Las defensas de los acusados piden anular la prueba de los gastos con sus tarjetas 'black'
Los primeros compases del juicio por las tarjetas black se han centrado en la petición de las defensas para que el tribunal anule la prueba en la que se sostiene el proceso, la hoja de excel que detalla los gastos de cada uno de los acusados y que suscitó un escándalo por el derroche de todos ellos. Alegan los abogados defensores que Bankia vulneró la Ley de Protección de Datos y que no es posible demostrar la fiabilidad de su contenido.
El primero que tuvo oportunidad de atacar la prueba del excel fue Carlos Aguilar, el abogado de Miguel Blesa, a quien se unió, a continuación, Ignacio Ayala, letrado de Rodrigo Rato. Aguilar solicitó igualmente al tribunal que incorporara el documento que prueba que su defendido ha devuelto los 437.000 euros que gastó con los plásticos opacos, a pocos días de que comenzara el juicio. Para poder hacerlo, ha explicado Aguilar, Blesa solicitó liquidar algunas de las propiedades que mantiene embargadas por el caso Bankia.
El letrado dejó entrever por dónde enfocará su defensa al solicitar que se incorpore el acta de asignación de más de 2 millones de pesetas en 12 mensualidades que se aprobó en Caja Madrid cuando el presidente era el antecesor de Blesa, Miguel Terceiro. La defensa quiere demostrar que Blesa solo heredó un sistema instaurado del que tenían conocimiento los supervisores.
La Fiscalía Anticorrupción, por el contrario, considera que fue Blesa quien pervirtió la tarjeta aprobada en la época de Terceiro para pagar sobresueldos. La acusación popular, que ejerce el abogado Andrés Herzog en representación de la Confederación Intersindical de Crédito, va más allá e identifica en las tarjetas ‘black’ un sistema de compra de voluntades a los consejeros por parte de Miguel Blesa y despues Rodrigo Rato.
Una de las defensas más activas en atacar el excel de Bankia fue la de Rodolfo Benito y Juan José Azcona, representantes de CCOO en el Consejo de Administración de Caja Madrid. La letrada dijo que “el gran misterio de este proceso” es “de dónde ha extraído Bankia el listado”. “No hay una fuente legítima que acredite la más mínima validez”, añadió.
La exposición de la letrada enlazaba con la otra petición compartida por las defensas, la expulsión de Bankia y el FROB del proceso. La tesis de las defensas es que ninguno de los dos son perjudicados por el gasto y, por tanto, no pueden ejercer la acusación particular. Para ello defienden que la heredera de Caja Madrid es la Fundación Caja Madrid y no Bankia y que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) fue un instrumento del Estado que pasó a poseer el 100% del BFA, la instrumental que controla Bankia, en mayo de 2012.
La acusación, por el contrario, considera acreditado que Bankia asumió Caja Madrid –la propia Fundación rechazó las devoluciones de las tarjetas que hicieron algunos de los acusados-, mientras que el FROB defiende su personación porque es el instrumento utilizado por el Estado para inyectar 23.500 millones de dinero público para rescatar la entidad.
El abogado de Estanislao Rodríguez Ponga, exsecretario de Estado de Hacienda, ha concluido al respecto que Bankia y el FROB “no tienen vela en este entierro”. Son protagonistas, dijo, de “un ataque al bulto”.
