Una parte de los créditos avalados por el ICO para rescatar a las pymes se queda en manos de la banca para cubrir deudas de los empresarios

Los créditos ICO con los que el Gobierno trata de ayudar a las empresas españolas españolas a mantenerse a flote durante la crisis del coronavirus, se van a traducir en hasta 100.000 millones de euros a través de avales estatales a préstamos bancarios.

Según ha explicado este miércoles la ministra de Economía, Nadia Calviño, en el Congreso de los Diputados, hasta el pasado domingo, el ICO había registrado más de 318.000 operaciones, de las que el 98% corresponden a pymes y autónomos, por un montante total de casi 31.400 millones de euros, que han permitido movilizar 41.266 millones de euros de financiación. 

Sin embargo, es un dinero que en ocasiones no llega a la cuenta corriente de la empresa que lo recibe para que pueda disponer de esa liquidez. El banco lo retiene para el pago de futuras deudas contraídas previamente con ellos. “En este momento el espíritu de la creación de la línea de préstamos avalados por el ICO es la de aportar liquidez a las empresas afectadas por el descenso de la demanda y de la actividad”, opina el economista Julio Rodríguez. Se trata de una práctica permitida por el ICO, como explica una entidad bancaria que decidió consultarles cuando se les planteó el caso. Aseguran que en todo caso es una práctica muy puntual y que tiene que ver con el riesgo del cliente. 

Según una encuesta de la patronal catalana Pimec, la financiación obtenida por un 15,9% de las pymes y autónomos a través de los créditos ICO avalados ha servido para compensar otros productos financieros anteriormente concedidos, por un importe medio que representa el 36,6% del total de la financiación contratada, informa Europa Press.  

Un empresario que prefiere mantenerse en el anonimato, explica a eldiario.es cómo las entidades a las que ha solicitado líneas ICO, se han ido quedando con todo o parte del crédito que le han concedido para así asegurarse el pago futuro de préstamos anteriores. “Somos una empresa familiar, y para reponernos de la crisis de 2008 decidimos invertir todo el patrimonio y pedir créditos e hipotecas. Conseguimos salir a flote. Ahora hemos tenido que cerrar temporalmente las tiendas y hacer un ERTE. A los dos o tres días se empezaron a generar impagos”, relata.

Han pedido dos millones de euros en créditos ICO con entidades con las que ya tenía otras operaciones anteriores, y de momento se les ha concedido más o menos la mitad. Su sorpresa ha sido que de ese millón solo va a disponer en efectivo de unos 300.000 euros, ya que los bancos han decidido retenerle el resto para garantizarse el pago de futuras cuotas hipotecarias, o para próximas cancelaciones de líneas de crédito preexistentes, como se puede comprobar en la documentación que aporta. 

Cuando este empresario llamó al número genérico que el ICO ofrece en su página web, le recomendaron acudir al defensor del cliente de la entidad bancaria en caso de tener dudas sobre la legalidad de la actuación (es lo estipulado por el Banco de España, a cuyo servicio de reclamaciones se puede acudir en caso de que en el propio banco no resuelvan tus demandas). Fuentes del ICO remiten al decreto aprobado por el Gobierno, y recuerdan que en todo caso ellos vigilan las operaciones por encima de 50 millones de euros, por debajo de esa cantidad corresponde al propio banco avalarlas conforme a su propia política de riesgos.

El decreto del Ejecutivo estipula que la finalidad de la línea es “facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos del COVID-19, teniendo como objetivo cubrir los nuevos préstamos y otras modalidades de financiación y las renovaciones concedidos por entidades financieras a empresas y autónomos para atender las necesidades de financiación como pagos de salarios; facturas de proveedores pendientes de liquidar;  alquileres de locales, oficinas e instalaciones; gastos de suministros; necesidad de circulante; otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias”. Es en el vencimiento de las obligaciones financieras donde se incluirían estas actuaciones.

Por su parte, fuentes del Banco de España aclaran sobre la refinanciación de operaciones anteriores que los acuerdos firmados entre las entidades financieras y el ICO lo permiten siempre que o se incremente el plazo o se incremente la cantidad del préstamo.

Estas fuentes recuerdan además que a partir del año 2021, una vez finalizado el programa, el ICO o la entidad que este designe, realizará una revisión de las operaciones avaladas, de tal forma que para operaciones financieras inferiores a 10 millones de euros, realizará la revisión mediante un sistema de muestreo del total de la población, mientras que para operaciones financieras superiores a 10 millones de euros, revisará todas las operaciones.

¿Y qué ocurriría si en esa revisión de las operaciones aprobadas por los bancos se comprueba algún tipo de irregularidad? La entidad supervisora responde que si el ICO observa en dicha revisión que se han incumplido las condiciones establecidas, esto podría llevar a la resolución del contrato firmado con la entidad financiera correspondiente.

Para el economista Julio Rodríguez, el “creciente oligopolio bancario y la mayor incertidumbre del momento ha creado una situación más proclive a actitudes más caciquiles” por parte de la banca. 

Por su parte, el economista José Carlos Díez advierte que “si la banca viera riesgo de impago y no renovara vencimientos el cierre de empresas y aumento de la tasa de paro sería mucho mayor. El estado avala y evita ese riesgo. A los créditos que paguen les cobrará aval que servirá para cubrir los impagos. Si hay menos despidos el estado se ahorra seguro de paro. Y si cierran menos empresas pagarán más impuestos”.