La investigación penal por la salida a bolsa de Bankia se encuentra en un momento crucial. La decisión del juez Fernando Andreu de imponer una fianza civil de 800 millones de euros a la entidad, su matriz, BFA, y a la cúpula en aquel momento, con Rodrigo Rato al frente, expone la convicción del magistrado de que hay indicios suficientes que apuntan a la celebración de un juicio donde se determinen las responsabilidades penales por la quiebra de una entidad rescatada con 23.500 millones de dinero público.
Ahora, justo en este momento, la Fiscalía cuestiona las conclusiones del informe pericial en el que se apoya el juez y pone en duda incluso que el desfase en la cuentas de la entidad se debiera a un engaño y no a la dificultad de que la contabilidad bancaria responda a “una cifra exacta indiscutible”.
Los peritos del Banco de España tardaron 21 meses en confeccionar sendos informes, a petición y bajo las órdenes del juez, en los que concluyen que Bankia maquilló las cuentas para su salida a bolsa en julio de 2011. En ese momento, los balances presentaban un beneficio de 309 millones de euros, que se convirtieron en pérdidas por valor de 2.979 cuando el actual equipo reformuló las cuentas. Tanto en el cálculo de Rato como en el de Goirigolzarri existen “ajustes de importancia material no contabilizados”, han concluido los peritos.
Ahora, en una afirmación de doble filo, el fiscal Luzón asegura: “En realidad no debe generar excesiva sorpresa esta divergencia (entre las cifras de Rato y las de Goirigolzarri), pues la determinación del valor contable de la mayor parte de los activos de los balances bancarios requiere llevar a cabo estimaciones que dan lugar a un rango de valores razonables y no a una cifra exacta indiscutible. De hecho, los dos peritos del Banco de España proponen un ajuste diferente entre ellos”.
El “chicle” de la contabilidad
La afirmación del fiscal parece encajar a la perfección con la expresión que acuñó el presidente del BBVA, Francisco González, cuando disculpó el desfase en las cuentas de Bankia ante el juez Andreu: “La contabilidad es un chicle”.
Estos y otros reveses para la instrucción del fiscal Anticorrupción están contenidos en un escrito de 19 paginas, al que ha tenido acceso eldiario.es, con el que Alejandro Luzón recurre la decisión de Andreu de fijar la fianza ante la posibilidad de que una eventual condena para los imputados establezca responsabilidades pecuniarias.
Sus argumentos ya fueron expuestos someramente por el fiscal durante la vista que a tal efecto se celebró en la Audiencia Nacional. Para asombro del resto de las acusaciones, algunos de los exclusivos abogados que defienden a los imputados comenzaban sus intervenciones expresando su “adhesión” a la postura del fiscal. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) también se sumó a las tesis de Luzón. La acusación popular, que ejerce UPyD, ya ha pedido a Andreu que expulse al FROB, dependiente del Gobierno, por no actuar como una acusación y boicotear al resto.
El informe de los peritos cayó en diciembre como una bomba entre los imputados. Sus conclusiones parecían encajar en el delito tipificado en el artículo 282 bis del Código Penal, que castiga con hasta seis años de cárcel a quien falsee los folletos de emisión de cualquier producto financiero con el objeto de captar inversores. En una ronda de interminables declaraciones, los dos peritos ratificaron en enero ante el juez, el fiscal, las acusaciones y la pléyade de reputados abogados de la defensa sus conclusiones.
Pero no convencieron a todos por igual. La divergencia más sobresaliente se produce entre el juez y el fiscal. Mientras uno aprecia indicios de delito suficientes como para imponer una fianza civil de 800 millones de euros, el otro dice que el trabajo de los peritos provoca “incertidumbres”.
Un informe esencial
Fuentes fiscales reconocen que ese informe es la única base en la que se puede asentar el caso Bankia. Los inversores perdieron cerca de 3.000 millones con la salida a bolsa del banco.
“Para ser precisos hay que hablar de dos informes periciales –escribe el fiscal–, pues ambos peritos no han sido capaces de plasmar en un solo texto la pericia encomendada, singularidad procesal que inicialmente ya evidencia la dificultad de llegar a conclusiones unívocas en relación con unos hechos de indudable complejidad, como ya se puso de relieve en el acto de ratificación pericial, donde afloraron ciertas diferencias entre ambos informes”.
Durante su declaración, los peritos defendieron que habían redactado dos informes repartiéndose la voluminosa tarea según las especialidades de cada uno y que, de acuerdo con el juez, así consideraban que le daban más independencia y veracidad a su trabajo.
Mientras Busquets llega a la conclusión de que la contabilidad de Rato erraba en 1.077 millones de euros, Sánchez Nogueroles eleva esa cifra a 1.327 millones. Ambos ajustes, dice el fiscal, son “discutibles”. Por una parte, los peritos distribuyen el deterioro de las cuentas de 2011 por partes iguales en cuatro trimestres “sin considerar el profundo empeoramiento de las condiciones económicas durante el segundo semestre de 2011, un hecho que hace plausible entender que la cartera inmobiliaria de Bankia se habría deteriorado más en ese periodo”.
En su declaración, dice el fiscal, los peritos reconocieron que no se habían interesado por los “aspectos macroeconómicos”, ni por las soluciones adoptadas por otras entidades financieras, contrarias a la imputación lineal del deterioro, lo que al parecer él sí ha hecho.
Por otra parte, acusa Luzón, los peritos no han tenido en cuenta que a 31 de marzo de 2011 Bankia contaba con provisiones suficientes para cubrir los ajustes propuestos. “Entre fondos genéricos y específicos no asignados, Bankia contaba con fondos disponibles por 3.027 millones de euros que eran materialmente suficientes para cubrir los ajustes propuestos por los peritos judiciales”, añade.
El fiscal recuerda que los peritos del Banco de España, de reconocido prestigio entre sus compañeros, no son expertos en materia bursátil, “pese a lo cual, uno de ellos, Antonio Busquets, extrae conclusiones críticas que resultan cuando menos discutibles y que deberían ser contrastadas por la CNMV”.
El fiscal dedica todo un punto de su escrito a invocar la ayuda del regulador, la CNMV, y también del supervisor, el Banco de España, organismos ambos cuya actuación en el caso Bankia ha quedado en evidencia durante la instrucción que están dirigidos por responsables elegidos a dedo por el Gobierno de turno. A pesar de ello, Luzón escribe: “Resulta imprescindible interpretar las normas jurídicas especializadas de las que los peritos extraen sus conclusiones, y esa interpretación corresponde en el ámbito propio del artículo 282 bis a la CNMV. Y al tratarse de una entidad bancaria, también al Banco de España, organismos ambos de derecho público, personalidad jurídica propia y plena autonomía en relación con la Administración del Estado”.
“La actividad bancaria está siempre controlada”
En este plano, Luzón deja otra frase llamativa si se analiza en el contexto de lo que ocurrió con Bankia y otras entidades rescatadas: “La actividad bancaria en España y en todos los países desarrollados es una actividad intervenida y controlada que se manifiesta en una normativa de naturaleza imperativa, que atribuye intensas potestades de actuación a órganos especializados de la Administración”.
Los peritos Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueroles fueron elegidos por el Banco de España y, desde entonces, trabajaron a las órdenes exclusivas del juez Andreu. En su declaración aseguraron no haber compartido con nadie del organismo supervisor su trabajo.
Bankia presentó otro informe redactado por un catedrático para rebatir sus conclusiones. Este, por ser de parte, no puede tener el mismo peso en la instrucción y el fiscal así lo reconoce. Pero no deja pasar la oportunidad para señalar que “es propiamente el contenido de los informes lo que debe valorarse y, en su momento, someterse a constricción, pues los peritos propuestos por los acusados gozan también de competencia, imparcialidad y objetividad”.
El fiscal concluye que la imposición de la fianza a Bankia perjudica aún más a los inversores que perdieron su dinero. Según el fiscal, Bankia goza de “una solvencia” que deja fuera de toda duda que pueda pagar cuanto determine una sentencia. La fianza “se torna contraproducente al perjudicar su salud financiera, que representa precisamente la mejor garantía para atender cualquier futura responsabilidad”, añade.
Asimismo, el fiscal aduce que su carácter de sociedad cotizada la blinda contra cualquier intento de sus administradores por colocarla en situación de insolvencia. “Por todo ello, la fianza acordada parece más un prematuro e indebido anticipo de una todavía incierta sanción que un verdadero aseguramiento de una responsabilidad civil cuya satisfacción no puede decirse que se halle en peligro”, concluye.
También alega el fiscal que es imposible cuantificar la fianza porque se desconoce a cuánto vendieron sus acciones los inversores, por no decir que todavía hay quien las conserva y se desconoce qué precio tendrán en el momento en que haya una sentencia ejecutoria. “Debe extremarse el celo y la prudencia para no dañar a una entidad que, no lo olvidemos, se ha nutrido de fondos públicos, en definitiva de todos los españoles, y cuyo futuro concretado en el posible precio de venta que pueda obtenerse de la participación mayoritaria que ostenta el FROB, nos afecta también a todos, incluidos los miles de inversores que acudieron a la OPS de Bankia y todavía conservan sus acciones”, remata.