Pese a las críticas recibidas por la oposición, el Gobierno ha logrado sacar adelante el Real Decreto aprobado el pasado diciembre que otorga nuevas herramientas de control al Banco de España y la CNMV, como paso previo a la creación de una nueva autoridad macroprudencial.
En concreto, el real decreto-ley por el que se establecen determinadas herramientas macroprudenciales ha salido adelante con los 177 votos a favor de PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, EH Bildu, Compromis, Coalición Canaria y Nueva Canarias, frente a las 31 abstenciones de Cs, y los 139 votos en contra de PP, UPN y Foro Asturias.
No obstante, los votos de PSOE, PP y el resto de formaciones han conseguido tramitar el Decreto como proyecto de ley, tal y como habían pedido PP y Compromis, frente a los votos en contra de Unidos Podemos y la abstención de PNV.
Desde la mayoría de la oposición han valorado los pasos para establecer mecanismos macroprudenciales que prevengan crisis financieras, si bien han exigido que llegue “cuanto antes” la norma de creación de la Autoridad Macroprudencial.
Con ello, se confirman las nuevas herramientas para el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros. Estos supervisores reciben capacidades conocidas como macroprudenciales, que ayudan a evitar los desquilibrios a nivel del sector y con ello evitar la caída en una nueva crisis financiera como la de 2008.
En concreto, en el caso del Banco de España, el supervisor podrá imponer límites a la concesión de créditos cuando vea un crecimiento desmedido o obligar a adecuar las condiciones del préstamo a las capacidades del cliente. La CNMV tendrá más control sobre los fondos de inversión y la Dirección General de Seguros podrá limitar la asunción de riesgos de las aseguradoras y los fondos de pensiones.
Este Real Decreto que aportaba las nuevas funciones de estos organismos, era en realidad el primer paso para la creación de un nuevo supervisor financiero dependiente del Ministerio de Economía y en el que se integran el Banco de España, la CNMV y la DGS. Esta nueva institución, presidida por la ministra Nadia Calviño, depende de una nueva ley que se encuentra todavía en tramitación parlamentaria.
Amcesfi, como se conocerá al nuevo organismo, se reunirá periódicamente con el fin de monitorizar de una manera conjunta por los tres subsectores la evolución del sistema financiero español, evitando excesivas exposiciones al riesgo. Esta institución nace de una recomendación europea de 2011 y España es el único país junto a Italia que no lo ha llevado a cabo.
El borrador de esta ley presentado en diciembre por el Gobierno ponía sin embargo de relieve la limitación de este nuevo organismo. La Amcesfi emitirá recomendaciones, pero estas no serán de obligado cumplimiento por parte de los reguladores, que podrán limitarse a emitir una justificación para que no se lleven a cabo. Si bien no tendrá poder ejecutivo, sí hará publicas sus actuaciones. Según figura en el proyecto de creación de la Amcesfi, “hará públicas las opiniones, alertas y recomendaciones emitidas, así como las respuestas de los destinatarios”.