El Congreso ha convalidado este jueves varios reales decretos ley que aprobó el Gobierno de coalición con importantes medidas laborales, como la prórroga de los ERTE hasta el 31 de enero, la nueva regulación sobre teletrabajo en el sector privado y también de los empleados públicos. El aval de la oposición, con la exigencia de varios partidos de que se tramiten como proyectos de ley, ha ido acompañado no obstante de algunas críticas y peticiones al Ejecutivo, como una mayor antelación en las prórrogas de los ERTE que permitan dar seguridad a medio y largo plazo a las empresas y trabajadores.
La Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha sido la encargada de defender los decretos de la ley del trabajo a distancia y de la prórroga de los ERTE. Díaz ha destacado en sus intervenciones en agradecimiento a los agentes sociales por su esfuerzo para llegar a acuerdos. “El diálogo no es un camino, es el único camino”, ha defendido la ministra y ha reclamado a los partidos políticos que imiten este espíritu de consensos. Yolanda Díaz ha insistido en que son necesarios más cambios en la legislación laboral, que se realizarán “con diálogo social”, ha sostenido.
Los decretos están en vigor desde su aprobación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) pero, conforme a la Constitución, el Congreso debe pronunciarse para convalidarlos o, en su caso, derogarlos. Los grupos tienen también la oportunidad de tramitarlos como proyectos de ley para poder proponer cambios a través de enmiendas.
La nueva Ley de Trabajo a Distancia, que el Gobierno aprobó después de que el Ministerio de Trabajo lograra el respaldo de empresarios y sindicatos, será tramitada como proyecto de ley en las Cortes para que los grupos puedan introducir propuestas al texto legal. Los grupos más críticos con la legislación han sido el PP y Vox. Los 'populares' porque han defendido que provoca un “excesivo peso administrativo y costes a las empresas” y en el caso del partido que dirige Santiago Abascal han apuntado estar en contra por “limitar y atar de manos a los empresarios” en su organización, en lo que consideran que es una norma que perjudica especialmente “a las medianas y pequeñas empresas”.
El teletrabajo se considera en la nueva legislación como voluntario y reversible y requerirá la firma de un acuerdo por escrito, que podrá formar parte del contrato inicial o realizarse en un momento posterior, sin que esta modalidad pueda ser impuesta.
Por su parte la ministra Carolina Darias ha defendido el decreto que regula el teletrabajo de los empleados públicos, también acordado con los sindicatos y en su caso el resto de Administraciones Públicas, que también se considera “voluntario y reversible” en esta regulación básica, con la garantía de “los mismos deberes y derechos, individuales y colectivos”, de los empleados que se acojan al trabajo a distancia respecto a los que prestan sus servicios en los centros de trabajo. Este mismo decreto ley también incluía una de las medidas aprobadas en ese Consejo de Ministros para reforzar la contratación en la Sanidad y en la Educación con motivo de la emergencia por la pandemia de Covid.
Se permitió a las comunidades autónomas y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) la contratación excepcional de personal facultativo y no facultativo para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 que, aun teniendo el grado, licenciatura o diplomatura correspondiente, carezca del título de especialista reconocido en España para realizar funciones propias de una especialidad.
Prórroga de los ERTE
Otro de los decretos leyes que ha respaldado este jueves la mayoría de la Cámara Baja es la prórroga hasta el 31 de enero del sistema de los ERTE y de parte de las medidas de protección social, el conocido como 'escudo social', como el veto a los desahucios, los alquileres 'abusivos' y las medidas relativas a los grandes tenedores. La prórroga no incluyó ni la moratoria hipotecaria ni la prohibición de cortar el suministro de agua, electricidad y gas.
La ministra Yolanda Díaz ha insistido en que el Gobierno no va a dejar caer los ERTE mientras sean necesarios. Varios grupos de la oposición, como el PP, PNV y PdeCAT, han insistido al Gobierno en la necesidad de dar mayor seguridad a las empresas y los trabajadores con prórrogas más a largo plazo, ya que consideran que la renovación cada tres meses del mecanismo genera incertidumbre, especialmente a los empresarios.
En el grupo de Ciudadanos también han destacado que hay algunas medidas insertas en el decreto que no gustan al partido dirigido por Inés Arrimadas, por sus “excesos”, como la prohibición de los despidos objetivos debido a la COVID. En cualquier caso, la diputada del grupo María Muñoz ha instado a otros grupos de la oposición a “hacer política útil” para intentar llegar a acuerdos pese a las diferencias que, en última instancia, repercutan en el bienestar de los ciudadanos.
En los grupos parlamentarios de los partidos del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, han puesto en valor los pactos alcanzados por el Ejecutivo con los agentes sociales y han insistido en la necesidad de diálogo y celebrado las medidas convalidadas por la protección social que brindan en estos momentos de crisis por la pandemia.