las tareas de la Consejería de Economía y Hacienda.