El bloqueo político condena a estirar más los presupuestos de Montoro y resta 4.700 millones a las comunidades autónomas
La incapacidad del Gobierno en funciones y de sus “socios preferentes” de Unidas Podemos de alcanzar un acuerdo para permitir la investidura de Pedro Sánchez como presidente tiene consecuencias económicas y medioambientales. El actual bloqueo ejecutivo y legislativo durará, al menos, hasta septiembre, cuando se celebra otro pleno de investidura. Pero si el intento vuelve a fracasar, el país quedará abocado a elecciones en noviembre. Hasta febrero de 2020 (por lo menos) no habría un Ejecutivo funcionando a pleno rendimiento.
De momento se mantiene un gobierno en funciones que está limitado al “despacho ordinario” y maneja un presupuesto diseñado por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para 2018, que ha sido prorrogado. Es decir, que es un Ejecutivo que, por ejemplo, no prevé aprobar este mes (cuando tocaría, según el calendario presupuestario) un techo de gasto que sirva de base a unos eventuales nuevos presupuestos.
Además, las comunidades autónomas, que entre otras competencias manejan las sanitarias y educativas, no podrán recibir todavía alrededor de 4.700 millones de euros en concepto de entregas a cuenta dentro del sistema de financiación autonómica, y que esperan antes de fin de año. Tampoco se podrán aprobar los nuevos impuestos a las transacciones financieras y servicios digitales ni la subida de IRPF a las rentas más altas, con un impacto estimado de más de 5.600 millones al año.
De momento, los presupuestos que elaboró el PP para 2018 encaran su segundo año en vigor y serán los más longevos de la historia en caso de que finalmente se vaya a elecciones. Montoro ha reconocido en declaraciones a Efe que ya había “una previsión de que el presupuesto podía durar y para eso se hizo así”.
Las cuentas de 2018, actualmente en uso, fueron elaboradas por el Gobierno del PP, bajo la tutela del entonces ministro de Hacienda, si bien fueron definitivamente aprobadas por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez, que ganó la moción de censura a Mariano Rajoy durante el trámite parlamentario de los presupuestos.
Fue precisamente el posterior rechazo a los PGE para 2019 que habían pactado el PSOE y Unidas Podemos lo que abocó a convocar los últimos comicios. ERC y PdCAT, cuyos apoyos eran fundamentales, votaron en contra en ausencia del “gesto” que esperaban del Gobierno hacia el diálogo sobre la autodeterminación o los presos independentistas.
“Sorprende ahora cómo se hacen llamadas a la responsabilidad por parte de fuerzas que no quisieron apoyar los presupuestos”, comenta el que era portavoz en la materia de Unidas Podemos cuando se debatieron, Segundo González.
El economista recalca que las actuales cuentas “perpetúan una senda de precariedad pese al crecimiento económico”. En esos presupuestos, que Montoro vendió como “los más sociales de la historia”, el gasto social crecía la mitad que el PIB. “Son unos presupuestos que no valen para abordar los grandes retos de la modernización del proceso productivo, acabar con las desigualdades y mejorar el estado del bienestar”, afirma González.
Todos critican la ausencia de reformas
La ausencia de reformas en vísperas de que llegue a España una temida desaceleración económica como la que se prevé en 2020 (el FMI espera un avance del PIB del 1,9%) es criticada a izquierda y a derecha: los sindicatos y Unidas Podemos alertan de que urge acabar con los aspectos más lesivos de la reforma laboral y aprobar políticas que promuevan un modelo productivo menos dependiente del turismo y la construcción.
La Comisión Europea recalca que en ausencia de Gobierno y de presupuestos para 2020 España seguiría sin acometer las reformas estructurales reclamadas por Bruselas para reducir el déficit, en la línea de lo prometido por el Plan de Estabilidad enviado por Nadia Calviño a finales de abril, en el que, entre otras cosas, preveía aumentar la recaudación fiscal en 20.000 millones hasta 2022.
Para ello se debería aprobar la creación de nuevas figuras impositivas que ya preveía el PP, como son el impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (1.200 millones) y el Impuesto sobre Transacciones Financieras (850 millones) o la subida del IRPF a las rentas de más de 130.000 euros. En total, un impacto de 5.654 millones de euros por ejercicio. Medidas que tampoco puede aprobar un gobierno en funciones.
“Llevamos ya algunos años, desde 2015, en esta situación con España, con varias elecciones”, explican fuentes comunitarias, “y la economía española se ha desacelerado suavemente, pero en la línea del resto de Estados miembros. Hasta el momento parece que el bloqueo no está teniendo impacto en la economía, pero puede tenerlo en el ritmo al que se lleven las reformas que están pendientes desde hace algún tiempo y no llegan”.
Según el servicio de estudios del BBVA, a nivel interno, la mayor incertidumbre sobre la política económica “parece estar teniendo un impacto limitado sobre la actividad”. Sin embargo, “se hacen necesarias reformas que ayuden a revertir la tendencia de desaceleración, a reducir el desempleo estructural y a aumentar el crecimiento potencial, claves para reducir la desigualdad”.
En este sentido, el Banco de España ha realizado numerosas comunicaciones avisando de las posibles consecuencias para la economía española de la falta de Gobierno y la repercusión negativa que supone que no se aprueben medidas fiscales o las reformas estructurales necesarias para abordar la ralentización a la que se ve abocado el crecimiento del PIB español en los próximos años.
Para el secretario de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino, “seguimos con unas políticas de una etapa de época neoliberal” y que no atienden a pobrezas distintas como la del “trabajador pobre o la pobreza infantil”. Este sindicato explica que sin gobierno tampoco se desarrollarán actuaciones para acabar con la precariedad, la temporalidad o la parcialidad involuntaria, ni se regulará de forma digna la subcontratación. Tampoco se podrán dar avances en la “dignificación de salarios” ni en la “necesaria elevación del salario mínimo interprofesional a 1.000 euros al mes con catorce pagas en 2020”.
Mari Cruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de CCOO destaca que con el actual panorama no solo no se va a poder revertir la reforma laboral de 2012, sino que tampoco se podrá reaccionar a los importantes cambios que se están produciendo en el mundo laboral: “Además del desempleo, deben abordarse la precariedad, la temporalidad y los retos de la nueva configuración del mercado de trabajo, con el avance de la digitalización o los procesos de externalización productiva”, recalca.
Retraso en el plan climático
En materia de energía, una de las principales consecuencias del bloqueo político es el posible retraso en la aprobación del Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) y de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética derivada del mismo, que Pedro Sánchez ha fijado como prioridades en sus dos investiduras fallidas. Estos proyectos normativos deben fijar la estrategia de descarbonización de la economía española para la próxima década con el fin de cumplir los compromisos en materia de lucha contra el cambio climático.
El Gobierno remitió en febrero un borrador a la Comisión Europea que ha sido muy bien recibido por su nivel de ambición. Bruselas debería tener sobre la mesa las versiones definitivas en diciembre de este año para que entren en vigor en 2021. Otro frente pendiente es la aprobación de un nuevo Plan General de Residuos Radiactivos que sustituya al actual, que lleva caducado desde 2010 y cuyo borrador llegó a anunciarse para el pasado mes de junio, aunque la situación de interinidad del Ejecutivo lo ha impedido.
El plan debe incluir las medidas para atajar el multimillonario déficit del fondo que debe desmantelar las centrales nucleares y gestionar sus residuos, y adoptar una decisión sobre el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos cuya tramitación quedó en suspenso hace un año.
El trámite es largo: una vez en manos del Ejecutivo el borrador de Plan de Residuos, se iniciará el proceso de elaboración que establece la ley hasta que llegue a las Cortes, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y oídas las Comunidades Autónomas en materia de ordenación del territorio y medio ambiente.
