El Defensor del Pueblo considera “ineficaz” el control preventivo sobre el Banco Popular, supervisado directamente por el Banco Central Europeo (BCE), cuya labor se basa en la información aportada por el Banco de España, pese a lo cual no se pudieron detectar los problemas que llevaron a la resolución.
En su informe sobre 2017 presentado hoy en el Congreso de los Diputados, el defensor del pueblo, Francisco Fernández Marugán, cuestiona que este trabajo no sirvió para “garantizar la transparencia y los derechos” de los cerca de 300.000 clientes afectados por una operación que supuso la reducción a cero de sus inversiones y para los que ha pedido una solución extrajudicial.
Al respecto, estima que la falta de información generó “indefensión” a los accionistas minoristas y los titulares de deuda subordinada, que “toman una decisión teniendo en cuenta la información del folleto sin disponer de medios para comprobar los datos”, de tal manera que si en éste figura una imagen “errónea o no veraz”, invierten “seriamente confundidos”.
“Banco Popular daba una imagen de solvencia y solidez que generaba confianza”, reprocha el Defensor en el documento, que recuerda que “muchos de los accionistas son empleados”, incluidos jubilados, a quienes la entidad concedió un préstamo “que han de continuar pagando”.
Motivos por los que ha formulado una recomendación a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa para que se inste al Banco Santander, que adquirió el Popular al precio simbólico de un euro, a valorar la posibilidad de facilitar una solución extrajudicial al margen de la compensación ofrecida por el grupo y cuyo plazo de adscripción expiró el pasado 7 de diciembre.
El Defensor del Pueblo también valora la actuación de los organismos y destaca que si bien es el BCE el que ejerce la supervisión directa de las entidades significativas, cuenta con la colaboración del Banco de España “mediante la remisión de información, la participación de los equipos de inspección y la preparación de proyectos”.
Sobre la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), relata que “había desarrollado todas las competencias que tiene atribuidas, y prestado especial atención a la información financiera periódica remitida”, así como a los hechos relevantes y “conductas que pudieran ser constitutivas de abuso de mercado”.
Todo ello en “aras de velar por la transparencia de los mercados, la correcta formación de sus precios y la protección de los inversores”.
Sin embargo, apenas un mes antes de la resolución, el propio banco desmintió “categóricamente” tanto la venta como “un riesgo de quiebra” y una “fuga masiva de depósitos”.
La operación, acordada el pasado 7 de junio por Europa a través de la Junta Única de Resolución (JUR) y ejecutada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), generó una avalancha de demandas tanto ante los tribunales comunitarios como españoles, ante los que se impugnó la decisión.
Al margen de los procedimientos civiles y contencioso-administrativos, los últimos paralizados en España a la espera de una decisión del Alto Tribunal europeo, la gestión de los dos últimos equipos que presidieron el Popular es objeto de investigación por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.
En concreto, los expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos Consejos de Administración y la firma auditora PwC figuran entre los querellados de un caso dividido en dos piezas separadas relativas a irregularidades en la ampliación de capital de 2016 y a una posible manipulación del mercado con noticias presuntamente falsas para hacer caer el valor de las acciones.