En medio de las movilizaciones por los recortes de personal y el empeoramiento de las condiciones de trabajo de sus empleados, Correos diseñó un plan de salidas incentivadas para el personal laboral y para funcionarios mayores de 57 años (el 20% de la plantilla). Podría acabar suponiendo la salida de unas 348 personas, según cálculos de la compañía pública que ha podido confirmar eldiario.es gracias a documentación obtenida a través del buzón seguro y anónimo Fíltrala.
El plan estratégico, redactado para un periodo de cuatro años (2018–2021), tendría un coste aproximado de 20 millones de euros (cinco millones anuales). Fuentes de Correos consultadas por eldiario.es confirman la existencia de este proyecto pero aseguran que se trata de un “estudio de trabajo” para “analizar posibles escenarios de evolución de plantilla” que se efectuó el año pasado. Afirman que se trató de un “ejercicio teórico” y que “no hay nada autorizado ni previsto”.
En el documento se contemplan los ahorros que supondría la jubilación anticipada de estos colectivos frente a la contratación de “relevistas eventuales de 40 años” en términos de Seguridad Social y antigüedad. Al cálculo añaden que el personal laboral que participe en una jubilación parcial anticipada con contrato de relevo trabajará un 25% anual, “lo que ocasionará un ahorro en la contratación de personal para la cobertura de vacaciones, permisos y absentismo”.
En el informe se recuerda que actualmente la plantilla está compuesta por un 25% de colectivo funcionario y un 75% de personal laboral. La dirección de la compañía mantiene que “con carácter general” la plantilla se caracteriza por el “envejecimiento”, el “elevado absentismo por enfermedades y problemas osteomusculares” (7% en mayores de 57 años y 12% en mayores de 60) y “la necesidad de contratación de personal más cualificado para determinados puestos, por ejemplo, para la atención al cliente en oficinas”.
Para el “rejuvenecimiento de la plantilla” proponían distintos programas anuales. Por ejemplo, para el personal laboral, en el colectivo mayor a 61 años (con 34 cotizados) ofrecerían un programa de jubilaciones parciales. Calculan para este colectivo un salario total de 20.000 euros anuales, con un coste estimado total del programa por empleado de 31.200 euros anuales. “No se ha considerado el coste del reemplazo puesto que se realizará con un eventual”.
En cuanto al personal funcionario (entre 57 y 64 años), el documento habla de “excedencias voluntarias incentivadas”. “Los funcionarios podrán mantener la situación de alta en la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado” y ser “indemnizados” en función de su edad y de los años trabajados.
El propio documento admite que se trata de una “primera aproximación con costes estimados considerando un empleado tipo base”. El salario medio estimado de los trabajadores, según aparece en el estudio, es de 20.000 euros anuales. Con el cambio se contemplaba una media anual ponderada de ahorros de 453.225 euros. Unido al hecho de que ya hay cuatro millones anuales presupuestados para el programa de excedencias voluntarias incentivadas “la implantación de esta iniciativa apenas supondría un coste adicional de 546.774 euros anuales”.
Los sindicatos temen un desmantelamiento de Correos
Correos contaba en 2017 con 51.205 trabajadores. Esto es, un 24,32% menos que hace diez años, cuando llegaron a los 67.661. En la actualidad, los sindicatos están llevando a cabo acciones reivindicativas, y han amenazado con convocar una huelga de 24 horas en noviembre, en las inmediaciones del día de descuentos comerciales conocido por su denominación anglosajona “black friday”, y otras dos más en diciembre, cerca de las navidades. Según CCOO, UGT, CSIF y Sindicato Libre, que representan al 85% de los trabajadores de la mayor empresa pública en España, estas movilizaciones responden a la convicción de que el Gobierno (en ese momento se referían al del PP) “está desmantelando Correos”. Han recordado que en 2017 Correos sufrió un recorte de 123 millones y que este año ha ascendido a 60, según consta en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, que probablemente no podrá ya modificarse.
El Servicio Postal Universal (SPU), que es el que garantiza que llegan cartas a todos los rincones del país, aunque sean zonas deficitarias, se subvenciona este año con 120 millones de euros. Pero según cálculos de los sindicatos, el coste de este servicio es de 230 millones. Precisamente otra de sus reivindicaciones es que el Gobierno haga un cálculo exacto de lo que supone este servicio, a lo que, según ellos, se niegan.
Dichos recortes, unidos al hecho de que el Gobierno no aplique un plan de modernización y expansión que se adapte a la realidad del auge de la paquetería y del comercio electrónico conllevan unas previsiones de déficit creciente. De hecho, este año se espera que el operador tenga unas pérdidas de 122 millones, las mayores de su historia.
El inicio de las movilizaciones coincidió con el cambio de Gobierno, que encontró aquí su primer conflicto heredado, con el que deberá lidiar en los próximos meses.