Tragsa va a remitir a la Fiscalía un informe que, según fuentes de la empresa estatal, da cuenta de “posibles incumplimientos” de la normativa de contratación pública e “indicios de un fraccionamiento de contratos” en las adjudicaciones a la consultora Reinforce durante la etapa del PP.
Esta firma, que asesoró a Tragsa en el expediente de regulación de empleo (ERE) que permitió despedir a principios de 2016 al 5% de su plantilla (555 personas), acaba de fichar al número dos de la empresa estatal cuando se ejecutaron esos despidos, José Manuel Díez Quintanilla.
El pasado martes, el consejo de administración de Tragsa acordó remitir a la Fiscalía de Madrid y al Tribunal de Cuentas el citado informe, elaborado por su Comisión de Gobierno, Responsabilidad Corporativa y Prevención de Riesgos Penales.
Los contratos a Reinforce, según Tragsa, suman unos 400.000 euros en cuatro adjudicaciones repartidas entre 2012 y 2016 y su supuesto troceo habría permitido beneficiar a esa consultora y eludir la concurrencia con otras empresas. Tragsa no precisa el importe exacto, ni las fechas de adjudicación, ni el procedimiento de contratación, porque dice que es información “confidencial”. Su web sólo recoge sus contratos desde diciembre de 2014 y entre ellos no aparece ninguno para Reinforce, cuyo papel en el ERE de la empresa pública es conocido.
La remisión de esta información a la Fiscalía tiene su origen en las dudas sobre estos contratos que, según fuentes sindicales, planteó Juan Carlos Barrero Mancha, representante de Fica UGT en el consejo de administración de Tragsa celebrado el pasado 26 de febrero.
Tras esa petición de información, Tragsa decidió abrir una investigación interna sobre las contrataciones de Reinforce que inicialmente fue encomendada a su Dirección de Asuntos Jurídicos y Cumplimiento Legal, que el pasado 30 de abril confirmó la existencia de esos indicios de fraccionamiento, luego refrendados por la unidad de cumplimiento legal y auditoría y la Comisión de Gobierno, de Responsabilidad Corporativa y de Prevención de Riesgos Penales, según Tragsa.
eldiario.es se puso en contacto el miércoles con Pedro Mielgo, presidente de Reinforce desde su creación en 2010 hasta el pasado mes de abril, pero el que fuera presidente de Red Eléctrica en tiempos de José María Aznar, colaborador habitual de la fundación FAES para asuntos energéticos, no ha querido hacer comentarios. Reinforce tampoco ha devuelto las llamadas de este medio.
Tampoco ha sido posible contactar con su último fichaje, Díez Quintanilla, quien, como secretario general de Tragsa, tenía a su cargo las direcciones de Recursos Humanos, Asuntos Jurídicos, Sistemas de Información y Relaciones Institucionales y Desarrollo de Negocio, y fue responsable de la ruinosa expansión internacional de Tragsa, que derivó en una investigación de Anticorrupción cuyos resultados no han trascendido.
Quintanilla fue mano derecha del presidente de Tragsa entre 2012 y febrero de 2017, Miguel Giménez de Córdoba Fernández-Pintado, antiguo consejero delegado de la Ciudad de la Justicia de Madrid que investiga la Audiencia Nacional. De Córdoba fue sustituido por la exministra del PP Elvira Rodríguez tras convertirse en uno de los 20 directivos del sector público que más cobraron durante la etapa de Mariano Rajoy en Moncloa, con una retribución acumulada de alrededor de un millón de euros durante su mandato. Tras su cese, fue premiado con un puesto como consejero económico en la Delegación Permanente de España ante la OCDE en París.
Tras el nombramiento de Elvira Rodríguez, Quintanilla fue degradado de sus funciones, aunque permaneció como adjunto a la presidencia hasta la designación, en septiembre pasado, de Jesús Casas al frente del grupo estatal. El ahora experto de Reinforce fue consejero delegado de Intereconomía (2006-2011) y directivo de Unidad Editorial (editora de El Mundo, entre otras publicaciones). Declarado antiabortista y ultracatólico, desde 2013 preside la emisora religiosa Radio María.