El polémico informe sobre la vivienda turística resucita las discrepancias en la CNMC sobre la regulación de Airbnb y Uber

El reciente y polémico informe de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) sobre la vivienda de uso turístico, en el que se considera que no hay evidencia empírica sobre su influencia en el precio del resto de las viviendas y se rechaza prácticamente cualquier tipo de regulación sobre este negocio, fue aprobado por la sala de Competencia, no por el pleno del Consejo de la CNMC, donde probablemente no habría salido adelante en esos términos.

Fuentes conocedoras del funcionamiento del órgano regulador han explicado a eldiario.es que la visión de esta sala de la Competencia “no es pacífica en el pleno”. De hecho, un macroinforme sobre economía colaborativa del año 2016 en el que ya se hablaba de viviendas turísticas y de vehículos con conductor VTC, conocido por el apelativo de “informe Uber” no logró obtener la mayoría del plenario, en el que se sientan los cinco consejeros de Competencia y los cinco de Supervisión Regulatoria.

La presencia de estos últimos habría evitado también ahora, probablemente, que se hubiera dado el visto bueno a un informe que prácticamente rechaza cualquier tipo de regulación del alquiler turístico, y que se alinea con los argumentos del lobby de Airbnb en Bruselas, o incluso va más allá.

Una portavoz oficial de la CNMC asegura que no es cierto que el nuevo informe se inspire ni siquiera parcialmente en el “informe Uber”, aunque así lo defienden otras fuentes del organismo. Parte de los consejeros no querían entonces ni poner sobre la mesa un tema que genera fuertes protestas sobre todo en sectores como el taxi, que ven la entrada de nuevos actores como Uber como una forma encubierta de liberalización del sector. En aquel momento el problema de la subida de precios de la vivienda no era tan acuciante como lo es dos años después. Entonces era el lobby hotelero el que presionaba para regular el alquiler turístico, y no tanto los sindicatos de inquilinos o los ayuntamientos, como ahora ocurre.

Tanto los estudios de la CNMC, que pretenden ser una guía para las acciones legislativas de las administraciones, como las recientes decisiones impugnatorias en relación con ordenanzas locales o regulaciones autonómicas sobre vivienda turística (como en Madrid, Bilbao y San Sebastián), han sido adoptados por la sala de Competencia. Esta parte de la CNMC está capacitada para adoptar este tipo de iniciativas en solitario, pero también podría elevar al pleno estos expedientes si lo deseara.

De hecho, hay voces que defienden que sería conveniente que se proponga dicha elevación para garantizar la unidad de criterio en el seno de la CNMC y posiciones más equilibradas en este tipo de debates. En el pleno, las decisiones suelen ser mucho más matizadas, afirman.

La discusión gira en torno a la “necesidad y proporcionalidad” de medidas restrictivas de la libertad económica, explican las fuentes consultadas. Por ejemplo, debe analizarse si la ausencia de evidencia empírica sobre externalidades negativas (por ejemplo la subida de precios de la vivienda o los ruidos y molestias para el vecindario) determina que cualquier regulación restrictiva o limitativa de carácter “preventivo” es innecesaria o desproporcionada. Esta conclusión, a la que sí llega la sala de Competencia, es “muy discutible” a juicio de otros consejeros.

La composición de la CNMC

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está compuesta por dos salas, la de Competencia y la de Supervisión Regulatoria. La mayoría de los nuevos consejeros que se han incorporado en las últimas renovaciones, y que tienen orígenes políticos distintos, lo han hecho en la segunda.

En la actualidad, la sala de Competencia está integrada por María Pilar Canedo, Josep María Guinart, Clotilde de la Higuera y María Ortiz, y presidida por el presidente de la CNMC, José María Marín Quemada. Todos ellos están nombrados a propuesta del PP, excepto Guinart, que lo fue por la antigua CiU y Canedo, a propuesta de Ciudadanos.

La Sala de Supervisión Regulatoria está presidida por María Fernández e integrada por los consejeros Mariano Bacigalupo, Bernardo Lorenzo (a propuesta del PSOE), Xabier Ormaetxea (PNV) y Benigno Valdés. Fernández y Valdés son de la “cuota PP”. Ormaetxea y Lorenzo provienen de la antigua Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y solicitaron su reingreso (en este caso en la CNMC) tras ganar en el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo contra sus destituciones anticipadas.

Este organismo echó a andar en octubre de 2013, fruto del empeño del Gobierno de Mariano Rajoy de fusionar los antiguos reguladores sectoriales. Un año antes el Ejecutivo decidió fusionar en la CNMC a los antiguos reguladores de energía (CNE), telecomunicaciones (CMT) y sector postal, entre otros, junto a la antigua autoridad de la Competencia (CNC), con el argumento de un “ahorro de costes”. En 2016 un pacto entre PP y Ciudadanos preveía su nueva separación, aunque ésta no se llegó a producir. Desde que se creó, el organismo ha estado profundamente dividido, y los tribunales han tumbado varias de las multas que ha impuesto.

El modelo de la CNMC es una rareza en Europa. Se inspiró en un informe de PwC encargado por Telefónica, la empresa que fichó a principios de 2012 al marido de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría que fue una de las grandes defensoras del proyecto. Se impuso sin debate parlamentario gracias al rodillo de la mayoría absoluta del PP. Recibió críticas de amplios sectores, que advirtieron del riesgo de captura del regulador por parte de las empresas.