Diez años han pasado entre la reforma de las pensiones aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy y la que ha sido acordada en los últimos días por el Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos. Una década en la que el modelo de prestaciones para la jubilación no ha dejado de estar en el centro del debate político. Sobre la mesa, la eterna pregunta: qué pasará con las pensiones del 'baby boom'. El Gobierno de Pedro Sánchez ha apostado finalmente tras una larga negociación a múltiples bandas por un modelo que rompe con el marco hasta ahora vigente. En lugar de poner el foco en el recorte del gasto para hacerlas sostenibles, los socios han apostado por centrarse en mejorar los ingresos.
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha logrado desbloquear, tras más de un año de negociaciones y con algo más de dos meses de retraso frente al calendario previsto, una de las principales reformas de la legislatura, junto a la que afecta al mercado laboral. El acuerdo entre los socios y, presumiblemente con los sindicatos, permite sacar adelante uno de los compromisos fundamentales con la Comisión Europea para lograr el próximo pago de los fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La reforma supone dar un golpe en el tablero respecto a las anteriores. En 2013, el Gobierno del PP impuso un nuevo modelo de pensiones basado en un gran recorte del gasto. En plena crisis financiera, el Ejecutivo sacó adelante solo una reforma que rompió con el Pacto de Toledo y que no contó con el apoyo social. Dos años antes, el PSOE ya había dado un primer paso en este sentido al elevar a 67 años la edad de jubilación o aumentar el periodo de cálculo para tener la pensión completa, pero con acuerdo político y social. Fátima Báñez, ministra de Trabajo y Seguridad Social con Rajoy, fue la responsable de la última reforma hasta la fecha. Hoy Báñez es la presidenta de la Fundación CEOE, patronal que ha anunciado su oposición frontal a la reforma.
Presionado por los recortes por parte de Bruselas en los años de políticas de austeridad, aquel texto conllevó dos grandes cambios para el sistema de pensiones que, en la práctica, suponían un deterioro. El primero, el ya desaparecido Índice de Revalorización de las Pensiones, el conocido como “0,25% de las pensiones”, que provocaba de facto una congelación de las mismas y condenaba a pérdidas de poder adquisitivo de los pensiones. Por otro lado, el factor de sostenibilidad, un nuevo método de cálculo que debía entrar en vigor hasta 2019 y que tenía en cuenta aspectos como la esperanza de vida.
Para sacarlo adelante, el Gobierno había dado la espalda al Pacto de Toledo, el foro en el que se acordó tratar a mediados de los noventa las reformas de las pensiones para dejarlo fuera de las disputas políticas. Sin embargo, la reforma de 2013 generó tal oposición que el Gobierno de Rajoy se dio de bruces con la realidad. “Los cambios, para tener impacto, deben ser acordados”, decían diputados en 2018 cuando se constató que una reforma sin el Pacto de Toledo tenía un recorrido limitado.
Presionado por la calle y por el Congreso, la realidad fue complicada para el Gobierno de Rajoy. La debilidad parlamentaria le llevó a tener que asumir una suspensión de su reforma cuando en 2018 tuvo que pactar con el PNV para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. Se revalorizaron entonces las pensiones con el IPC, dejando en suspenso su índice del 0,25%. Además, se retrasaba hasta 2023 el factor de sostenibilidad. Apenas un lustro después de su aprobación unilateral, la reforma de 2013, en la práctica, decaía.
Al igual que lo hizo su Gobierno unas semanas después. La moción de censura de Pedro Sánchez dejaba al PP fuera del Ejecutivo y la pelota de las pensiones volvía al tejado del Pacto de Toledo. La correlación de fuerzas en el Congreso cambió con las elecciones de 2019 y aquella comisión parlamentaria recuperó protagonismo para tratar de buscar un consenso. El contexto había cambiado tras años de movilizaciones en las calles por parte de pensionistas y se hizo patente la necesidad de atender a la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas.
Finalmente, las distintas formaciones políticas, también el PP, acordaron un texto con 20 compromisos entre los que se encontraba la revalorización de las pensiones conforme al IPC, para evitar el empobrecimiento de los jubilados. El Pacto de Toledo dibujó con este texto una hoja de ruta a Escrivá que le ha llevado, no sin dificultades ni retrasos, al acuerdo firmado esta semana. Llegó la pandemia y el Gobierno estableció en el Plan de Recuperación el compromiso de la reforma de las pensiones para acceder a los fondos europeos para relanzar la economía. Lo hizo con una propuesta de aprobación en varias fases, que han dado como resultado dos bloques de cambios en el sistema de protección para la jubilación.
El primero de estos bloques se selló en 2021 con un acuerdo con amplio respaldo social, incluidos los sindicatos y los empresarios. Suponía, de facto, derogar la reforma del PP de 2013 que aunque estaba en suspenso, seguía en el ordenamiento jurídico. Se tumbó el índice de revalorización, pero también el factor de sostenibilidad, cuya entrada en vigor se había retrasado hasta este año. Se recuperaba además la idea de actualización de las prestaciones conforme al IPC. También se incorporaban medias como incentivos para quien retrasara su jubilación y nuevas penalizaciones para quienes la adelanten, sobre todo, para equiparar la penalización del conjunto a los jubilados con prestaciones máximas.
Tras este primer bloque se han ido realizando otros cambios legislativos ya contemplados en aquella hoja de ruta del Pacto de Toledo. Es el caso del fondo público de pensiones de empleo. El ministro Escrivá impulsó la creación de un macrofondo de promoción pública para incentivar que pymes y organismos públicos se adhirieran a este modelo de ahorro privado para la jubilación. Al mismo tiempo, el Gobierno ha ido reduciendo los controvertidos incentivos fiscales para las pensiones privadas individuales, lo que ha derivado en un desplome de estas aportaciones.
Pero tras este primer gran bloque, quedaba el más conflictivo, el que se ha acordado esta semana. Tenía una fecha de referencia: 31 de diciembre de 2022. Así lo establecía el calendario de compromisos con la Comisión Europea. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario ha mostrado flexibilidad para que se pudiera alcanzar un acuerdo. Este ha estado encallado reunión tras reunión hasta el acelerón de los últimos días, urgido por el presidente Pedro Sánchez tras la fuerte brecha que ha generado la reforma de la ley del 'solo sí es sí'.
Si la primera parte de la reforma derogaba la del PP, esta daba un giro de 180 grados. La solución a la sostenibilidad de las pensiones ya no pasa por un recorte en los gastos sino con un aumento de los ingresos. Pero contiene aspectos que han provocado más de un quebradero de cabeza en la negociación. Una vez acordado el aumento de las pensiones conforme al IPC —este año, por ejemplo han subido un 8,5% tras la fuerte inflación de 2022—, había que lograr un método para cubrir el aumento del gasto.
Uno de los debates ha consistido en cuánto subir la cotización de los salarios altos y qué hacer con el periodo de cómputo. El consenso en el Gobierno ha llegado finalmente con un acuerdo con varios pilares. El primero es un aumento de las cotizaciones, enfocada sobre todo en las remuneraciones más altas, parte de las cuales ahora están exentas. La base máxima de cotización se aumentarán poco a poco con el IPC más 1,2 puntos porcentuales cada año. A cambio, habrá un aumento de la pensión máxima.
A ello se suma la segunda herramienta que establece el acuerdo: una cuota de “solidaridad”. Para los salarios muy altos, por encima de la base máxima (hoy 4.500 euros brutos al mes), se añade un 1% de aumento de las cotizaciones a partir de 2025, que se irá elevando hasta el 6% en 2045. También se incrementan los ingresos en cotizaciones, con un incremento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional.
El segundo pilar afecta al periodo de cómputo. Se mantendrán durante dos décadas con dos alternativas: el sistema actual de 25 años y uno nuevo de 29 años, pudiendo eliminar los dos peores. Con ello, se pretende ayudar a las carreras más precarias. Por último, un tercer pilar que se ha incorporado fruto de la negociación y que despliega varias medidas para combatir la brecha de género, como una senda de mejoras para las pensiones más bajas y mitigar más los vacíos en la carrera laboral de las mujeres de cara a la pensión.
La reforma del Gobierno ahora debe pasar varios pasos antes de aparecer en el BOE. Los sindicatos deben dar su visto bueno definitivo tras la valoración “positiva” que han mostrado este viernes. Además, el Consejo de Ministros deberá convertir el texto en un Real Decreto para que entre en vigor y pretende llevarlo de manera “inminente” al Pacto de Toledo. Llegará entonces el trámite parlamentario para su aprobación definitiva, para lo que deberán obtener el respaldo de sus socios parlamentarios. El Gobierno ya ha mantenido reuniones con EH Bildu y ERC esta semana y ha incorporado parte de sus reivindicaciones. El Partido Nacionalista Vasco (PNV) no ha querido avanzar una posición hasta conocer “la letra pequeña del texto”, aunque se ha quejado de falta de negociación.
En una década, el viraje en materia de pensiones es evidente. En 2013, el objetivo fue contentar a Bruselas con un recorte en el gasto en pensiones —al que se unieron la reforma laboral o la subida del IVA— tras haber recibido el rescate millonario para sanear al sector financiero. En 2023, el Gobierno aspira a un nuevo pago del Plan de Recuperación europeo con un modelo de reforma basado en ingresar más para aumentar el gasto en las prestaciones más bajas y en cubrir de mejor manera a las carreras profesionales más precarias.
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