Todos los afectados por las preferentes de Bankia están llamados a la acción por parte del Juez Javier García Moreno, titular del Juzgado Mercantil número 5 de Madrid. Hasta el mes de junio podrán sumarse a la causa que acaba de admitir para juzgar si hubo o no un engaño masivo en el proceso de salida a Bolsa de esta entidad financiera.
Este llamamiento judicial es el resultado de la admisión a trámite de una demanda conjunta de 3.650 preferentistas representados por la Asociación de consumidores Adicae. Es el último ejemplo de una práctica que se está generalizando en España, la agrupación de afectados por abusos, especialmente financieros, para reclamar conjuntamente ante la Justicia.
Hasta hace unos pocos años, la unión de un colectivo de afectados para ir a los tribunales de Justicia apenas podía verse en las películas de serie B estadounidenses o en algún que otro éxito cinematográfico tipo Erin Brockovich. “En España casi sonaba ridículo referirse a estas acciones colectivas, los jueces estaban mucho menos sensibilizados que ahora, pero también los abusos de los últimos años son más graves y masivos”, reconocen fuentes judiciales, que prefieren no ser identificadas.
Pero, ¿son las demandas colectivas el mejor arma para defenderse de los abusos de las grandes empresas? ¿Se cumple la máxima de que la unión hace la fuerza? A pesar de su proliferación en España durante los últimos años, a los juristas les cuesta ponerse de acuerdo.
Ejemplos a favor y en contra hay para todos los gustos. El ruido mediático en España lo desató el abogado Javier Cremades cuando, en 2009, agrupó a algunos de los afectados por la quiebra de Lehman Brothers y decidió demandar al Banco Santander, como intermediario de las operaciones. En aquel momento los jueces españoles le miraron como a un bicho raro y tuvo que ejercer ese derecho ante la Justicia estadounidense; donde las denominadas class actions son tan comunes como el agua. Desde entonces, las asociaciones de consumidores (a las que la ley les otorga la potestad de iniciar demandas en representación de una colectividad de afectados) han apostado por esta fórmula jurídica de denuncia de abusos masivos y lo que es mucho más novedoso, reclamar el indemnizaciones económicas por ellos. “La legislación española no es muy clara respecto a esta figura. Está recogida en varias leyes, desde el año 2000 también en la de Enjuiciamiento Civil, pero aún así no todos los jueces la admiten fácilmente”, asegura Santiago Viciano, director de V Abogados.
El problema es que ni abogados ni juristas se ponen de acuerdo en qué situaciones son susceptibles de demandas colectivas. ¿La denuncia de 15.000 afectados por el paro de los controladores aéreos? ¿Recurrir el abuso del céntimo sanitario? ¿El engaño masivo de las preferentes? La primera ya ha sido admitida a trámite por el Tribunal Constitucional. La segunda no se ha presentado, pero según Santiago Viciano es “otro caso de libro”. Cumple con los requisitos de abusos masivos, en los que la cuantía económica personal no es lo suficientemente grande como para animar a cada usuario afectado a demandar por separado.
No ocurre lo mismo, con los abusos que ha cometido la banca en los últimos años. Afectados por las preferentes, por las cláusulas suelo, o por Valores Santander entre otros productos, han perdido cantidades de dinero lo suficientemente altas como para que compense acudir a los tribunales de manera individual. “Conseguir un fallo a favor y más o menos dinero depende del criterio personal del juez, no de si la demanda es de una persona o de mil”, aseguran las fuentes judiciales consultadas.
El caso de las cláusulas suelo
Por eso, en estos casos las dudas sobre la efectividad de las demandas colectivas son más acusadas. Hay una sentencia emblemática: la decisión del Tribunal Supremo, en mayo de 2013, de acusar a varios bancos, especialmente al BBVA, pero también a las Cajas Rurales Reunidas y NCG Banco,de engaño masivo por la aplicación de cláusulas suelo en las hipotecas. En él se dan todas las luces y las sombras que rodean a las demandas colectivas. Para el consumidor, tiene una ventaja económica indudable: entre todos los afectados pagan un único abogado y procurador. Además, muestra lo que podríamos llamar el lado más social de esta medida jurídica. En España, la decisión del juez afecta a toda la comunidad de afectados por el abuso denunciado, aunque no se hayan sumado personalmente a la denuncia oficial: BBVA ha retirado las cláusulas suelo de todas sus hipotecas.
Lo más controvertido es que, en este caso, Ausbanc (una asociación muy polémica por sus conexiones con la ultraderecha y que lideró la demanda) no solicitó la devolución de las cantidades cobradas indebidamente. Un resarcimiento que muchos de los demandantes individuales sí están consiguiendo. “La Justicia española ha demostrado su ineficacia e interesada impotencia no estando a la altura de un proceso de tal calibre hasta el momento y plegándose a los juegos y retrasos planteados por las entidades financieras”, se quejaba Adicae en un informe sobre las cláusulas suelo.
Quienes conocen el sistema judicial se atreven a más: “Si el Supremo hubiera obligado al banco a devolver el dinero, éste debería haberlo reingresado a todos sus hipotecados con un quebranto económico demasiado elevado. El lobby bancario hace su trabajo donde más poder tiene, en las altas instancias”, aseguran las fuentes jurídicas consultadas por eldiario.es
Y es que esa es otra de las grandes reticencias que generan las demandas colectivas. La banca, en casos privados está aceptando en primera instancia e incluso sin llegar a juicio abonar el quebranto económico de sus abusos: ya sea por cláusulas suelo, preferentes, swaps u otros productos tóxicos. Pero cuando se trata de demandas colectivas, el criterio es apelar y apelar hasta llegar a las más altas instancias judiciales. Esto implica que demoran inmensamente la solución de los problemas, pero además, es en esos altos tribunales donde el lobby bancario tiene mayor margen de presión. “Pueden negociar, como ocurrió con el BBVA una solución mediáticamente ejemplar y dura para la imagen de la entidad, pero sin un excesivo coste económico”, explican los juristas.
Las asociaciones de consumidores lo reconocen. “En el macrojuicio sobre cláusulas suelo denunciamos a 101 bancos. Y es cierto que han buscado todo tipo de resquicios para demorar el proceso. Cuando se trata de uno sólo, como este contra Bankia que está ahora en proceso, no creemos que pongan tanta trabas”, asegura Fernando Herrero, de Adicae. En esta asociación tiene un buen control de esos procesos. Sólo en cláusulas suelos tiene presentadas más de 64 demandas colectivas que representan a 11.000 afectados. Los dos años y medio de espera son ineludibles. Algo similar ocurre con las abiertas por las preferentes vascas o con las de Bankia, entre otras.
Pero más allá de estos retrasos y de las reticencias de los abogados, lo cierto es que la tendencia es imparable. Varias comunidades autónomas españolas están estudiando cómo regular con mayor precisión las demandas colectivas e incluso desde la Unión Europea se ha instado a los estados miembros a avanzar en esta vía judicial y no sólo para igualar con exactitud la class action estadounidense pero sí para dar más facilidades a los consumidores europeos. Aunque tal vez, si los abogados se llevarán comisión por este tipo de juicios igual el apoyo en Europa era más mayoritario.