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El déficit fiscal y la deuda pública pasaron a un segunda plano en las jornadas sobre la reconstrucción de este jueves de la patronal CEOE. Tocaba el turno a las constructoras y a las promoción inmobiliaria y las peticiones de los conferenciantes se centraron en dos líneas claras: más inversión pública en ladrillo en colaboración con la iniciativa privada y más flexibilidad normativa. El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan Lazcano, lo resumió en pocas palabras: “No es tiempo de ajustes”.
Lazcano ha pedido un pacto de Estado para que haya unos nuevos Presupuestos Generales del Estado que impulsen la inversión pública aprovechando el relajamiento fiscal que ha facilitado la Unión Europea y que se desarrolles nuevas formas de finaciacion con vistas a recuperar la colaboración publico privada.
“Tras diez años de ajuste fiscal por culpa de la anterior crisis financiera, con un déficit inversor en infraestructuras, incluido el sector residencial, de más de 200.000 millones de euros, hay que anticipar proyectos de inversión pública y facilitar la inversión privada”, ha comentado Lazcano.
El presidente de la CNC ha defendido que el sector de la construcción es el “segundo en creación de empleo, por cada millón de euros genera la mayor actividad económica inducida (1,92 por euro invertido), tiene un retorno fiscal del 49% y es el sector que le da un mayor impulso a nuestra industria porque genera la menor cuota de exportaciones”.
Lazcano ha recordado que Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras (Seopan) ya presentó un programa de inversiones por 157.000 millones con inversiones destinadas a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y que la Asociación Española de la Carretera (AEC) también presentó un plan de inversiones para hacer “carreteras seguras, verdes y conectadas, con una inversión de 32.000 millones, que puede absorber un millón de empleos”.
“Una ola de renovación inmobiliaria”
El presidente de los constructores se ayudó de una propuesta de la Comisión Europea para que haya “una ola de renovación inmobiliaria” para lanzar la idea de la “necesidad de renovar el parque inmobiliario” ya que en España “hay 10 millones de edificios, solo un 5% están construidos de acuerdo con el reglamento técnico de eficiencia energética”.
En este sentido, el presidente de la agrupación de fabricantes de cemento de España (Oficemen), Víctor García Brosa, ha recordado que el sector lleva más de una década intentando recomponer el desplome de consumo tras la crisis de 2008 y ahora están viviendo caídas de actividad del 50%. “Llevamos 10 años perdidos en infraestructuras, es necesario un impulso decisivo a inversiones en infraestructuras de acuerdo con el objetivo desarrollo sostenible de la agenda 2030 e impulsar el sector sector residencial, especialmente en alquileres y rehabilitación de la vivienda. Hay que recordar Naciones Unidas tiene la previsión de que en 2050 vivirán en España el 88% de las personas en las ciudades, con lo que hay que abordar retos en movilidad, depuración de agua y energía”.
La propuesta de las constructoras en rehabilitación edificatoria en eficiencia energética sería la de dedicar 2.000 millones de euros de dinero público al año con el objetivo de conseguir “120.000 viviendas rehabilitadas anualmente lo que generaría una actividad económica de 52.000 millones, 832.000 puestos de trabajo, reducir coste de desempleo en 7.600 millones y un retorno fiscal de más de 15.000 millones”.
Por su parte, Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de La Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), situó a la construcción como pilar fundamental en la recuperación económica y recogió la propuesta que hizo la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, para que el Estado ofrezca avales a los más jóvenes para que compren vivienda de manera que los bancos puedan ofrecer hipotecas hasta un 95% del valor del inmueble. Según Gómez Pintado, la asunción del riesgo de impago por parte del Estado “facilitaría la venta de 350.000 viviendas a los jóvenes y permitiría ingresos en la Administración Pública por la actividad económica que se generaría de de más de 15.000 millones, sin poner ni un euro por parte del Estado”.
El presidente de las promotoras inmobiliarias también ha pedido el desarrollo de una ley de seguridad jurídica del urbanismo para que las inversiones de los promotores no se devalúen en la gestión administrativa y agilizar los trámites públicos para empezar a construir.
“Adoptar más medidas técnicas que políticas”
Luis Rodulfo Zabala, presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (CEPCO) ha señalado que se debe “exigir de forma clara y contundente que se pongan en marcha políticas eficaces para nuestro país. Es imprescindible adoptar medidas más técnicas que políticas en aras de buscar más eficacias”.
El presidente de la patronal de fabricantes de productos de construcción ha pedido un cambio de medidas legistativas en el terreno de la “morosidad en los plazos de pago para no solo proteger al contratista principal, sino a todos los actores de la cadena de manera que se sostenga también a los subcontratistas”. También ha solicitado que la ley de contratos del sector publico “se cumpla” y se sigan los criterios de sostenibilidad y que haya una “vigilancia efectiva del mercado de productos para que sean de total garantía”.
Frente a las peticiones constantes de impulso a la inversión pública, el presidente de Merlin Properties, Ismael Clemente, se ha posicionado de una manera diferente.“No necesitamos subvenciones ni ayudas públicas, lo que pedimos son medidas de liberalización y de flexibilización de nuestra actividad que nos permitan seguir creando riqueza y empleo”. Clemente es el máximo directivo de una de las socimis más potentes del mercado nacional con inversiones en oficinas, centros comerciales y centros logísticos.
El presidente de Merlin Properties ha pedido que “no se ataque más al régimen socimi, que ha traído profesionalidad e inversiones al sector inmobiliario”, ha negado las acusación de elusíón fiscal al señalar que es una figura recogida en la mayoría de países de la OCDE y ha solicitado “neutralidad fiscal de aportaciones a la socimi para incrementar de forma clara las inversiones ya que fomentaría el ahorro patrimonial de muchas familias que dedicarían su dinero a la generación de riqueza a través del impulso de la actividad, así ocurrió en Estados Unidos”.
A pesar de que el teletrabajo se convirtió en una medida para evitar que hubiera una profusión de contagios, Clemente se ha posicionado en contra de esta medida, ha señalado que no es el momento de meterse en la regulación del teletrabajo y ha apuntado que “hay un grupo de empresas de grandes corporaciones y el sector publico que no está a favor de la productividad y que está por el teletrabajo, pero otras muchas empresas no se pueden permitir una caída de productividad”. Sobre el sector de centros comerciales ha apuntando la necesidad de “aumentar la flexibilidad de horario”.