“La reducción de la fiscalidad indirecta no es necesariamente la solución más eficaz para abordar la asequibilidad de la energía, especialmente si persisten los precios altos”. Con estos argumentos, el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, ha mandado una carta a los gobiernos de cada país de la Unión Europea donde rechaza la bajada de impuestos a la energía, como ha solicitado reiteradamente el Partido Popular al Gobierno.
En una misiva fechada el 23 de abril, a la que ha tenido acceso elDiario.es, Gentiloni remarca la posición contraria a la reducción de impuestos a la energía siguiendo tres criterios que se enmarcan dentro de “consideraciones políticas relevantes que deben guiar la acción” de los países de la UE. Por un lado, destaca la escasa efectividad de la reducción de tributos, por otro, recuerda que esta medida sería incoherente para cumplir con los objetivos climáticos para 2030 y 2050 que se ha impuesto la Comisión Europea. Finalmente, apunta que esta rebaja impositiva es una medida poco equitativa ya que no ayuda a los sectores de población más necesitados.
“Las reducciones de los tipos del IVA, en particular, tienen un mal historial a la hora de trasladarse a bajos precios para los consumidores, ya que los recortes fiscales pueden verse compensados por el aumento de las tarifas por parte de los proveedores de energía. En estos casos, las empresas no energéticas podrían incluso salir peor paradas: no se benefician de los tipos más bajos (ya que deducen el IVA de todos modos) y sufren del aumento de los precios”, explica en su carta.
Además, Gentiloni pone en duda la eficacia la rebaja de los impuestos indirectos sobre las rentas más bajas: “En cuanto a la equidad social, permítanme subrayar también que la reducción de la fiscalidad indirecta no es necesariamente la solución más eficaz para abordar la asequibilidad de la energía, especialmente si persisten los precios altos”.
Frente a la bajada del IVA, el comisario europeo propone que “la reutilización de los mayores ingresos procedentes de los impuestos sobre la energía o de los beneficios anormales de las empresas energéticas puedan financiar ayudas específicas a los hogares vulnerables y a las empresas”. Dependiendo del país, estas ayudas pueden ser “en forma de cheques o reembolsos, teniendo en cuenta el impacto regresivo de las subidas de los precios de la energía”.
La reutilización de los mayores ingresos procedentes de los impuestos sobre la energía o de los beneficios anormales de las empresas energéticas pueden financiar ayudas específicas a los hogares vulnerables y a las empresas
En este sentido, el comisario de Economía de la Unión Europea toma una posición similar a la de instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que recomienda evitar una rebaja de impuestos y centrarse en ayudas directas para las capas de población más vulnerables, o el Banco de España, cuyo gobernador Pablo Hernández de Cos ha recalcado reiteradamente que “es importante que la política fiscal nacional haga uso de su capacidad para actuar de forma muy granular y focalizada, y centre sus esfuerzos en apoyar a los hogares, empresas y sectores que más se están viendo afectados”, además de incidir que “es importante que las medidas sean temporales, para no aumentar más el déficit estructural”, con lo que “debe evitarse un impulso fiscal generalizado” ya que “podría traducirse en un aumento de los cuellos de botella ya existentes en los sectores más tensionados que se terminará por filtrar a los precios”.
El PP mandó el pasado viernes un documento al Gobierno donde recoge una serie de propuestas económicas, que los expertos señalan que supondría echar gasolina al incendio de la inflación. Entre las medidas tributarias de la energía proponen una reducción del tipo impositivo del IVA sobre la electricidad y el gas natural por debajo del 10% y la rebaja del tipo impositivo del impuesto especial sobre hidrocarburos. Los populares proponen ahora esta rebaja pese a que en julio de 2021 votaron en el Congreso en contra del real decreto del Gobierno que reducía el IVA de la electricidad del 21% al 10%.
Gentiloni recuerda en su carta que “la Comisión Europea es muy consciente de la necesidad de amortiguar el impacto de los altos precios de la energía en los hogares y las empresas, en particular sobre los más vulnerables, evitando al mismo tiempo las interrupciones del suministro”, como consecuencia de la guerra de Ucrania. Para ello, apunta que hay una nueva normativa sobre el IVA, que está en vigor desde el 6 de abril de 2022, para posteriormente recalcar que “la nueva directiva sobre fiscalidad de la energía se está debatiendo actualmente en el Consejo, donde el objetivo es alinear la fiscalidad de los productos energéticos con las políticas energéticas y climáticas de la UE favoreciendo las tecnologías limpias frente a los combustibles fósiles”.
La nueva directiva en marcha desde el 6 de abril, señala el comisario europeo, “permite la aplicación de tipos reducidos de IVA (respetando un mínimo del 5%) al gas natural y la electricidad” al igual que “se aplican tipos reducidos a los paneles solares y a determinados sistemas de calefacción”. Además, puntualiza que “los Estados miembros no pueden tener más de dos tipos reducidos diferentes” y que “los combustibles de automoción no pueden beneficiarse de tipos reducidos”.
Sin embargo, pese a que un país podría reducir la tasa aplicada a la energía, Gentiloni avisa de la ineficacia de esta medida y entiende que algunos países hayan asumido propuestas de esta índole más por la facilidad de su implantación que por su efectividad. “La reducción de los impuestos sobre la energía es fácil de aplicar y esta es probablemente la razón por la que las medidas fiscales se han utilizado ampliamente en las primeras semanas y meses de la crisis. Sin embargo, en caso de que los precios sean persistentemente altos, el beneficio para las empresas y los consumidores es más incierto”, reitera.
Coherencia con objetivos climáticos
Por otro lado, el comisario europeo añade que la política energética de los países de la UE “debe ser coherente con los objetivos generales de autonomía energética y los objetivos climáticos para 2030 y 2050. La consecución de cualquiera de estos objetivos requiere que las medidas de reducción de impuestos sobre los combustibles fósiles sean temporales y estén orientadas a mejorar la asequibilidad de los productos energéticos para las empresas y los hogares mientras los precios sean altos. Esto es importante también para proteger la capacidad de los Estados miembros y de la UE para generar ingresos fiscales adecuados para financiar la recuperación y la doble transición de manera justa”.
En definitiva, el comisario europeo de Economía avisa de que una reducción de impuestos a la energía sería ineficaz, incoherente y fomentaría la desigualdad.