La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha anunciado este jueves en el Congreso que el organismo va a lanzar una consulta pública para decidir si impone directamente el veto a la prohibición de contratar con la Administración a las empresas que participen en cárteles.
Durante una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Fernández ha señalado que en el organismo están ahora en el “debate interno” sobre “imponer nosotros directamente en lugar de pasarlo a la junta de contratos”, un órgano consultivo en el que están representadas, por ejemplo, las grandes constructoras, y que debe evacuar un informe al Ministerio de Hacienda para que haga efectiva la prohibición de vetar a un determinado contratista.
La CNMC activó por primera vez el veto a la contratación hace ya tres años al desmantelar el conocido como “cártel del AVE”, pero nunca se ha llegado a aplicar porque la decisión final depende del ministerio y las sanciones suelen recurrirse en los tribunales. Según Fernández, ese veto “no es una sanción adicional a la multa”, sino “un sistema de protección para que la Administración no contrate con empresas que ya han demostrado haber impuesto un precio superior competitivo”.
Con ese veto “protegemos tanto a la Administración como al contribuyente”. “Eso sí que es una amenaza creíble, mucho más que las multas”. Y puede ser una poderosa herramienta “con toda la contratación pública que va a venir” a través de los fondos europeos.
Durante su comparecencia, Fernández ha explicado que en 2021 el organismo sancionó consultas colusorias a empresas que habrían facturado 6.200 millones de euros en los mercados afectados por sus infracciones.
El pasado ejercicio se vivió un crecimiento “exponencial” en operaciones de concentración, con más de 100, superando el anterior récord de 2017, “solventando las más sencillas de manera muy rápida”, resolviendo en un plazo medio de 18 días, incluyendo las operaciones más complejas.
Sobre la subida de los precios energéticos, ha pedido que las medidas que se adopten intenten “hacer el menor daño posible al mercado”, sean temporales y se hagan con apoyo de Bruselas porque de lo contrario “no tiene mucho sentido” actuar en solitario. Fernández ha reconocido que en el pasado se había mostrado en contra de cambiar el modelo marginalista porque la expectativa era una caída de precios del gas en primavera. Pero “la guerra complica muchísimo el panorama del medio plazo”.
La escalada ha sido un “fenómeno general en todos los países de la UE”, especialmente “espectacular” en el caso de la electricidad. Según Fernández, los precios mayoristas de la luz en España no están “en la escala más alta” respecto a otros países. “Estamos incluso exportando a Francia porque los precios son bastante más bajos y porque tenemos capacidad suficiente”. Aun así, la situación es “obviamente muy preocupante”. El organismo está facilitando su “visión” a los distintos ministerios y “sumando esfuerzos para intentar controlar esta situación”. Y hay “preocupación” por la debilidad de las comercializadoras independientes ante estos precios disparatados.
La presidenta de la CNMC ha señalado que es “necesario” recuperar el esquema de precios de la luz que establece las franjas horarias de consumo cuando el escenario de precios de la energía se normalice. “Las turbulencias en el mercado energético de los últimos meses han diluido el efecto de las franjas horarias, lo que ha impedido apreciar su efecto de momento”. Pero este escenario de precios “pasará” y entonces habrá que recuperarlo “para favorecer un uso óptimo de las infraestructuras en un contexto de electrificación de la economía”.
“De cara a un posible retoque de los precios de los carburantes”, el organismo vigilará que se traslade íntegramente al consumidor, ha asegurado. Preguntada por si existe un “oligopolio” en el mercado de distribución de carburantes, ha señalado que “es verdad que hay pocos operadores”, pero sí “muchos más de los que había”. “Hemos fomentado el acceso de operadores independientes y empieza ya a generar un impacto”, tanto con las llamadas gasolineras automáticas como con otros operadores con un “considerable” número de estaciones de servicio.
Barreras a la minería
Fernández ha cargado contra las barreras “desproporcionadas” en la regulación en España en materias como la minería. Un asunto crítico para la transición ecológica, especialmente tras la pandemia y ahora, tras la invasión rusa de Ucrania. España, “que tiene tantísimos minerales en materias raras, no está extrayendo suficientemente”, porque “nuestra ley de minas es de 1963” y “no tiene en cuenta el nuevo diseño autonómico de nuestro país”.
Esa normativa “está prevista para que quien otorga los permisos y determina cómo se debe hacer sea el Estado central”, mientras que la comunidad autónoma “va a sufrir todas las consecuencias” y “solo se beneficia en el número de puestos de trabajo” que crea la explotación.
Preguntada por los conflictos de interés en lo que ha incurrido por su pasado como abogada de élite, ha señalado que hasta ahora se ha abstenido “en 55 ocasiones que corresponden a 20 asuntos”, sobre un total de “1.858 asuntos y 1.300 y pico decisiones adoptadas en pleno o en sala”. “Los dos años de incompatibilidad a los que me obliga la ley terminarán en junio”, ha recordado.