Patronales industriales reclaman al Gobierno cambiar o incluso “eliminar” el sistema marginalista de formación de precios de la luz y piden más medidas ante su espectacular escalada. Los grandes consumidores industriales creen que el plan de choque aprobado el martes por el Ejecutivo puede mitigar algo el espectacular encarecimiento de la energía, pero piden más medidas. Mientras, la CEOE no tiene una valoración oficial sobre el Real Decreto-Ley diseñado por el Ministerio para la Transición Ecológica, que dirige Teresa Ribera.
CEOE reconoce que no tiene un posicionamiento sobre esa norma que, recuerda, se ha aprobado por la vía rápida y sin pasar por ningún órgano consultivo. El plan ha puesto en pie de guerra a las eléctricas, cuya patronal, Aelec, está integrada en CEOE, y ha provocado fuertes caídas en bolsa del sector. Este ha vuelto a sacar a pasear el fantasma del cierre de las centrales nucleares que dispararía más aún los precios del mercado mayorista eléctrico.
CEOE se remite a las declaraciones de su presidente, Antonio Garamendi, que el jueves, preguntado por el efecto de esta escalada sobre pymes y autónomos, se limitó a apelar a la seguridad jurídica y a reflexionar sobre la configuración del mix eléctrico. España ha “renunciado” a la nuclear a largo plazo y “hemos arrasado” el carbón, dijo Garamendi, que presidió la comisión de Energía de CEOE y fue consejero de Red Eléctrica 13 años (hasta 2012).
El responsable de una patronal integrada en la confederación señala que, en asuntos delicados, “CEOE tiene un problema siempre ante el conflicto de interés de las muy diferentes sensibilidades que alberga”. Y la cuestión de la luz es espinosa como pocas. La histórica subida ha hecho que en agosto el IPC marcase su máximo desde 2012. El Banco de España cree que el repunte es “transitorio” pero no descarta que si la electricidad sigue al alza haya subidas “más duraderas” de precios y efectos de segunda vuelta (traslado al conjunto de sectores productivos). La inflación es uno de los factores que explican el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que ha forzado el Gobierno contra el criterio de CEOE.
El decreto de urgencia aprobado por el Gobierno incluye una medida “confiscatoria”, según el PP: detraer temporalmente (hasta finales de marzo, cuando se espera que se abarate el gas) 2.600 millones de euros a las eléctricas para rebajar los llamados cargos del sistema, la parte regulada del recibo que fija el Gobierno. Los cargos financian entre otras partidas las primas a las renovables más antiguas y se aplican de forma inversamente proporcional a la potencia contratada.
Por eso, y según un reciente informe del Banco de España, antes de esta escalada para el 44% de las empresas con menos de diez trabajadores el gasto en electricidad suponía más del 1,5% de sus ingresos, muy por encima del resto de empresas. “Los precios medios más elevados se observan en los tramos de consumo más bajos, en general correspondientes a tarifas con niveles de tensión inferiores, debido al propio diseño de las tarifas”, explicaba el organismo.
Así, la bajada de cargos que ha forzado Transición Ecológica beneficiará especialmente a pequeños consumidores y pymes. Pero su efecto será “marginal” para la industria que más consume, advierte el director general de la patronal siderúrgica Unesid, Andrés Barceló. Entre los beneficiados estarán los autónomos, que con carácter general tienen poca potencia contratada. El martes, antes de conocerse las medidas, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, aseguró que el plan del Gobierno solo abarataría la luz un 12%, frente al incremento medio del 45% en el recibo que aseguró sufre este colectivo. Según Ribera, la bajada que va a permitir el decreto será del 22%. ATA asegura que mantiene esa previsión del 12%. Hostelería de España, también integrante de CEOE, no ha podido analizar “en profundidad” el texto del decreto y no se pronuncia sobre las medidas. Y la Confederación Española de Comercio (CEC) no ha respondido a las preguntas de este medio sobre su valoración del decreto.
Para Barceló, de Unesid, una de las raíces del problema del encarecimiento de la energía es el sistema actual de formación de precios de la electricidad, por el que la central que presenta la última oferta en la subasta que permite casar oferta y demanda cada hora determina el precio que cobra el resto. Un sistema que, según Ribera, no permite cambiar la UE y contra el que el responsable de Unesid lleva tiempo clamando. “Hay algunas personas y empresas que consideran no solo normal sino muy eficiente, en términos de la economía nacional, que se perciba un precio de hasta ocho veces el coste de un producto o servicio”, ironizaba en un reciente artículo.
Barceló señala que este sistema “no vale” porque cuando se definió, a finales del siglo pasado, “se hizo para un mix de producción que no era el actual”. “Habrá que modificarlo y mucho más cuando este problema se da en toda Europa, aunque sea más acuciante en España”, que debería pedir en la UE “que aborde esto porque es un problema general”. “Esta escalada puede hundir la economía europea”, dice Barceló, que carga contra el actual sistema de comercio de emisiones, que cree “pervertido”. “No es una señal de precios” y puede “hundir la economía”.
El responsable de Unesid, que critica el “fundamentalismo” contra la nuclear, sugiere al Gobierno que, “en aras de la transparencia”, obligue al operador del mercado (OMIE) a “que todos los días haga público a qué precio ha ofertado cada una de las tecnologías”. “Igual nos llevamos alguna sorpresa” y “algunos que andan presumiendo en los medios de que son los más baratos están haciendo ofertas cercanas al precio de casación”, señala.
También rechaza el sistema marginalista la patronal azulejera ASCER, integrada como Unesid en CEOE. El viernes cargó en un comunicado contra el “aumento desbocado de los costes de la energía”, calificó de “parche” las medidas del Gobierno y reclamó medidas. “La primera” es “eliminar el sistema marginalista de precios del pool eléctrico por un sistema ponderado. De esta forma cada energía se contabilizaría en función de su precio y la cantidad de MW aportados al pool. Así una energía cara no afectaría al precio de las demás y no habría windfall profits que retirar”, en alusión a los llamados beneficios caídos del cielo.
“Se quedan cortos”
Frente al rechazo frontal de las eléctricas al decreto del Gobierno, patronales de la industria integradas en CEOE reconocen que contiene una medida que puede aliviar algo el espectacular encarecimiento de la energía. Para el director general de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), Fernando Soto, “no resuelve” una situación “bastante compleja” derivada de la espectacular escalada del gas natural. Pero las subastas de energía con tecnología inframarginal (hidroeléctrica y nuclear) para obligar a ceder parte de su producción a las grandes eléctricas pueden ayudar a “tener una visibilidad de precio eléctrico y no estar sometidos a fluctuaciones”.
La primera de ellas se celebrará antes de fin de año con 15.830 GWh, el 6,3% de la demanda nacional de 2020. Soto, que espera que los electrointensivos puedan acudir, recuerda que esta industria consume unos 30 TWh anuales y confía en que el porcentaje que se subaste en el futuro sea superior pues esos 16 TWh “se quedan cortos”. Es una cantidad “irrelevante”, critica Barceló, de Unesid, que pronostica tortazos entre los destinatarios de esas subastas: los electrointensivos y los comercializadores independientes, “que deben de suponer más de 50 TWh”.
Los directores de AEGE y Unesid coinciden en pedir medidas “de fondo” para abaratar la energía y equipararla a Francia o Alemania. “Hemos pasado en abril de estimar un precio final de 66 euros/MWh para la industria electrointensiva española a los 102,5 euros/MWh del pasado lunes, antes de los últimos récord”, dice el director general de AEGE, que compara ese precio con los 43,8 euros de Francia y los 69,1 de Alemania.
Los futuros del mercado mayorista eléctrico en España para 2022 se situaban el viernes en 101,25 euros/MWh y este año “se cerrará con un precio medio cercano a los 100 euros”, estima Soto, que reclama subastas específicas entre la gran industria y promotores renovables para firmar contratos de suministro a largo plazo (PPA) “a precios competitivos” y exenciones del 80% de los peajes de transporte, “como en Francia y Alemania”. En España tendrían un impacto que cifra en unos 150 millones anuales.
AEGE también reclama más compensaciones para la industria por el CO2 indirecto: 220 millones para este año, frente a los 179 millones que ha autorizado el Gobierno. Y para 2022, “como mínimo 450-500 millones”. Soto recuerda que la Ley de Cambio Climático contempla que se destine a ello hasta un 25% de los ingresos que recauda el Estado por las subastas de esos derechos, que este año se han triplicado por la mayor ambición climática de la UE.
Para Confemetal, integrada en CEOE y que agrupa a 77 asociaciones de la industria, el comercio y los servicios del metal (metalúrgica, bienes de equipo o talleres mecánicos), el decreto es “un parche para resolver la situación a cortísimo plazo” y “mejora un poco la situación” de forma “coyuntural”, pero no resuelve el “problema estructural del sistema eléctrico”. Se remite a su último boletín coyuntural, que incluye un análisis sobre el precio de la electricidad como pilar de la competitividad que es previo a la publicación del decreto.
En él señala que la subida de la luz “y sus efectos devastadores sobre la economía de hogares y empresas”, que “ya se retroalimentan y potencian con los subsiguientes incrementos de la inflación, ha generado una atención que habría que aprovechar para, de una vez por todas, dar respuesta a uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la competitividad industrial en España”.
Destaca que “en España sufrimos altos costes de las redes de transporte y distribución, impuestos y cargas incorporadas a las tarifas eléctricas finales que no tienen nada que ver con los costes de producción y que responden a decisiones compensatorias de diversas decisiones políticas”. Sin citar a la nuclear, pide que un mix que no prescinda “de ninguna tecnología energética madura, competitiva y de baja intensidad en carbono”.