Grandes compañías cuya regulación depende directamente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo han dejado de recurrir a los servicios de Carmen Benítez López, procuradora de los tribunales en la provincia de Las Palmas y esposa de José Manuel Soria, máximo responsable de ese Ministerio hasta su dimisión el pasado 15 de abril.
En septiembre pasado, unos días después de que cuartopoder.es avanzase que Benítez había actuado como procuradora para Endesa al menos una vez desde el nombramiento de Soria, eldiario.es publicaba que la esposa del entonces ministro había trabajado para la eléctrica en varias ocasiones y para otras grandes compañías reguladas por el Ministerio que entonces encabezaba su marido, como Telefónica y France Telecom (propietaria de la operadora de telefonía móvil Orange). Según los datos disponibles entonces, Benítez lo había hecho en más de una veintena de procedimientos judiciales desde el nombramiento de su marido al frente de Industria, el 22 de diciembre de 2011.
Desde el 14 de septiembre, fecha de publicación de ese artículo, en la base de datos de jurisprudencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se han publicado otras 11 sentencias en las que, con posterioridad a esa fecha, Benítez ha sido procuradora de una de las partes. De ellas, sólo dos corresponden a compañías entonces reguladas por Soria y ambas datan de octubre. Desde entonces, no constan más litigios con Benítez trabajando para una empresa regulada por Industria.
Una de esas resoluciones corresponde a un litigio de Endesa, de la que Benítez había sido procuradora en Las Palmas desde la década de los 90. La sentencia se dictó el pasado 9 de octubre. Con Soria en el Ministerio, la eléctrica ha sido la segunda empresa a la que Benítez ha representado en más procedimientos, con once en total. Fuentes cercanas a Endesa confirman que la relación con Benítez se ha cortado en seco desde septiembre.
La otra sentencia publicada en octubre corresponde al fabricante de ascensores Schindler, cuyos productos regula Industria, por ejemplo, a través de un Real Decreto de febrero de 2013 firmado por el propio Soria. Para Schindler, Benítez ha llevado siete procedimientos desde enero de 2012.
Bankia toma el relevo
Al cierre de esta edición, la última sentencia en el portal de Jurisprudencia del CGPJ con Benítez como procuradora era del pasado 17 de marzo, un mes antes de la dimisión de José Manuel Soria por el escándalo de los Papeles de Panamá. Benítez representó en ella a Bankia, que ha tomado el relevo de Endesa como su principal cliente.
En los dos últimos años, la esposa del exministro ha trabajado para esa entidad, controlada por el Estado, en doce procedimientos. Nueve de ellos, desde enero de 2015. Benítez ya era procuradora de la antigua Caja Canarias, de la que su marido fue vicepresidente en su primera etapa en política (1995-1999). La marca Caja Canarias desapareció en 2011 con su integración, junto a otras seis cajas de ahorros, en la marca Bankia, que tiene abiertos miles de litigios en toda España por asuntos como las participaciones preferentes o su salida a Bolsa. A preguntas sobre este asunto, fuentes de Bankia indican que la entidad contrata a bufetes de abogados y no elige quién es el procurador que lleva la causa.
Benítez, que también ha sido procuradora de Santander y su extinta filial Banesto en siete procedimientos mientras Soria estaba en Industria, ha llevado cinco litigios para France Telecom (Orange) con su marido al frente del ministerio. El último data de julio de 2013. En septiembre pasado, fuentes de la multinacional gala explicaron que la compañía trabaja en España con más de 200 procuradores y “la práctica habitual” es recurrir a los que ya colaboran con los bufetes que le defienden. “Son estos despachos los que nos proporcionan los nombres de los procuradores. Ni incluimos ni excluimos a nadie”, una versión que coincide con la de otras empresas consultadas. En el Colegio de Las Palmas hay cerca de 325 procuradores colegiados.
Con Telefónica Móviles, Benítez ha trabajado en tres procedimientos mientras Soria era ministro. El último del que hay constancia en la base de datos del CGPJ es una sentencia dictada el 10 de marzo de 2015. En septiembre, fuentes próximas a la compañía señalaron que los servicios prestados por Benítez no tenían “ninguna relevancia” y no estaban vinculados a asuntos regulatorios. La esposa de Soria, añadían, “forma parte del pool de procuradores en la provincia” desde hace 15 años, aunque para la operadora era la “segunda suplente”. Esa relación, según esas fuentes, se mantiene en la actualidad, aunque no se ha sustanciado en ninguna sentencia en el último año.
La tarea de un procurador es la de ejercer como representante legal ante los tribunales en un pleito y requiere una sólida formación jurídica. Estos profesionales no se limitan a recoger papeles en el juzgado: informan a sus clientes del coste aproximado de un procedimiento con carácter previo; agilizan los trámites y se responsabilizan de ellos y transmiten al abogado todas las resoluciones que reciben y presentan, entre otras funciones. La tarifa que cobran se calcula a partir de un porcentaje de la cuantía en disputa. Si esta es indeterminada, el arancel es de unos 300 euros.
En septiembre pasado, el Colegio de Procuradores de Las Palmas negó que Benítez haya vulnerado el Código Deontológico de este colectivo, que estipula que “ningún procurador podrá aceptar encargo alguno en condiciones de conflicto de intereses”, entendida como aquella situación en la que “exista colisión de derechos o intereses que puedan colocar al procurador en una posición equívoca, que entrañe un riesgo para su independencia o su rectitud”. Preguntada por este asunto, Carmen Benítez no ha querido hacer comentarios.