Eider Gardiazabal (Bilbao, 1975), eurodiputada del PSOE, ha sido ponente del Parlamento Europeo en unas negociaciones con el Consejo y la Comisión Europea que marcarán los próximos años de los 27 países de la Unión Europea: las de los fondos de recuperación ante la crisis sanitaria y económica del coronavirus; las de los 672.000 millones que gestionarán los Estados en los próximos años entre préstamos y trasferencias para acometer transformaciones digitales, verdes y reformas relacionadas con las recomendaciones anuales de Bruselas.
Después de acordarse los presupuestos para 2021-2027 –marco financiero plurianual– junto con la puesta en marcha de impuestos propios de la UE en duras negociaciones –trílogos– con la Comisión Europea y el Consejo –los Gobiernos–; y de pactarse el mecanismo de condicionalidad del Estado de Derecho –que posteriormente vetaron Hungría y Polonia hasta que se les aplacó con una declaración–; este viernes de madrugada se ha terminado de cerrar, después de cinco días seguidos de negociaciones, el reglamento del fondo de recuperación. Es decir: la herramienta que regulará cómo se reparten los 672.000 millones de euros del fondo de recuperación y resiliencia que pondrá en marcha la UE a partir del próximo año por medio de una emisión de deuda por parte de la Comisión Europea: España, en sus presupuestos generales, cuenta con unos 27.000 millones para 2021, que seguramente empiecen a llegar a partir del verano.
La negociación del reglamento no ha sido fácil porque había varios elementos en disputa que separaban mucho al Parlamento Europeo y al Consejo, cuya presidencia de turno este semestre recae en Alemania. En particular, la condicionalidad macroeconómica de los fondos, que podía traer consigo que se interrumpieran los pagos si algún Estado no cumplía las reglas de deuda y déficit que ahora están suspendidas y que se espera vuelvan a estar vigentes en 2022. Esto es algo que preocupa mucho a países como Italia, España, Portugal o Grecia, a los que la crisis va a dejar con cifras elevadas de deuda y déficit. “Hemos parado algunas cosas que habrían sido muy duras para muchos países, incluido España”, afirma Gardiazabal.
La negociación ha sido difícil, se ha cerrado el acuerdo este viernes de madrugada. ¿Qué ha logrado el Parlamento Europeo en la negociación?
Lo primero que hemos de tener en cuenta es que, en global, el resultado es muy positivo: ya están aprobados los 672.000 millones de euros del plan de recuperación. La propuesta ya era muy buena, y ahora lo que hemos intentado ha sido mejorarlo.
¿Qué hemos conseguido cambiar para mejor? Hemos aumentado el gasto destinado a objetivos climáticos hasta el 37%, y para calcular ese 37% hemos creado una nueva metodología más precisa y rigurosa, para que el gasto sea real y no haya greenwashing. Son unos indicadores basados en el reglamento de la taxonomía de inversiones sostenibles que aún no ha sido aprobado.
Además, hemos incluido que se tiene que aplicar a todos los planes y proyectos el criterio del no perjuicio al medio ambiente.
En el ámbito social, hemos logrado un equilibrio con las recomendaciones por país del Semestre Europeo de la Comisión Europea, en el sentido de que han de tener un objetivo de crecimiento económico, pero sostenible, midiendo el impacto en lo social y teniendo presente el impacto ambiental.
Que los planes estuvieran vinculados con las recomendaciones por país ya venía del acuerdo político de la cumbre de julio. ¿No se le podía dar la vuelta, no?
No, no se podía dar la vuelta porque para ellos era una línea básica. Nosotros proponíamos, en lugar de las recomendaciones por país, seis pilares prioritarios de dónde gastar el dinero. Y lo que hemos hecho ha sido un híbrido: una doble entrada para evaluar los planes. Los objetivos son los seis pilares del Parlamento Europeo y, enmarcados en esos seis pilares, entran las recomendaciones por país. Al final lo que hemos hecho es coger las recomendaciones por país que son relevantes o que tienen sentido bajo los seis objetivos que hemos puesto en el plan [cambio climático, digitalización, reindustrialización y apoyo a pymes; justicia social y cohesión; mejora de la capacidad de las administraciones; y juventud]
Aunque luego es interpretable qué recomendación tiene sentido bajo los pilares, que es verdad que son muy amplios, hemos intentado dar una dirección al semestre europeo.
También ha habido disputa en relación con las condicionalidades. ¿Cómo ha quedado al final?
Había dos condicionalidades: la del respeto al Estado de Derecho, que está vinculada y ha sido incorporada, y la macrocondicionalidad, donde teníamos la mayor guerra.
La posición del Parlamento era: 'Ahora está suspendido el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, vamos a centrarnos en el contenido y cuando vuelva a entrar en vigor el pacto, ya veremos si lo aplicamos o no y en qué medida'.
Pero el Consejo tenía no una línea roja, sino un veto, fundamentalmente de los holandeses. Era un veto explicito al plan si no había macrocondicionalidad.
Ellos se basaban en la macrocondicionalidad recogida en los fondos estructurales. El problema es que, como con tantas otras cosas, una vez que negocias un texto, cada uno lo interpreta a su manera. Y el Consejo interpretaba que el Parlamento no tenía ningún papel en esto.
Hace cuatro años, hubo una propuesta para sancionar a España y a Portugal congelando los fondos por no cumplir el déficit. Los ministros tuvieron que comparecer y el Parlamento emitió una opinión negativa y, en parte gracias a nosotros, se suspendieron las acciones.
El Consejo entendía que este rol del Parlamento, esa capacidad de influir en parar una sanción no estaba en lo que se había negociado. Y, entonces, ahí el veto lo puse yo. Me planté y dije que si el Parlamento no tenía un rol, no había acuerdo. Han sido no sé cuantas horas de tensión para conseguir sacar el rol del Parlamento, incluidas consultas a los Estados que querían vetar.
Han sido momentos muy, muy tensos de la negociación, porque si no sacábamos eso, la aplicación de la condicionalidad podría ser muy dañina para países como España: el Consejo proponía, además copiar los artículos del reglamento macro de los fondos estructurales, pero sólo los de sanción. No querían incluir artículos que pedían tener en cuenta la situación económica y social del país, los criterios de pobreza, los niveles de desempleo, el impacto negativo que puede tener esa sanción en la economía...
Eliminaban todo esto y el diálogo con el Parlamento. Y ahí me tuve que plantar y dije que no: o todo o nada, esto de coger artículos unos sí y otros no, no era una negociación equilibrada. Y si no llegábamos a esa base de entendimiento, no había acuerdo.
Han sido momentos muy tensos de la negociación, porque la aplicación de la condicionalidad podría ser muy dañina para países como España. No querían incluir artículos que pedían tener en cuenta la situación económica y social del país.
Y lo sacó.
Lo saqué, pero todavía no me lo creo, no las tenía todas conmigo. Empezamos a concretar esto el lunes y lo cerramos ayer [el jueves] como a las doce de la noche.
¿Y el resto de grupos?
La posición oficial del Parlamento era lo que yo defendía y tenía el respaldo del Parlamento en todas las negociaciones: con el embajador permanente alemán [el representante del Consejo de la UE, presidido este semestre por Alemania], con los holandeses, con el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, y algún ministro o ministra de Economía, llamando a todo el mundo para que hicieran moverse a la presidencia alemana... Pasé mensajes a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; pasamos mensajes al Gobierno alemán, hablé con mi gobierno, con Italia, con Portugal..
Se sabía que iba a haber condicionalidad macro, pero la macro se puede aplicar de muchas maneras y con muchos criterios. Y cuando vi por dónde iba Alemania forzada por Holanda, vi que podía ser un grave problema para muchos países y que, en cuanto se levantara la cláusula de escape, podían meter la congelación de fondos.
Y eso es un año y poco.
En 2021 va a estar suspendida, pero en enero de 2022 lo podrían hacer. Otra cosa es que lo fueran a hacer, pero la posibilidad estaba ahí. Y además era sin un proceso muy largo: sino que si se cumplen los criterios, empieza el procedimiento.
Ha sido muy duro, me agobié, porque no veía claro que pudiera sacar lo que quería. Al final ha salido. Cuando teníamos una última propuesta tuvieron que consultar con los holandeses a ver si la aceptaban, porque los servicios del Consejo decían: no, no, no, no, no, esto no se aprobó en los fondos estructurales y no lo podemos aplicar. Y les dije que si el Parlamento no tiene nada que decir en esto, no hay acuerdo y nos vemos en enero con la presidencia portuguesa. Yo sabía que los alemanes querían cerrar esto en su presidencia. Jugué con eso, pero claro, jugándome el tipo también.
Les dije que si el Parlamento no tiene nada que decir, no hay acuerdo y nos vemos en enero con la presidencia portuguesa. Yo sabía que los alemanes querían cerrar esto en su presidencia. Jugué con eso, pero claro, jugándome el tipo también.
Esta pasada semana el Parlamento Europeo ha votado una resolución sobre el mecanismo de derecho como respuesta a la declaración del Consejo Europeo para aplacar a Hungría y Polonia.
Los polacos y los húngaros lo que querían es que no se aplicara nada hasta que el Tribunal de Justicia emita una opinión. Y nosotros hemos dicho que entra en vigor el 1 de enero de 2021. Y si entra en vigor no se puede no aplicar porque es ley, y la ley es lo que prevalece.
A partir del 1 de enero, si la Comisión ve infracciones tiene que empezar a trabajar en los expedientes. Otra cosa es que paralelamente el Tribunal de Justicia estudie la legalidad y la conformidad del reglamento y, si acaso, nos pueda dar recomendaciones para mejorar la aplicación y el contenido del reglamento.
Pero la Comisión Europea, como responsable de cumplir los reglamentos, no puede no actuar. Y eso es lo que decía la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el miércoles: a partir del 1 de enero del 2021, cualquier cosa que pase es susceptible de ser evaluada.
Pero lo que parece que se pactó en la cumbre es que la Comisión no podía abrir el proceso de infracción hasta que el TJUE avalara el reglamento. Lo cual ha generado dudas por ser la Comisión guardiana de los tratados.
En cuanto vea una infracción, la Comisión Europea tiene que empezar a trabajar. Otra cosa es que ese expediente no se cierre o no se le dé el trámite final hasta que el TJUE se pronuncie. Pero no puede obviar lo que está pasando.
Puede haber margen para cuadrarlo.
Sí. Para empezar, cualquier reglamento puede ser llevado al TJUE para saber si es conforme a derecho o no. Eso siempre pasa. Y más en un tema de respeto al Estado de Derecho; es lo lógico. Y ya sabíamos que Hungría y Polonia lo iban a denunciar.
Lo que habrá que exigir al TJUE es claridad sobre las reglas que se van a aplicar a partir de que tengamos el criterio del tribunal. Esto sabíamos que iba a pasar, con declaración o sin ella. La declaración también era darle una puerta de salida a Hungría y a Polonia.
En esta semana también han votado todos los paquetes económicos.
Ya se ha votado que todo: el MFF [presupuesto plurianual], los recursos propios [impuestos europeos para el repago de la deuda emitida para financiar el fondo de recuperación] y hemos cerrado el plan de recuperación. El Parlamento Europeo ya ha dado el visto bueno a todo el paquete presupuestario y al plan de recuperación para que todo entre en vigor y puedan fluir los fondos.
¿Qué trámites le queda al reglamento del fondo de recuperación?
Está el acuerdo político que es lo fundamental, y tiene que pasar filtros jurídicos, traducciones... También tiene que pasar por el Consejo y lo tienen que adoptar. Oficialmente el acuerdo no se aprueba hasta febrero, pero no corre prisa porque en paralelo hay que aprobar en los parlamentos nacionales la creación de los recursos propios para poder emitir deuda conjunta.
Lo importante es que el acuerdo está cerrado, los criterios están claros y, por lo tanto, los Estados ya pueden trabajar con criterios clarísimos y especificados sobre qué pueden y qué no pueden introducir en los planes. Así, las conversaciones con la Comisión Europea pueden ser mucho más detalladas y ganar tiempo.
Oficialmente el acuerdo no se aprueba hasta febrero, pero no corre prisa porque en paralelo hay que aprobar en los parlamentos nacionales la creación de los recursos propios para poder emitir deuda conjunta
En el reglamento también han concretado la retroactividad a partir de la cual se puede pedir el reembolso de gastos por la pandemia.
Es el 1 de febrero de 2020. Todas las reformas que se han hecho desde el 1 de febrero que cumplan los criterios del plan son reembolsables. Lo que ya se ha gastado y se presente en facturas, digamos, te lo pueden abonar directamente.
Y luego también hemos elevado el porcentaje de la prefinanciación, que hemos subido del 10% al 13%, con lo que vamos a tener ingresos mayores de los previstos a los presupuestos españoles, en nuestro caso. Se trata de que cualquier país va a recibir un 13% del total de lo que se presente en el plan como adelanto. Si tu dices que te vas a gastar 100, te dan 13 para empezar a trabajar.
Otra negociación que puede tener sus frutos es que el reglamento permite que el 4% del dinero total al que podría acceder un país, entre subvenciones y préstamos, se pueda canalizar a través del programa InvestEU para dar solvencia a las empresas.
Había una propuesta de la Comisión Europea para crear un instrumento de solvencia que se cayó en el Consejo de junio. Esto para España y otro países sin tanto margen fiscal para dar solvencia es importante, pero se cayó en las negociaciones de julio. Lo que hemos hecho ahora es reintroducirlo a través del plan de recuperación. Son pequeñas victorias.
Ustedes también pedían incluir la perspectiva de género en los fondos, que no estaban en el acuerdo político de julio.
Eso también lo hemos introducido. El clima, lo social y el género han sido tres objetivos que hemos reforzado mucho. Porque la lectura del Consejo era una visión económica muy cerrada sin otras perspectivas. Hemos introducido una triple visión, para que los criterios de evaluación cuando se hable de las recomendaciones por país incluyan una evaluación de las medidas en relación con el impacto en el crecimiento económico, el impacto social; las políticas de género; y a reducir el impacto que ha tenido la crisis en las mujeres y en los colectivos vulnerables.
No podíamos tener solo una visión global, sino que también una visión concentrada en mujeres y en colectivos vulnerables, que son los que pagan las crisis, como los jóvenes. Pero todo eso ha salido, con mucho trabajo.
Ha sido mucha responsabilidad, pero hemos parado algunas cosas que habrían sido muy duras para muchos países, incluido España.