“Que no crezca el empleo básicamente porque crece el empleo público”, dijo el otro día el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. El mercado laboral sumó 582.676 trabajadores en el último año, según los últimos datos de afiliación de mayo, de los que solo 96.546 son empleados públicos. Sin embargo, la derecha señala continuamente a la Administración Pública, para desmerecer el auge del empleo con el Gobierno de coalición progresista. Aunque no solo eso. El PP ha vuelto a situar en la diana el empleo público, criticando el aumento del gasto y advirtiendo de “desequilibrios”. El discurso les suena a los sindicatos, que temen que la derecha repita las políticas de recortes y austeridad si regresa a la Moncloa. “Ya lo han hecho antes”, recuerdan en CCOO.
El foco de la derecha sobre el empleo público es constante. Casi cada vez que se les pregunta por la marcha del empleo, la cúpula del PP habla de un empleo “dopado” gracias a la Administración Pública, a costa de más “gasto público estructural”, de “datos de paro más aseados” porque hay más funcionarios, lo que provoca “desequilibrios” entre el empleo público y el privado, entre otras menciones de líderes del PP como Alberto Núñez Feijóo y Cuca Gamarra.
Para dar perspectiva, a continuación se recogen algunos datos sobre el nivel de empleo en los dos ámbitos y su evolución en los últimos años. Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), del primer trimestre de 2021, hay 20,45 millones de trabajadores, de los que 16,9 millones de personas trabajan en el sector privado, casi el 83%, y 3,5 millones en el sector público.
Como se apuntaba, en el último año, marcado por la crisis inflacionista y una gran incertidumbre económica, el mercado laboral ha aguantado al alza, para sorpresa de la mayoría y sobre todo de los más agoreros. Y quienes han tirado más del empleo han sido las empresas privadas. Con los últimos datos de la EPA, hay 368.000 trabajadores más respecto al primer trimestre de 2022, de los que unos 312.000 trabajan en el sector privado (un 1,8% más que el año anterior) y 55.700 están en el sector público (+1,6%).
Si nos vamos a qué ha ocurrido en los dos últimos años, de recuperación del mercado laboral tras el shock de la pandemia, el sector privado sigue siendo el que más empujó del empleo: ha sumado un 7% más de trabajadores desde el primer trimestre de 2021 (1,1 millones de puestos de trabajos más), frente al aumento del 3,7% de trabajadores en el sector público (126.500 personas más).
Hay que tener en cuenta que el empleo privado es el que se había resentido por el golpe de la pandemia, mientras que el público en cambio se reforzó para hacer frente a los retos de la COVID y sus necesidades, como las sanitarias ante el desborde producido por el coronavirus o los refuerzos en los colegios, con menos alumnos por aula, por ejemplo.
Al cierre de 2021, España recuperó el nivel de empleo privado destruido durante la crisis por la pandemia y siguió liderando el crecimiento del mercado laboral durante 2022, aunque de manera más moderada en un contexto económico adverso.
La derecha sin embargo pone el acento sin embargo en un “desequilibrio” por un mayor aumento del empleo creado desde el inicio de la pandemia, que coincide prácticamente con el mandato del Gobierno de coalición. Si retrocedemos al primer trimestre de 2020, ahora hay 771.000 trabajadores más: 495.600 en el sector privado y 275.900 en el público. Sin embargo, en términos porcentuales, supone un mayor alza del personal de las administraciones públicas: el empleo creció en estas un 8,5% y un 3% en el sector privado en este periodo.
Si retrocedemos más, a las puertas del inicio del mandato de Pedro Sánchez, en el arranque de año hay 1,6 millones de trabajadores más que en el de 2018, de los que casi 1,2 millones trabajan en el sector privado y 418.000 en el público. En términos porcentuales, respecto al total de trabajadores en cada ámbito, el alza del empleo es mayor en el sector público (+13,5%) que en el privado (+7,4%).
El mayor incremento de trabajadores en las administraciones públicas se explica, por un lado, por los refuerzos por la COVID, pero también por el fin de varias políticas de austeridad aplicadas durante la pasada crisis financiera, que diezmaron las plantillas públicas en muchos servicios públicos.
La EPA refleja cómo, entre 2011 y 2014, los trabajadores del sector público se redujeron, cayendo en 386.100 personas. A partir de 2014, con el inicio de la recuperación tras la crisis financiera, se frenó la sangría de trabajadores, pero el Gobierno de Mariano Rajoy mantuvo algunos límites que seguían obstaculizando la entrada de nuevo personal. Un ejemplo fue la llamada 'tasa de reposición', que desplomó el PP durante su mandato, y que suponía que el personal público que se marchaba –por ejemplo fruto de las jubilaciones– no era sustituido con la entrada de otra persona en su plaza.
El Gobierno de Mariano Rajoy no empezó a revertir este límite con la salida de la crisis en 2014, sino un poco después, progresivamente desde 2015, como refleja en este informe del Banco de España. La medida supuso una gran pérdida de personal sobre todo en aquellas plantillas más envejecidas (y más expuestas a las jubilaciones), como por ejemplo la de la Seguridad Social, con la merma de un 20% de sus trabajadores en una década.
“Para muestra un botón. Para ver como dejó el PP los ministerios y el personal de la Administración Pública, solo hay que ver lo que pasamos en la pandemia. Es una foto clara de qué suponen las políticas de recortes y austeridad del PP”, dice Isabel Araque, secretaria de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos. La sindicalista también subraya cómo la COVID desmontó otro de los dogmas de la derecha, sobre la mayor eficiencia de la privatización de los servicios públicos. “Solo hay que ver lo que ocurrió con las residencias de mayores”, recuerda.
El discurso del PP sobre el empleo público no es desconocido para los sindicatos. “Lo que estamos viendo ahora ya pasó, hicieron lo mismo en la pasada crisis financiera cuando la derecha, el PP, inició una campaña contra el empleo público”, sostiene Jesús Jordán, responsable de Empleo de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO.
Jordán destaca que, aunque se está utilizando las cifras de empleo público para minusvalorar las mejoras del mercado laboral durante el Gobierno de coalición, el discurso de la derecha es más amplio. “Los empleos públicos que en algunos casos son necesarios, no podemos obviar que son financiados con impuestos y cuando tenemos menos empleo privado y más empleo público se produce algún desequilibrio”, dijo Alberto Núñez Feijóo en mayo.
“Matan dos pájaros de un tiro. Sus mensajes relacionan el aumento de empleados públicos con un gasto desmesurado y luego eso lo llevan a recortes. Lo hicieron en la pasada crisis”, argumenta el representante de CCOO.
Jesús Jordán advierte de que estas menciones a un supuesto exceso de personal público no se corresponde con la realidad de unos servicios públicos en ocasiones están saturados, que sufre la ciudadanía, que se enfrenta a largas listas de espera, como puede ocurrir en la sanidad o en la Seguridad Social. Dificultades que también afrontan los propios trabajadores, como los de la Inspección de Trabajo, que reclaman más efectivos para poder cumplir con sus tareas.
Tampoco se corresponde a los datos oficiales de vacantes de puestos sin cubrir, que sitúan el grueso de las necesidades en la Administración Pública.
Además, cuando se atiende al nivel de empleados públicos en España respecto al de otros países, tampoco nuestro país destaca sobre el resto. En los países de la OCDE, la media de trabajadores públicos sobre el total alcanzaba el 18% en 2019, según el último informe en esta materia de la organización internacional, correspondiente a 2021. Los países con las ratios más altas son los nórdicos, como Noruega, Suecia y Dinamarca con alrededor del 30% del empleo total. Por el contrario, los porcentajes más bajos corresponden a países asiáticos: Japón y Corea, con niveles del 6% y 8%. España se sitúa por debajo de la media, en el 15,6%.
Los sindicatos reclaman además que se valore la creación de empleo público como “puestos estables”, con la repercusión que eso tiene para las vidas de estos ciudadanos, así como para la economía, en términos de consumo, por ejemplo. En este punto, están aún en proceso los acuerdos aprobados contra la temporalidad en la Administración, que se está desplegando y prevén la estabilización de unas “600.000 plazas ofertadas”, indica Isabel Araque (UGT).
En un momento convulso para las noticias de economía, es más importante que nunca estar bien informado. Todas las repercusiones de la guerra de Ucrania en la economía mundial, explicadas desde un punto de vista riguroso y diferente.