Un caso hipotético. Una multinacional española tiene un importante negocio en el extranjero pero decide, por organización, centralizar en una filial su actividad fuera de España. Esa filial puede estar incluso dentro de la UE, lo que facilita administrativamente muchos trámites. Y, además, esa sociedad le puede permitir reducir al máximo la factura tributaria por estos beneficios generados fuera de España y sin el engorro que pueda suponer para su reputación la presencia en un paraíso fiscal. Esta hipótesis tiene mucho de ejemplo práctico, a tenor de la radiografía que realiza la Agencia Tributaria de cómo se sirven algunas multinacionales españolas de países como Luxemburgo o Malta para pagar menos impuestos.
El debate abierto en el seno del Gobierno que ha concluido en la aprobación de un tipo mínimo del Impuesto sobre Sociedades del 15% para empresas que facturan más de 20 millones de euros ha vuelto a traer al primer plano la pregunta de cuánto pagan realmente las grandes empresas españolas por este tributo. Aunque es difícil de cuantificar, especialmente en un mundo tan globalizado, las estadísticas de la Agencia Tributaria muestran que las grandes compañías pueden llegar a pagar una cuarta parte de lo que abonan algunas pymes.
Las grandes empresas y patronales suelen rechazar este dato, asegurando que esto se produce porque ya han pagado por los beneficios de su actividad en el extranjero. Sin embargo, una parte importante de esta argumentación se cae cuando se acude al informe 'País por país' publicado por la Agencia Tributaria recientemente y que detalla cuánto pagan realmente más de un centenar de multinacionales españolas en los distintos países y regiones fuera de España. Se trata de un documento basado en una metodología compartida con la OCDE y del que se sirven las distintas administraciones tributarias para intentar tener un mayor control para que la tributación de las empresas se realice allá donde se realiza realmente su actividad.
El informe publicado por la Agencia Tributaria analiza a 122 multinacionales españolas (no identificadas) que tienen una facturación de más de 750 millones de euros y cuentan con unas 15.085 filiales, de las que más de 10.000 se encuentran en el extranjero. Suman casi 860.000 millones de facturación y 91.000 millones de beneficio, del que han pagado 16.800 millones de Impuesto sobre Sociedades. Aunque este último informe, que hace referencia a 2018, incluye más datos que en ediciones previas, todavía mantiene algunas limitaciones. En primer lugar, no llega al detalle de conocer la actividad de empresas españolas en territorios reconocidos como paraísos fiscales. En segundo lugar, en los países donde sí concreta la estadística, los datos hacen referencia al beneficio neto (beneficio menos las pérdidas declaradas en caso de que las haya) de las filiales en cada territorio. Esto provoca que se sobreestime los impuestos pagados y la información del tipo efectivo abonado sea superior a la real.
Sí permite por primera vez analizar cómo tributan y cómo se organizan estas multinacionales en la Unión Europea y señalar los territorios que, sin ser reconocidos oficialmente como paraísos fiscales, sí otorgan amplias ventajas para estas compañías. Este es el caso de Luxemburgo, pero también de Malta. El ducado centroeuropeo aparece en el informe como el territorio donde menos impuestos sobre beneficios pagan realmente las empresas españolas con filiales allí. En concreto, la Agencia Tributaria tiene cifrada la existencia de 93 filiales registradas en el país y el tipo efectivo es del 2,9%, una cifra muy alejada del 15% mínimo que ha sido fijada en el acuerdo de la OCDE con 136 países firmantes la pasada semana. También está lejos del 16,7% que, de media, pagan las multinacionales españolas en la Unión Europea. Malta es el otro país que destaca porque las 27 filiales españolas que allí se ubican pagaron de media aquel año un 4,1% del beneficio. Cabe señalar que la metodología de la OCDE hace que el beneficio informado por país haga referencia al beneficio obtenido restando las pérdidas declaradas. Esto, en la práctica, puede provocar que se sobreestime el porcentaje de impuestos abonados, que pueden tener un tipo efectivo incluso más bajo.
Dinamarca, Portugal, Chipre o Irlanda son otros países donde las multinacionales españolas pagan menos que en la media de la UE, aunque con datos superiores a los de Luxemburgo y Malta. Por contra, Austria, Eslovaquia y la República Checa destacan en el lado opuesto, al tener los tipos efectivos más altos para las filiales españolas, llegando a alcanzar el 46%.
Luxemburgo vuelve a destacar así como un territorio fiscalmente muy atractivo para empresas de nuestro país. Algo similar ocurre en el sector financiero, desde donde fondos y sicavs del país centroeuropeo no han dejado de captar miles de millones de euros de ahorros de inversores españoles. Sin embargo, Luxemburgo no es precisamente un mercado grande, con 626.000 habitantes no tiene una actividad de consumo o económica que justifique la presencia de empresas españolas más allá de los incentivos fiscales de los que hace gala el país.
Los datos demuestran, de hecho, que las filiales españolas en Luxemburgo no se nutren precisamente de su actividad en el propio país. De los más de 2.800 millones en ingresos declarados por las 93 sociedades radicadas en el ducado, más de un 72% no procedieron de la actividad propia de las mismas sino de otras entidades del grupo. Es decir, que las empresas que se registran en Luxemburgo se nutren fundamentalmente de otras filiales, lo que suele ser indicativo de que sirven para canalizar a partir de un territorio fiscalmente amable como es el ducado la actividad de otras empresas de la compañía.
Países Bajos es el otro país donde se produce esta realidad. En este caso, el 60% de los casi 6.000 millones de euros de ingresos registrados por las filiales españolas proceden, a su vez de otras filiales del grupo. Tanto Luxemburgo como Países Bajos han sido identificados en repetidas ocasiones como destino de grandes multinacionales para agrupar su actividad fuera de su país de origen y reducir el porcentaje de impuestos que se pagan realmente por los beneficios. Irlanda o Chipre son otros territorios donde más del 45% de la facturación de las filiales españoles llegan procedentes de otras empresas del grupo. En el resto de Europa es menos de una cuarta parte.
No es el único dato que muestra que la actividad real de estas filiales no está donde están registradas en la plantilla. Las sociedades de multinacionales españolas en Luxemburgo destacan no solo por su bajo tipo efectivo de pago de impuestos, también por ser las que menos empleados tienen de media: cinco. En Malta, el segundo país con menor tipo efectivo, son 13 empleados de media por filial; mientras que en Chipre son 9. La media de las filiales españolas en la UE está en 195. Dividiendo el beneficio por el número de empleados en los distintos países, la media de la UE está en 35.000 euros, que se dispara hasta los 753.000 en Luxemburgo, los 578.000 en Malta, o los 273.000 en Chipre.
Volviendo la vista hacia los datos generales de la actividad de las 122 multinacionales españolas analizadas por la Agencia Tributaria, destaca la gran diferencia que existe entre ellas en cuanto a la cantidad de impuestos que pagaron contando con su actividad en el exterior. Hay una veintena de ellas, que el organismo no identifica, que tienen una factura realmente fiscal realmente baja. En concreto, pagan un 1,9% de sus beneficios en impuesto de Sociedades. Una cifra que es incluso sensiblemente inferior a lo que pagan de media las compañías españolas que facturan más de 1.000 millones y cuyo tipo efectivo se encuentra por encima del 5%.
A esas 20 se suman otras 36 multinacionales españolas que tienen un tipo efectivo inferior al 15%, que en teoría es el que se fija en el acuerdo global alcanzado para marcar un suelo a la tributación de las empresas y así evitar la competencia entre países. Hay, sin embargo, multinacionales españolas que superan con creces esa cifra. Hay 31 empresas analizadas por la Agencia Tributaria que tienen un tipo efectivo superior al 25%, con una media del 32%.
El gran desequilibrio entre multinacionales se constata en que las 20 que menos impuestos pagan suponen casi el 20% del beneficio de las 122 estudiadas y, sin embargo, apenas tienen un peso del 2% sobre el total en cuanto a la tributación. Por contra, las 31 que tienen un tipo efectivo más alto suponen el 32% del beneficio pero más de la mitad de los impuestos pagados por las multinacionales españolas estudiadas.
Con estos mimbres, las grandes empresas españolas comenzarán, a partir del 1 de enero si se logran aprobar los Presupuestos Generales del Estado, a estar obligadas a abonar un mínimo del 15% de su base imponible (el beneficio al que se le restan determinados ajustes) en el Impuesto de Sociedades. Finalmente no será sobre el beneficio, como reclamaban algunas voces, lo que habría elevado considerablemente su efecto. Hacienda estima que serán 400 millones más en ingresos y afectará a un millar de empresas. En lo que se refiere a las filiales en el extranjero, el 15% mínimo global acordado en la OCDE no se espera que esté en vigor hasta 2023.