Ni la reforma de las pensiones, ni la reforma laboral, ni la energética, ni los sueldos de los funcionarios. Ninguna de estas medidas ha supuesto un quebradero de cabeza tan importante para el Gobierno de Mariano Rajoy como liberalizar a los colegios profesionales, el último de los deberes impuestos por Bruselas en el Plan Nacional de Reformas que aún no se ha aprobado.
El titular de Economía, Luis de Guindos, aseguró que “antes de las vacaciones de agosto” se aprobaría la reforma, lo que ha dado pie a aventurar que hoy mismo se le dará luz verde al Anteproyecto de Ley que liberaliza la colegiación obligatoria a múltiples actividades. Sin embargo, su aprobación un 2 de agosto ha puesto aún más en pie de guerra a los colegios profesionales ya que recuerdan que el periodo de alegaciones transcurriría durante este mes típicamente vacacional, cuando prácticamente la totalidad de estas entidades afectadas están cerradas o en mínimos.
El Gobierno anunció su intención de liberalizar los servicios profesionales ya en 2012, asegurando que como tarde estaría en el primer trimestre de 2013. De ahí se pasó al primer semestre del año, y la siguiente prórroga la marcó Guindos con las vacaciones de agosto. De no salir el texto hoy mismo del Colegio de Ministros se tramitaría en el próximo convocado para el 30 de agosto, una fecha más razonable para tener un periodo de consultas realmente participativo. Pero con este cambio la tramitación de la ley ya se iría a 2014 con toda probabilidad. Así las cosas, esta norma pasaría a ser prácticamente el único punto sin cumplir del Plan Nacional de Reformas que estipulaba que la ley debería “aplicarse” durante este ejercicio.
Los colegios han literalmente asediado al ministerio de Economía para evitar la aprobación de esta norma. Las pasadas navidades se filtró un borrador que funcionó a modo de globo sonda explosivo ya que en él se quitaba la colegiación obligatoria de una gran parte de las profesiones. Tres profesiones poderosas se erigieron como las más damnificadas: los abogados, a los que se les quita la obligación de colegiarse salvo para acudir a juicios y se les permite compatibilizar la procuradoría con el ejercicio de la abogacía; los farmacéuticos, a cuyas oficinas podrá entrar el capital privado y los arquitectos, que podrían haber sido desprovistos de su exclusividad en la edificación de vivienda.
Sabios para allanar reformas
Según las informaciones filtradas a los diarios económicos a principios de esta semana el Gobierno optará en el texto que está ultimando por una solución que le ha resultado muy eficaz para legitimar el resto de sus reformas: crear una comisión o grupo de trabajo para limar los aspectos más polémicos. A priori, un comité de expertos será el que decida qué profesiones se quedan con la denominada “reserva de actividad”. Esto es, por ejemplo, la restricción de que solo los arquitectos puedan levantar edificaciones con un determinado uso, como el de vivienda.
También será un grupo de sabios el que se decante por la fórmula para las farmacias. En un principio, la intención del Gobierno era liberalizar el sector para dar la entrada a grandes cadenas de la distribución farmacéutica como Boots. Ahora parece que se restringirá la entrada en el capital de las sociedades que podrán ser “profesionales” lo que sigue dejando al farmacéutico el control sobre la empresa. Cabe destacar que la familia de Luis De Guindos está estrechamente ligada al sector farmacéutico. Sus padres han regentado oficinas de farmacia y uno de sus hermanos, Juan de Guindos, fue hasta el año pasado miembro del consejo rector de Cofares, la primera empresa de distribución de medicamentos (con capital farmacéutico) de España.
La lista de profesiones que deberán colegiarse obligatoriamente se restringue a la rama biosanitaria. En el caso de los abogados, parece claro que ya no deberán más cumplir este requisito, algo que ha escandalizado a la élite de la profesión. Recientemente uno de los padres de la Constitución, Miquel Roca, declaraba que la reforma puede ser “inconstitucional”. Con declaraciones como esta queda claro el tipo de presiones a las que está siendo objeto el ministerio.
La Unión Profesional que aglutina a 35 colegios profesionales de España censura la pérdida de vigilancia y la permisividad hacia el intrusismo profesionales que supone que no se colegie en actividades como las que rigen a los psicólogos, geólogos, químicos, físicos, economistas, actuarios, trabajadores y educadores sociales, gestores administrativos, agentes de la propiedad inmobiliaria, administradores de fincas, agentes de la propiedad industrial o licenciados en Educación Física. Además, se perderá también la exclusividad de que haya un solo colegio profesional por comunidad autónoma.
Los que por ahora están muy tranquilos son notarios y registradores, ya que en un momento determinado se habló de liberalizar también algunas de sus competencias pero fuentes de estos colectivos aseguran que desde el ministerio de Justicia, del que dependen orgánicamente, se les ha garantizado que este año “no se les tocará”.
Reforma laboral y buen dato de paro
Por otra parte, el ministerio de Empleo da el dato del paro registrado, que se espera que sea especialmente positivo, con un recorte del desempleo de alrededor de 64.000 personas. El ministerio ha elegido esta fecha para presentar su evaluación de la reforma laboral. Esta evaluación es otro de los encargos de Bruselas, que le pidió que un grupo de expertos (otro más) hiciera un seguimiento del cumplimiento y efecto de los cambios en materia laboral acaecidos en el tiempo que lleva la nueva normativa en funcionamiento.
Aunque Bruselas le pidió a España específicamente que presentara las conclusiones “a más tardar en julio” el ministerio lo ha retrasado a agosto, coincidiendo con la publicación de este buen dato de paro. También Bruselas había puesto como objetivo a España que se presentara un Plan Nacional de Empleo en julio y que también se presentará mañana en Consejo de Ministros.