Del mismo modo que se esperaba que el 1 de junio entrara en vigor el programa SURE de 100.000 millones de apoyo a los ERTE y el dinero aún no ha llegado a los países; el fondo de recuperación tenía que estar listo para el 1 de enero, pero en Bruselas aumentan las voces que piensan que las primeras partidas llegarán a mediados de 2021.
La operación es compleja. Los líderes acordaron en julio un pacto con tres patas: el presupuesto para 2021-2027 –de 1,074 billones–, un plan de recuperación –de 750.000 millones, de los cuales 672.000 se gestionan directamente por los Estados a través de los fondos de recuperación–; y un plan de recursos propios –nuevos impuestos para el repago de la deuda emitida por la Comisión Europea para obtener los 750.000 millones en los mercados financieros–.
Estas tres patas están en proceso de negociación con el Parlamento Europeo, que tiene interés en ejercer su papel de colegislador, y que está siendo presionado por los gobiernos para que pida los menos cambios posibles y así acelerar la tramitación.
“Las negociaciones están estancadas”
“En estos momentos, las negociaciones están estancadas”, le dijo el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, a los líderes de la UE este jueves en Bruselas: “Está en sus manos que vuelvan a moverse. No estamos pidiendo empezar de nuevo desde cero. No se trata de cuestionar el acuerdo de julio, sino de dar un pequeño paso que nos acercaría a la aprobación final del paquete”.
Angela Merkel, Pedro Sánchez y Emmanuel Macron, entre otros, insistieron en que era imposible reabrir al acuerdo de julio pasado. “El Parlamento está ahora en una fase de aterrizaje, en una discusión en la que necesita también darse cuenta de que hay que hacer cosas dentro de lo posible. Ahora lo que hace falta es acabar este acuerdo y cerrarlo”, explica una fuente diplomática.
“Para lograr el acuerdo del fondo de recuperación ha habido que hacer sacrificios. No se puede soplar y sorber al mismo tiempo”, continúa la fuente: “Y lo malo en este caso es que, como tenemos que ratificar nacionalmente el techo de recursos propios, no tenemos mucho tiempo. Que hay que ser adulto, que no tenemos mucho tiempo. Dependemos de una ratificación en parlamentos nacionales para que entre en vigor el sistema”.
Lo que sí puede llegar antes de que acabe el año es una tercera parte del programa SURE para los ERTE, de los cuales España tiene adjudicados 21.300 millones en créditos ventajosos. Pero para ver los primeros recursos del fondo de recuperación cada vez hay más gente que piensa en Bruselas que habrá que esperar al menos hasta junio de 2021, ya que difícilmente la primera emisión de bonos habrá podido arrancar antes, tal y como adelantaba La Stampa. En el caso de España, ese primer anticipo del 10% que llegaría a mediados de 2021 serían 7.200 millones en subvenciones y 6.800 en préstamos si bien España de momento no quiere recurrir a los préstamos.
Claves del retraso
Además de las negociaciones que hay en marcha entre la Eurocámara, el Consejo Europeo y la Comisión Europea, luego es necesaria la ratificación en los 27 parlamentos nacionales, como explicaba la fuente diplomática. Y en esa ratificación es donde entra en juego el chantaje húngaro y la pinza holandesa. La ratificación es necesaria para aumentar el techo de gasto y emitir los 750.000 millones de deuda y la aprobación de los recursos propios –nuevos impuestos– para el repago de esa deuda. Como es imprescindible la ratificación en los 27, con uno solo que no lo haga, se carga todo el mecanismo.
Hungría está amagando con esa posibilidad porque quiere vetar la cláusula de respeto del Estado de Derecho que, precisamente, está bastante aguada para seducir a Budapest y Varsovia. Cosa que, de momento, no está ocurriendo. Pero sí que está ocurriendo que lo están los llamados frugales, comandados por Holanda, y los grupos del Parlamento Europeo, siempre más ambiciosos que los gobiernos en lo que se refiere a la censura a Hungría y Polonia.
Una vez que se solventen estos obstáculos, comenzará la fase de evaluación de los proyectos, que podían ir presentándose desde este 15 de octubre y hasta el próximo mes de abril. El problema es que la tramitación puede tardar hasta tres meses, si se tiene en cuenta que la evaluación de la Comisión Europea puede demorarse ocho semanas y otras cuatro la del Consejo de la UE. La Comisión ha prometido correr y ya está habiendo conversaciones con los países para adelantar trabajo, pero el retraso es evidente.
“España trabaja internamente y con la Comisión Europea para tener el plan de reformas cuanto antes”, explican fuentes del Gobierno.
En todo caso, el dinero nunca podrá llegar antes de que se haya realizado la emisión de deuda por parte de la Comisión Europea para captar los 750.000 millones del fondo, con lo que nos pondríamos en junio, según adelantaba La Stampa.