Las cifras de las socimis: logran 2.200 millones de beneficio y el 75% tiene cinco o menos empleados

Las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (socimis) lograron un beneficio conjunto de 2.200 millones de euros en 2018, según datos recopilados del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Las cuentas anuales de estas firmas reflejan que el 75% (51 empresas) tienen cinco o menos empleados. 27 carecen de personal en nómina.

Son datos correspondientes al ejercicio 2018, año en el que estas sociedades dedicadas al alquiler de inmuebles (oficinas, naves logísticas, centros comerciales, hoteles, viviendas…) cerraron un récord de salidas a bolsa, especialmente en el MAB, para disfrutar de las ventajas fiscales que les otorga la normativa aprobada en diciembre de 2012. Con ella, España ha pasado de la nada a convertirse en el segundo país del mundo con más sociedades de este tipo, 70, solo por detrás de Estados Unidos, donde hay unas 200.

Los datos recopilados por eldiario.es se basan en las 68 socimis que han presentado cuentas del ejercicio 2018. Incluyen las cifras de Hispania (que dejó de cotizar en abril tras ser adquirida por Blackstone), pero no los de Torbel, también de ese fondo buitre, y Asgard y Euro Cervantes, que no han presentado aún sus estados financieros del último ejercicio.

Los dos pesos pesados de este sector son Merlin Properties y Colonial, únicas que cotizan en el Ibex y las primeras por beneficios y valor de sus activos (más de 23.000 millones). Concentran cerca del 63% del resultado neto de las socimis, con 1.379,6 millones. Y eso que 2018 no fue su mejor año: sus beneficios cayeron más de un 22% en ambos casos por factores extraordinarios.

Esa caída, y las provisiones de 29,5 millones que registró Fidere (otra socimi de Blackstone) por una reclamación de Hacienda, propiciaron un descenso de los beneficios de las empresas de en torno al 16%, si se tiene en cuenta a las 65 que también presentaron cuentas anuales en 2017. En los dos últimos ejercicios, se han anotado un beneficio conjunto de más 4.700 millones, en su inmensa mayoría exentos de impuestos.

Las cuentas de estas empresas reflejan que su impacto directo en el empleo es muy limitado. En conjunto, sus plantillas sumaban 929 personas en 2018, una media de 13 trabajadores por empresa. Mientras Colonial (antigua inmobiliaria al uso reconvertida en socimi) tiene 192 empleados y Merlin, 176 (son las empresas con menos plantilla del Ibex), solo una decena de ellas emplea a diez o más trabajadores. Millenium, socimi especializada en hoteles de lujo que prevé salir a cotizar en julio (y a la que no se ha contabilizado en este cómputo), tiene tres empleados, según el folleto que publicó el pasado viernes.

La norma son plantillas exiguas. 27 socimis tienen cero empleados y 11, solo uno: desde “una persona contratada para realizar los servicios de portería de una de las fincas” (caso de Optimum III) a una administrativa en INMOFAM 99, especializada en locales comerciales y perteneciente a la familia Hinojosa, exdueños de Cortefiel.

Además, algunas incluyen en los datos de plantilla a sus altos directivos o, en una práctica muy poco habitual en el mercado, a miembros de su consejo de administración. Es el caso de Árima, una de las últimas en debutar y pilotada por Luis Lopez de Herrera-Oria, que vendió a Colonial su anterior socimi, Axiare, tras embolsarse decenas de millones de euros en bonus y garantizarse una prestación equivalente al paro a cargo de la empresa tras su salida. Árima dice tener 14 empleados, pero once de ellos son consejeros; por su parte, una de las grandes, Grupo Lar (128 millones de beneficio en 2018) tiene 4 empleados, todos altos directivos; y en Quonia el único trabajador es su director general.

Externalización

Por su parte, Hispania, que era otra de las grandes socimis españolas, tenía el año pasado a 79 empleados en plantilla, principalmente personal dedicado a la explotación de los hoteles que gestionaba de manera directa. La escasa fuerza laboral de estas empresas se explica porque en muchos casos tienen externalizada su gestión en manos de un tercero. A menudo, gestoras inmobiliarias como Anticipa (en el caso de las socimis lanzadas por Blackstone), Azora (Hispania), Servihabitat o Drago Capital, del empresario Luis Iglesias, exsocio de Oleguer Pujol imputado en la causa por blanqueo que afecta a su suegro, el exministro del PP Eduardo Zaplana.

En una reciente entrevista en eldiario.es, Javier Basagoiti, el presidente de Asocimi, un lobby al que se han adherido hasta ahora 25 empresas del sector, defendió que “en general” las socimis “sí tienen plantilla y si alguna no la tiene es porque se gestionan a través de gestoras que tienen a su vez plantilla”.

Basagoiti subrayó que “hay muchas actividades que son susceptibles de ser contratadas y que generan empleo” y que estas firmas “como empresas de servicios son intensivas en mano de obra y a la vez generadoras de grandes inversiones de promoción y rehabilitación, que generan empleo en el sector de la construcción. También por ser empresas cotizadas generan mucho empleo profesional como abogados, fiscalistas, auditores, tasadores, asesores registrados, proveedores de liquidez, entre otros servicios”.

“Las socimis están en el mercado inmobiliario y de todos es sabido que dicho mercado es generador de empleo, y la evolución de la tasa de paro de España es un fiel reflejo de ello”, según el presidente del lobby del sector.

Aunque las socimis están exentas de pagar Impuesto de Sociedades a cambio de repartir dividendos (que sí están sujetos a retención fiscal), las cuentas de las empresas reflejan que en 2018 las 44 que lograron beneficios (que sumaron un resultado de 2.324,78 millones) pagaron por este impuesto 144 millones, correspondientes a operaciones con activos no acogidos al régimen socimi, como ventas de inmuebles antes del periodo mínimo de tres años que exige la ley.

Sin embargo, la mayoría, 48 (de ellas, 26 en beneficios) devengaron cero euros de cuota por Impuesto de Sociedades. A otras dos les salió a devolver, caso de la tercera del ránking por beneficios, General de Galerías Comerciales, del promotor murciano Tomás Olivo: disparó sus ganancias hasta 245,6 millones tras una sentencia del Tribunal Supremo que obligó a la Junta de Andalucía a indemnizarle con 165 millones por la paralización de un centro comercial en Armilla (Granada).

Aunque hubo una tentativa en 2009, en pleno estallido de la burbuja inmobiliaria, que tuvo nulos resultados, el actual régimen de las socimis fue puesto en marcha por Cristóbal Montoro en respuesta a una vieja reclamación de los lobbies del sector, que pedían un régimen similar al que ya existía en países como Estados Unidos o Alemania. Sus resultados son incuestionables si se atiende a inversión extranjera que han atraído y a los activos que acumulan estos vehículos, cuyos inmuebles tienen un valor de mercado superior a los 46.000 millones.

Erosión de las bases fiscales

Estos instrumentos, que están aprovechando también grandes patrimonios nacionales para poner en valor su cartera inmobiliaria, llevan tiempo en el punto de mira de organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) por la posible erosión de las bases fiscales que suponen, a través de la denominada iniciativa BEPS. “Son una forma de desimposición terrible”, resume un fiscalista crítico con estos vehículos.

También se habla del posible impacto de las socimis en los precios de los alquileres en las grandes ciudades, con firmas como Testa (hoy de Blackstone) prometiendo en su salida a Bolsa (cuando estaba controlada por Santander, BBVA y Merlin) subidas de hasta el 25%, aunque el lobby del sector niega efecto alguno en esa dinámica. Podemos les ha culpado de la “burbuja” de los precios del alquiler de vivienda, aunque la cartera de las socimis (concentrada en las grandes capitales) es de poco más de 35.500 viviendas (de ellas, unas 30.000 están en manos de Blackstone), lo que supone un porcentaje muy bajo del parque de casas en renta.

El Gobierno, que ha defendido que las socimis “contribuyen a la financiación del sector inmobiliario y cumplen una importante función en los mercados de valores”, llegó a pactar con Podemos en los Presupuestos de este ejercicio que no llegaron a aprobarse un aumento de la retención fiscal que soportan estos vehículos.