Las dificultades del fondo anticrisis europeo: capacidad de absorción, condicionalidad y sin perspectiva de género

Los europeos están pendientes de un presupuesto para 2021-2017 y de un fondo de recuperación de 750.000 millones, de los cuales 140.000 llegarán a España en los próximos tres años. Todo tendría que estar listo para el 1 de enero, pero los gobiernos de los 27 no acordaron nada hasta mediados de julio, después de cinco días y cinco noches de negociaciones. Y ahora empieza la negociación en el Parlamento Europeo para lograr una posición conjunta sobre el fondo de recuperación –la del marco financiero ya la tenían antes que los gobiernos– y, a partir de ahí, negociar con el Consejo antes de votarse en la Eurocámara el acuerdo definitivo. Por el camino, los parlamentos nacionales también tienen que aprobar que haya nuevos impuestos comunitarios –recursos propios– para el repago de la deuda que va a emitir la Comisión Europea por valor de esos 750.000 millones del fondo de recuperación.

Y la negociación no es fácil.

En cuanto al marco financiero plurianual, el Parlamento Europeo básicamente está peleando por evitar el vaciado que hicieron los líderes en la cumbre de un buen puñado de partidas para traspasar dinero al fondo de recuperación. ¿Y qué partidas son? Programas clásicos de la Comisión Europea, relativos a la cultura, la cohesión, Erasmus, Horizonte, Invest EU... El Parlamento Europeo pedía un presupuesto de 1,3 billones, y los líderes pactaron 1,074 billones.

El rumano Siegfried Mureşan (PNL/PPE), Eider Gardiazabal (PSOE/S&D) y el también rumano Dragoș Pîslaru (PLUS/Renew) son los tres ponentes del Parlamento Europeo encargados de negociar con el resto de grupos –hay unas 3.000 enmiendas en total– y luego llevar la posición en los trilogos con Consejo. A finales de octubre se vota en comisión parlamentaria y luego se da el mandato en el pleno para las negociaciones. 

¿Artículo 9? Sanción macroecnómica. “Un punto caliente de la propuesta y del debate es la sanción macroeconómica”, explica la socialista Gardiazabal: “Hemos presentado una enmienda como S&D para anular la posibilidad de sanciones macroeconómicas a través del artículo 9 introducido en el reglamento por la Comisión Europea. No es lógico que encima vayamos a suspender los pagos. Es doblemente irresponsable”.

“El artículo 9 del Reglamento es el que habilita a la Comisión Europea a suspender el desembolso de los fondos si no se respeta el marco fiscal”; abunda Urtasun: “En estos momentos, este artículo es un poco inaplicable porque el Pacto de Estabilidad y Crecimiento está suspendido. No hay ninguna certeza sobre cuándo se va a volver a aplicar y todo el mundo tiene ideas distintas. Como hay esa incertidumbre, esa condicionalidad macro que está estableciendo el artículo, la queremos eliminar y hemos hecho una enmienda a la eliminación de ese artículo 9, igual que otros grupos”.

Urtasun explica que “es una disposición que ya se introdujo en la política de cohesión. Luis de Guindos tuvo que comparecer ante el Parlamento Europeo porque a España se le inició un procedimiento de suspensión de los pagos de los fondos de cohesión en aplicación de esta disposición, y la Comisión ha arrastrado lo que tenían de antes, la regulación de la política de cohesión (CPR). La posición del Parlamento en su día, cuando esto se metió en la en el reglamento de Cohesión, fue que no queríamos ligar la política de cohesión a la condicionalidad macro, y por lo tanto vamos a intentar que la posición del Parlamento vuelva a ser esta”. 

“Uno de los elementos importantes para la izquierda”, dicen fuentes del GUE, “además de acabar con la condicionalidad del semestre europeo y el alineamiento con los objetivos macroeconómicos, es la participación de diferentes actores a la hora de diseñar los planes. Desde nuestro grupo hemos hecho propuestas para que actores sociales, sindicatos, entidades locales puedan participar en el diseño de los proyectos. También pedimos un mayor control parlamentario sobre los objetivos”.

Condicionalidad. En el reglamento que se está negociando en el Parlamento Europeo sobre la base de la propuesta de la Comisión Europea y lo aprobado por los jefes de Estado y de Gobierno a mediados de julio, hay tres ejes concretos: la resiliencia de las economías, las transiciones ecológicas y digitales y la vinculación con las recomendaciones de país del semestre europeo en los dos últimos años –el mecanismo de gobernanza económica de la Comisión Europea–. ¿Y qué ocurre? Que en 2020 las recomendaciones tienen que ver fundamentalmente con el refuerzo del sistema sanitario, pero en 2019 se hablaba de la sostenibilidad de las pensiones. Entonces, ¿eso qué significa?

“Sabemos que la Comisión está pidiendo en base a las CSR [recomendaciones específicas de país] de 2019 y 2020 determinadas orientaciones de reforma, pero no podemos repetir lo que ha ocurrido en el pasado, que no sabemos exactamente la Comisión que pide y por qué motivo”, explica Ernest Urtasun, eurodiputado de Catalunya en Comú (Verdes) y ponente en la sombra en la comisión de Economía: “Va a ser muy difícil que deshagamos completamente el vínculo, porque además los frugales [Suecia, Dinamarca, Holanda y Austria] en el Consejo quieren que quede absolutamente establecido. ¿Pero qué hemos hecho nosotros? Meter una enmienda para decir que las CSR pueden ser tenidas en cuenta, pero solo aquellas reformas que tengan que ver con los objetivos específicos del reglamento: las pensiones no forman parte de los objetivos de las inversiones del fondo de recuperación, no tienen nada que ver con el objetivo del reglamento”.

Fuentes del grupo de la Izquierda Unitaria (GUE) sostienen: “La posición de la Comisión Europea es problemática por la vinculación al semestre europeo y la presencia de la macrocondicionalidad económica. Este es el eje de los debates entre izquierda y derecha en el Parlamento. La derecha apuesta incluso por introducir la posibilidad de suspender los pagos si no se llevan a cabo las reformas dictadas por la Comisión”.

El portavoz de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, afirmaba en El País: “Ciudadanos ha introducido una enmienda para que los gobiernos no puedan deshacer reformas introducidas en el Semestre Europeo, y el Marco Financiero Plurianual (MFF, presupuesto de la UE 2021-2027)”.

“Los vínculos al Semestre Europeo sólo los criticamos Verdes y GUE, pero el rechazo a la condicionalidad genera más consenso”, explican fuentes de la Izquierda Unitaria: “Los liberales y parte del PP piden que la Comisión haga una vigilancia muy exhaustiva del uso de los fondos, y tenga unos objetivos más restringidos sobre cómo se pueden utilizar. También demandan un mecanismo para que la UE recupere los fondos que no se ejecutan a tiempo o que no se alinean con los objetivos marcados [a través del artículo 9]”. 

¿Y el Pacto de Estabilidad? El vicepresidente del grupo liberal en la Eurocámara, Garicano, afirma en conversación con eldiario.es: “Hay que evitar la condicionalidad macro, pero hay que dejar claro que no queremos usar el dinero mal y aceptar como país que es bueno que hagamos ciertas reformas que nos hagan mejorar la economía”.

En este sentido, la Comisión Europea activó la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para dar barra libre al gasto, el déficit y la deuda de los Estados, que alcanzará cifras de récord al final de 2020. Pero, ¿qué pasará después cuando se pida reactivar el pacto y volver a una tasa de déficit del 3% cuando haya países, como España, en el 10%? “El Pacto de Estabilidad y Crecimiento lo doy por muerto”, dice Garicano: “No podemos, después de la deuda que vamos a tener todos, volver a Maastricht. En una unión compartimos tarjeta de crédito y hay que poner normas sobre cómo se usa la tarjeta común. Pero el Pacto de Estabilidad se ha demostrado que ya no tiene sentido. Hay una oportunidad enorme para construir un nuevo pacto de estabilidad y crecimiento”.

“No hay ninguna certeza sobre cuándo se va a volver a aplicar y todo el mundo tiene ideas distintas”, explica Urtasun: “La Comisión no parece que tenga muchas ganas de volver a introducir las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento; Francia acaba de decir que tenía que revisarse completamente, y los alemanes no quieren ni oír hablar de revisar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento”.

Oposición al Gobierno. Este verano, en medio de las negociaciones del fondo de recuperación, el presidente del grupo popular en la Eurocámara, Manfred Weber, decía a El País y otros medios europeos: “Todo el grupo apoya la idea de que la solidaridad va acompañada de responsabilidad. También los colegas españoles como Dolors [Montserrat], Esteban [González Pons] o Pablo Casado, tienen muy claro que debemos insistir en que el dinero se invierta en el futuro del país para ayudar a crear oportunidades de trabajo y perspectivas para los jóvenes y en que eso debe quedar claro. Desde el PPE tenemos, por decirlo así, dos condiciones: no queremos desperdiciar el dinero en gastos del pasado, sino invertir en el futuro. Y el PPE no está dispuesto a que se financien las falsas promesas de Podemos”.

“El fondo de recuperación no debe terminar como un cajero automático para los estados miembros”, dijo Weber hace una semana al Financial Times: “Estoy muy preocupado. Cuando veo lo que los estados miembros ya han propuesto para sus planes de recuperación, hay muy poco valor añadido o proyectos nuevos ”.

Garicano, en el debate del Estado de la UE, también usó unos términos similares: “El dinero hay que gastarlo bien. Algunos gobiernos quieren gastarlo de forma insensata. El vicepresidente del Gobierno español, por ejemplo, esta semana sugería que los fondos del plan de recuperación debían usarse para crear nuevas élites empresariales. Y yo quiero decir con absoluta claridad que haremos lo necesario para asegurar que el dinero se gasta bien, no se gasta para ayudar a amigos y amiguetes, que se utiliza para favorecer a las familias en educación, sanidad, luchar contra el cambio climático y proteger a nuestro planeta. Porque Europa no es un cajero automático, sino una oportunidad de luchar por el bienestar de nuestras familias”.

“El PP intentó por todos los medios boicotear las ayudas a España para superar la crisis económica derivada del COVID-19 y ahora pretende hacer lo mismo en la negociación que se abre en el Parlamento Europeo”, afirma la portavoz de IU en la Eurocámara, Sira Rego: “Ellos, junto con Ciudadanos, pretenden endurecer el acuerdo al que se llegó en verano y que España tenga más difícil el acceso a las ayudas. PP y Ciudadanos vuelven a estar enfrente de lo que necesita nuestro pueblo.  Y lo hacen insistiendo en las políticas económicas del fracaso social y del colapso de la sanidad pública. Algunos gurús liberales parecen no haber aprendido nada de lo que ha sucedido en la última década. Lo que toca es ser responsables y remar juntos para que nuestros pueblos salgan de la crisis, no hacer apaños para que el sector bancario haga negocio”.

Absorción. “España realmente tiene un problema muy grave para la absorción de fondos”, afirma Garicano: “Hemos tenido siempre una situación muy descentralizada en relación a estos fondos que ha llevado a esa parálisis porque hay autonomías que no tienen capacidad de gasto. Con el programa 2014-2020 solo absorbimos el 35% de los fondos europeos. Era muchísimo menos dinero y fuimos incapaces. El Gobierno debe tener claro que no puede simplemente regar a los Ministerios con dinero, porque eso es despilfarrar, y tampoco puede montar un sistema hiperburocrático que bloquee fondos”.

Sin embargo, fuentes de Economía responden que “en todos los anteriores ejercicios, España absorbió el 99%, prácticamente todo. Y en este, por Regla del n+3, tienes un plazo de tres años para ejecutar la asignación de cada programa. Tienes de plazo hasta 2023. Además, los datos de la Comisión tienen cierto desfase porque hay un tiempo desde que se envía la información a Bruselas hasta que se comprueba, se audita y se publica”.

“No se pierde el dinero por el camino”, zanja el Gobierno: “El resultado final es positivo y la ejecución es completa”.

Es este sentido, el S&D propone que “cuando acabe habrá una mínima parte que no se hayan ejecutado. Teniendo en cuenta que estamos hablando de un 1% de 670.000 millones, puede ser una cantidad importante, y hemos propuesto que cuando se acabe el programa, el dinero se pase al MFF. Además, por no retirar los estímulos”.

“Cuando se acabe, nos parece que no podemos perder ni un euro”, explica Gardiazabal. 

Perspectiva de género. “Hay un gran olvidado en todo este debate del fondo de recuperación, que es la igualdad de género”, afirma Urtasun: “No aparece por ninguna parte”.

El eurodiputado de Catalunya en Comú explica: “Hemos presentado una enmienda para que a los Estados miembros se les exija presentar dos cosas con el plan de recuperación: un plan de igualdad para cumplir con el Plan de Igualdad de Género presentado por la propia Comisión Europea y en segundo lugar, una evaluación de género de tu plan, de qué manera tu plan de recuperación va a afectar a la igualdad de género”.

“¿Por qué es importante?”, se pregunta Urtasun: “Porque cuando se hacen este tipo de inversiones tienen un efecto clarísimo la igualdad. Yo siempre pongo de ejemplo del famoso Plan E de José Luis Rodríguez Zapatero, que fue el primer plan de estímulo que se lanzó desde el Gobierno para combatir el duro golpe que tuvimos en 2010. Y el Plan E fue todo a obra pública, una actividad que tiene básicamente mano de obra masculina. La dimensión de género debe ser tenida en cuenta”.

El papel del Parlamento Europeo. “Hemos puesto bastante énfasis en ser más específicos en las políticas que se tienen que financiar”, explica Gardiazabal: “Porque la propuesta que hay ahora era dejaba claras las prioridades del cambio climático y la digitalización y luego, las CSR. No nos parece que está suficientemente detallado, las SCR salen cada año y no se sabe qué se puede recomendar en los próximos años. Y el Parlamento Europeo tiene la responsabilidad de decidir en qué queremos invertir ese plan”.

“Para eso hemos determinado seis pilares”, dice la socialista:.“Digital y medio ambiental; un pilar de cohesión social y territorial; un pilar de política económica de avanzar en la estrategia de la política industrial; mejorar la capacidad de las administraciones; y pilar específico a las políticas de juventud, que sufrió también la otra crisis”.

Prisas. “Seguimos de cerca las negociaciones europeas sobre el Fondo de Recuperación y el marco financiero plurianual. De ello he hablado esta tarde con el presidente del Parlamento Europeo [David Sassoli ]. Garantizar su aprobación y puesta en marcha a partir del 1 de enero de 2021 debe ser principal prioridad de todas las instituciones de la UE”, ha dicho el presiente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Y Michael Clauss, embajador alemán ante la UE, país que ejerce la presidencia semestral de turno, ha ido más lejos al meter toda la presión al Parlamento Europeo este viernes: “Necesitamos urgentemente un acuerdo. El marco financiero plurianual y el fondo de recuperación son política y técnicamente inseparables. Sin un acuerdo rápido entre el Consejo y el Parlamento Europeo, corremos el riesgo de retrasar también el Fondo de Reconstrucción. El tiempo apremia, Europa debe cumplir su palabra de apoyar a las personas y regiones particularmente afectadas por la crisis del coronavirus lo antes posible”.

“Me preocupa mucho que las negociaciones avancen demasiado lentamente. Necesitamos aumentar significativamente el ritmo de las negociaciones. También hemos ofrecido al Parlamento Europeo negociar durante los fines de semana”, ha afirmado. 

El 1 de enero “es un reto”, reconoce Urtasun: “Desde luego, puede no estar todo el 1 de enero. Podemos encallarnos con los trilogos en el fondo de recuperación, la ratificación nacional de los recursos propios resources puede encallarse... Tenemos la responsabilidad de acelerar, tratar de ayudar a sociedades que están en estos momentos pasándolo muy mal, económicamente muy golpeadas y para los cuales estos fondos son un alivio y pueden suponer un cambio muy importante. Queremos ir lo más rápido posible. Nuestro papel básicamente es cerrar el paquete presupuestario del marco financiero plurianual, cerrar los trilogos del fondo de recuperación una vez que ya hemos aprobado los recursos propios. Creo que es nuestra responsabilidad”.

Eider Gardiazabal explica que, precisamente por las urgencias económicas, “la ponencia recoge que se aumente la prefinanciación del 10% en la propuesta inicial al 20%. Siempre se hace un adelanto de pago a cuenta a los Estados y teniendo en cuenta la necesidad de liquidez y la necesidad que hay de inyectar dinero para aumentar esa prefinanciación, hemos acordado elevarlo al 20%”.

Además, los ponentes han incluido la retroactividad. Es decir, “el fondo está pensado para el 2021, pero una parte importante del gasto se ha hecho en 2020 y pedimos que los gobiernos puedan mandar gastos que se han hecho en meses de pandemia”.

Estado de Derecho. La gran mayoría de los grupos parlamentarios coinciden en reforzar la exigencia de cumplimiento del Estado de Derecho, que sobre todo está pensada para países que tienen procesos abiertos por vulneración de los valores de la UE, como Polonia y Hungría, tengan que comprometerse a hacer mejoras para recibir el dinero comunitario.

“Sobre la cuestión del mecanismo del estado de derecho”, ha dicho el embajador alemán, “estamos en conversaciones intensas con los Estados miembros de la UE. Las negociaciones son extremadamente complicadas. Sin embargo, la Presidencia alemana del Consejo presentará próximamente una propuesta para su adopción por el Consejo. Nuestra propuesta seguirá de cerca la decisión del Consejo Europeo. Pero también está claro que el mecanismo del Estado de Derecho en el presupuesto de la UE no puede ser un procedimiento del artículo 7 por otros medios. El objetivo es proteger el presupuesto de la UE y, por primera vez, sancionar las infracciones del Estado de derecho en el uso de los fondos presupuestarios”.

“Nosotros queremos que el fondo de recuperación tenga un mecanismo propio de respeto del Estado de Derecho más allá del mecanismo global que se está discutiendo”, razona Urtasun: “¿Por qué queremos? Porque no tenemos ninguna certeza de que esa discusión que se está produciendo en la negociación presupuestaria global vaya a terminar bien. También nos preocupa que una salida de esto sea que se establece un mecanismo de activación en el Consejo tan complicado que no se pueda activar nunca. Es decir, Orbán podría aceptar un mecanismo de respeto del Estado de Derecho, pero que para él sea fácil articular una minoría de bloqueo. Es uno de los grandísimos retos y es una de las cosas que puede hacer retrasar el fondo”.